Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano, dos de los tres cabecillas de la red corrupta del PNV, trabajan en sociedades que dependen directamente de Gobierno vasco que preside Íñigo Urkullu. Pese a sus abultadas penas de cárcel por corrupción, los implicados en la trama seguirán en sus puestos al menos hasta que el Tribunal Supremo decida si la sentencia es firme. El equilibrismo del PNV en este escándalo, digno de estudio, se explica porque una parte del partido siempre ha respaldado a los ahora condenados

El propio De Miguel, condenado a 13 años de prisión pero con un cumplimiento máximo de 9, trabaja en la fundación Hazi, dependiente del Gobierno vasco. Cuando estalló el escándalo, allá por 2010, De Miguel tuvo que dejar sus cargos como diputado foral y como burukide (dirigente) del PNV alavés. Pero cayó de pie, porque tenía varias plazas en sociedades públicas a las que había accedido sin oposición, es decir a dedo. Una de ellas estaba en la citada Hazi, donde el líder de la red corrupta se reunió con su antiguo jefe y gran valedor, Iñaki Gerenabarrena, que presidía el PNV alavés cuando De Miguel era su número dos.  

Koldo Ochandiano, uno de los tres cerebros de la trama corrupta condenado a 6 años y 8 meses de prisión, trabaja desde este mismo año en el Parque Tecnológico de Álava y antes trabajó un par de años en el Parque Tecnológico de Vizcaya. Dichos parques son, en concreto, empresas públicas adscritas al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno autonómico. Como ya contó este diario, el Parque donde ahora trabaja como contable el condenado es precisamente donde se inició este caso. 

El propio lehendakari, primero, y otros miembros del Ejecutivo vasco, después, han dejado claro estos días que, de momento, no va a haber represalias para los condenados. La tesis que defienden es que hay que esperar a que el Tribunal Supremo decida si la sentencia es firme. De manera que personas que según los tribunales han cometido delitos de corrupción seguirán disfrutando de sueldos en organismos públicos. 

El carné del PNV, clave para las recolocaciones

Para entender por qué De Miguel y Ochandiano siguen en sus cómodos puestos y por qué las empresas de algunos de los empresarios condenados (Iñaki San Juan o Sergio Fernández) siguen recibiendo contratos públicos de las administraciones vascas, hay que tener en cuenta que todos ellos fueron (o incluso aún son) militantes del PNV. Y eso, en el País Vasco, es mucho decir. Nunca faltan las ayudas o los salvavidas para los compañeros del batzoki

No puede perderse de vista, llegados a este punto, que la red corrupta estaba en el corazón del partido hegemónico de Euskadi. Y tampoco que, como ya detalló Vozpópuli, muchos de los implicados en la trama se conocieron precisamente en las juventudes peneuvistas en los años 90. De ahí que su red de contactos fuera tan extensa tanto para perpetrar las tropelías que recoge la sentencia como para encontrar apoyos en el partido. El caso paradigmático es el del propio De Miguel. 

El apoyo total de una parte del PNV

Corría el mes de abril de 2011 cuando los reporteros gráficos inmortalizaron la instantánea que ilustra este texto. Ahí aparece el amistoso apretón de manos entre el ahora condenado Alfredo de Miguel y el eterno portavoz parlamentario del PNV y dirigente del partido en Guipúzcoa, Joseba Egibar. La imagen tenía miga porque solo tres meses antes De Miguel y sus principales socios habían entregado el carné del PNV por la insistencia del entonces presidente de la formación y hoy lehendakari, Íñigo Urkullu

Con su explícito apoyo a De Miguel, el propio Egibar y algunos de sus compañeros de filas desafiaban en cierta medida a los líderes de su partido. Parece que en política, como en la vida, es de bien nacidos ser agradecidos. Porque De Miguel, número dos del PNV en Álava en sus momentos de esplendor, había respaldado años atrás a Egibar cuando este se enfrentó a Josu Jon Imaz y Urkullu por el liderazgo de la formación. 

En este contexto, la sentencia del caso De Miguel mancha a todo el PNV, incluido Urkullu, que presidía el partido cuando se produjeron los hechos, entre 2005 y 2009, porque se acabó para siempre el mito de que esta formación estaba limpia en asuntos de corrupción. Pero paradójicamente dentro del propio partido el lehendakari y el presidente, Andoni Ortuzar, salen reforzados en alguna medida frente a esos compañeros de filas que siempre defendieron (y ojo, aún defienden) a los ahora condenados. 

Lo evidente, en todo caso, es que el escándalo ha zarandeado a un partido acostumbrado a mandar en todos los niveles. La oposición, en especial PP y Bildu, no paran de atacar a los peneuvistas. Y puede que el caso se convierta, para disgusto de los líderes del PNV, en una de las claves de las elecciones autonómicas de 2020.