Juicio del 'procés' El Supremo permite a los diputados presos ir a jurar su cargo al Congreso, pero se niega a suspender el juicio

El juez Marchena no considera necesario pedir el suplicatorio a las Cortes para seguir juzgando a Junqueras, Sànchez, Romeva, Rull y Turull porque ya llevan varios meses de juicio.

El juez Manuel Marchena, en el Tribunal Supremo durante el juicio del 'procés'
El juez Manuel Marchena, en el Tribunal Supremo durante el juicio del 'procés'

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de los presos del procés que resultaron electos en las pasadas elecciones generales, que habían solicitado paralizar el juicio. Tampoco ha accedido a levantar la medida cautelar de prisión provisional que pesa sobre ellos. Sin embargo, sí permite que salgan de la cárcel para jurar su cargo como parlamentarios en la sesión plenaria donde se constituirán las Cortes, el 21 de mayo, según el auto dictado por el tribunal que preside el juez Manuel Marchena.

Los abogados de los políticos presos habían solicitado al tribunal que pidiese el suplicatorio a las Cortes al existir el principio de inmunidad para los acusados. Se trata de una figura que obliga a los jueces a recibir el visto bueno del poder legislativo cuando investigan a un parlamentario. Esta pretensión de los acusados obligaba de facto a paralizar el juicio después de más de tres meses de sesiones mientras se tramitase el suplicatorio en el Congreso.

Cinco presos afectados

Son cinco los presos afectados, Oriol Junqueras y Raül Romeva (elegido para el Senado) por parte de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull por parte de Junts per Catalunya. El tribunal del procés desestima que deba pedir un suplicatorio a las Cortes y recuerda que el proceso contra los acusados ya encuentra en fase de juicio. En este caso la situación era inédita porque lo habitual es que el suplicatorio se pida cuando se empieza a investigar a alguien que ya es cargo electo.

Para los magistrados, “una interpretación gramatical y sistemática, asociada a la naturaleza misma de la prerrogativa de la inmunidad, avala la idea de que la autorización del órgano legislativo es necesaria 'para procesar'. Se trata, por tanto, de una previsión a futuro. El sentido constitucional de la inmunidad y su propia justificación histórica no permiten igualar la autorización para procesar con la homologación parlamentaria del ya procesado”.

"No forma parte de las garantías propias del estatuto personal del diputado o senador -si su incorporación a las listas y su elección han tenido lugar cuando ya se había iniciado el juicio oral- imponer una valoración retroactiva de la incidencia que ese proceso penal puede tener en la normal actividad de las Cámaras”., añade el auto dejando claro que cuando se presentaron a las elecciones ya eran conocedores de la situación en la que se encontraban.

Los jueces consideran que si tuviesen que recibir ahora el visto bueno de las Cortes, eso convertiría la inmunidad parlamentaria "en un privilegio o derecho particular de determinadas personas cuyo ejercicio no solo no preservaría la composición y funcionamiento de las Cortes sino que vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los Tribunales".

"No se criminaliza ninguna ideología"

También se señala que "el papel nuclear de la libertad ideológica y de la libertad de expresión en una sociedad democrática está fuera de toda duda", para expresar que en el proceso penal "no se criminaliza ninguna ideología".

Los magistrados indican que, de cara a la recogida de su acta, los presos deberán ser "debidamente custodiados". Asimismo, la Presidencia de ambas cámaras deberán tomar las decisiones que sean necesarias para garantizar su seguridad. Una vez que haya concluido el acto, deberán regresar al centro penitenciario.  

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