"Comunista", "fascista", "golpe de Estado". Duras expresiones usadas como arma arrojadiza esta semana en el Congreso, impensable oírlas en sede parlamentaria hace tan solo una década. Habían pasado solo 35 años desde la muerte del dictador Francisco Franco y la España gobernada por PSOE o PP todavía seguía exportando los valores de su Transición democrática: tolerancia y convivencia después de una atroz y sangrienta Guerra Civil (1936-39) que dejó más de medio millón de muertos

Aquel milagro democrático, inédito en la turbulenta historia del país, se esfumó con los ingresos perdidos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. La crisis económica trajo a la gran clase media millones parados y juventud sin futuro, y desembocó en una fuerte desafección hacia las instituciones -en particular hacia los dos grandes partidos y la Corona- y precipitó la eclosión del pluripartidismo con nuevas formaciones como Podemos y Ciudadanos (2014), y Vox (2017).

España dejaba así de ser la excepción bipartidista que años ha habían dejado atrás Italia, Francia y otros países de la UE. El problema es que lo está haciendo de la peor manera posible:

Dicho de otra manera: para ver a Pablo Iglesias llamando "señora marquesa" a Cayetana Álvarez de Toledo y a ella tildarle de "hijo de terrorista" -"usted pertenece a la aristocracia del crimen político"-, Iván Espinosa de los Monteros dando portazo a la Comisión de Reconstrucción después de que el vicepresidente acusara a Vox de buscar "una sublevación militar", España ha ido deslizándose sigilosamente una década por la pendiente de una radicalización. Una crispación que ha terminado con enfrentamientos en plena pandemia como el de la fotografía que ilustra esta crónica.

El grito "No nos representan" de los indignados del 15-M acampados en la Puerta del Sol contra el Congreso, o el más preocupante "el miedo va a cambiar de bando", fueron clave en el surgimiento y éxito de Podemos pero están dando paso a la sempiterna y muy española vuelta de la tortilla. Empezó en 2018 con Santiago Abascal a caballo y en Covadonga reconquistando España y continúa dos años después con la revuelta en la madrileña calle Núñez de Balboa y en otras ciudades contra el "comunismo bolivariano" que supuestamente practica la coalición de izquierdas.  

El 15% de los españoles se declara hoy votante de partidos extremistas a izquierda o derecha incompatibles entre sí para hacer política, el doble de los que así se reconocían hace una década

Esta polarización ya comenzaba a reflejarse en 2015, según revela el estudio comparado de 76 encuestas en 20 países realizado entre 1996 y 2015 por profesores y graduados universitarios de la estadounidense Midwest Political Science Association (MPSA). Ahí se define el fenómeno como la antipatía que presenta un votante cualquiera hacia el resto de formaciones políticas.

Aquel trabajo no incluía países de América Latina, como el Brasil de Dilma Rouseff y posteriormente del polémico Jair Bolsonaro, pero sí los Estados Unidos del final de mandato de Barack Obama. Faltaba menos de un año para que el histriónico Donald Trump derrotara a esa Hillary Clinton identificada muy negativamente con el establishment de Washington; también se incluía el Israel del condenado judicialmente Benjamin Netanyahu. Pues bien, aún así España ya encabezaba ese ranking de polarización ciudadana de MPSA, seguida a distancia por Grecia y Francia.

La tendencia se ha ido asentando, como demuestran otros estudios posteriores donde queda claramente reflejado que si en la España del bipartidismo gobernada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, menos del 8% de los votantes optaba por opciones consideraba radicales, hoy ya es el doble. Y que un 15% de españoles reconozca abiertamente decantarse por partidos extremistas e incompatibles entre sí no hace sino allanar el camino crispado que vimos esta semana en el Congreso.

Las elecciones del 12 de julio en País Vasco y Galicia van a medir si la radicalización de la vida pública ha calado en la ciudadanía; los expertos lo dudas porque los sondeos dan mayoría absoluta a Urkullu y Feijóo

Este panorama explica en gran medida los problemas que tiene Inés Arrimadas para estabilizar el voto a Ciudadanos tras el fiasco de Albert Rivera en la repetición electoral el 10N. El dirigente centrista tuvo ocasión de formar gobierno de 180 diputados (mayoría absoluta) con Pedro Sánchez y no lo hizo, y los ciudadanos le penalizaron bajando su representación de 57 diputados a solo diez.

No obstante, los expertos demoscópicos no tienen claro que, a la hora de la verdad, los españoles apoyen la radicalización que parece haberse adueñado del discurso público. Por ejemplo, los sondeos auguran que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, revalidará en las elecciones del 12 de julio su mayoría absoluta de 41 diputados, en gran parte porque la marca gallega de Podemos sin las Mareas va a bajar de 14 a siete escaños. Vox se quedaría sin representación parlamentaria autonómica.

Algo parecido ocurre en el País Vasco con el lendakari, el peneuvista Íñigo Urkullu, lo que ocurre es que allí el mapa político está más fragmentado. Vox ni siquiera aparece, pero el desgaste del PNV podría dar opciones de gobierno tripartito a Bildu, segunda fuerza en todas las encuestas, el PSE y Elkarrekin Podemos. Pero, al igual que en Galicia, las últimas encuestas insisten en que Vox no tendrá representación parlamentaria, el PNV y el PSE suben, y la franquicia vasca de Pablo Iglesias va a sufrir un fuerte desgaste.

Podemos cae en los sondeos 

Porque, como señala a Vozpópuli el presidente de GAD3, Narciso Michavila, en su último trabajo demoscópico para ABC, al contrario de lo que ocurrió a partir de 2010, cuando la crisis financiera y la corrupción golpearon la credibilidad de PSOE (elecciones 2011) y PP (2015), y eclosionaron Podemos, Ciudadanos, ahora los grandes partidos vuelven a beneficiarse. Los españoles demandan "experiencia de gestión y seguridad" contra el coronavirus y el hundimiento económico que se avecina. 

Podemos y Vox, a pesar de su protagonismo en la refriega, salen claramente perjudicados en beneficio, primero, del PP de Pablo Casado, que pasaría de los 100 escaños, y en segundo lugar del PSOE de Pedro Sánchez, que mantendría los 120; Iglesias bajaría de 35 diputados logrados en la repetición de las elecciones el 10N hasta los 28 y Santiago Abascal de los 52 a 35. 

Sin embargo, otro trabajo más reciente de DYM refleja que, aunque Podemos baja, el PP baja y Vox ha recuperado terreno en las últimas semanas en el electorado conservador por efecto de las caceroladas contra el Gobierno de izquierda en numerosas ciudades y su enfrentamiento directo con los morados: