Elecciones generales 2019 Los decretos de Sánchez en precampaña abren un conflicto institucional inédito

La intención de aprobar leyes sociales en plena campaña aviva la guerra entre PP y PSOE en el Congreso. Casado involucra ahora a la Junta Electoral y pide prohibir las ruedas de prensa del Consejo de Ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/ Luis Tejido

Que las Cortes Generales quedaran disueltas el pasado martes no ha servido para aplacar la guerra que el PP y el PSOE han protagonizado durante esta legislatura en el Congreso. De hecho, la batalla parlamentaria de bloqueos, vetos y petición de informes a los letrados se ha visto agravada tras la intención expresada por el el Ejecutivo de Pedro Sánchez de aprobar decretos de contenido social hasta que se celebren las elecciones generales del 28 de abril.

Pero además de a los Letrados de las Cortes, ahora la pugna implica a la Junta Electoral Central (JEC). El Partido Popular que dirige Pablo Casado amagó con recurrir los decretos ante el órgano encargado de velar por el cumplimiento estricto de la normativa electoral. Un ente que ya ha dictado la instrucción que prohíbe actos de inauguración o campañas institucionales destinadas a 'vender' los logros del mandato.

Pero Sánchez defiende su estrategia alegando que como PP y Ciudadanos unieron sus fuerzas en la Mesa del Congreso para bloquear sistemáticamente las iniciativas de los socialistas, ahora que tiene el BOE en la mano y piensa aprovecharlo. Tanto, que un "error en el texto" podría retrasar la entrada en vigor del decreto de la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad aprobado el pasado viernes por Moncloa, hasta este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

Hay pocas posibilidades de que la JEC diga nada sobre el derecho del Gobierno a aprobar decretos mientras no entre en funciones (al día siguiente de los comicios). Otra cosa es que no pueda sacar pecho como si no hubiera unas elecciones. Pero por si acaso, los populares han pedido a la Junta Electoral que prohíba las tradicionales ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros de los viernes, donde creen que los socialistas tratarán de colar mensajes "electoralistas" con la aprobación de decretos de "marcado contenido político y social", según consta en el texto que el PP ha remitido a la JEC y al que ha tenido acceso Vozpópuli

Presentar alegaciones

El Ejecutivo, por su parte, tiene de plazo hasta la una de la tarde de este jueves para presentar sus alegaciones contra la queja elevada por los populares. Desde la Secretaría de Estado de Comunicación aseguran que han "actuado en todo momento de acuerdo con la ley" y no tienen duda de que "así lo determinará la Junta Electoral Central". Sin embargo, en el seno del Ejecutivo empiezan a replantearse la estrategia bautizada por algún ministro como "los viernes sociales".

Defienden, eso sí, que las ruedas de prensa que se celebran "son, desde el comienzo de la democracia, el canal oficial de comunicación del Gobierno con la opinión pública, a través del cual se transmiten y explican cada semana, también en períodos preelectorales, las medidas adoptadas por éste en el desempeño de su labor constitucional".

En el seno del Ejecutivo empiezan a replantearse la estrategia bautizada como "los viernes sociales"

La otra opción que tiene el PP ante la estrategia de Sánchez -que no gusta al PNV ni a sus socios de Unidos Podemos- es llevar esos decretos ante el Tribunal Constitucional. Pero como allí los plazos son eternos, los populares buscan una alternativa que permita 'boicotear' la convalidación de los mismos en la Diputación Permanente de la Cámara Baja, el único órgano que sigue activo cuando las Cortes están disueltas y que debe dar su visto bueno a los decretos en el plazo máximo de un mes. Los años de bipartidismo dejaron ocultas grietas de la arquitectura constitucional que ahora salen a la luz.

La todavía presidenta Ana Pastor (PP) ha pedido un informe jurídico a los letrados para determinar si los eventuales decretos a convalidar pueden ser tramitados como proyectos de Ley. Es decir, si cabe utilizar el mecanismo que permite a los grupos políticos introducir enmiendas en el texto remitido por el Gobierno. El artículo 151.5 del Reglamento del Congreso contempla esta posibilidad, pero ha sido rechazada en ocasiones anteriores donde se ha planteado utilizarla en la Diputación Permanente.  

En cualquier caso, la aprobación de decretos debería responder, según la Constitución, a criterios de extraordinaria y urgente necesidad. Y aunque la jurisprudencia del Constitucional al respecto es laxa en este punto, Sánchez tendrá que argumentarlo bien en la exposición de motivos. De todos modos, la argumentación de los populares si deciden recurrir a los tribunales es que si cortar una cinta o inaugurar una fuente no está permitido, mucho menos debería estarlo una programación anunciada de medidas que puede ejercer una influencia sobre el voto de mucha mayor intensidad que en los casos que recoge el artículo 50 de la LOREG.

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