Cs permitirá urnas en sus primarias para disipar las sospechas de presuntos pucherazos

La gestora de Ciudadanos ha enviado de madrugada, pasada la medianoche, su propuesta de reglamento a los miembros del Consejo General de cara a las primarias internas que se celebrarán en febrero antes de la V Asamblea General del 15 de marzo y a la que ha tenido acceso Vozpópuli en exclusiva. La principal novedad es la introducción de un sistema mixto de voto presencial y telemático con el que se quiere disipar las sospechas de los presuntos pucherazos que están bajo investigación judicial en Madrid, Castilla y León y Murcia.

Un buen número de militantes naranjas ha reclamado en los últimos días a la dirección provisional de Ciudadanos que se abandonase el polémico voto electrónico y se volviese al tradicional voto secreto en urna. Por tanto, la gestora que dirige Manuel García Bofill atiende parcialmente dicha petición, si bien el reglamento no es definitivo ya que los miembros del Consejo General tienen dos días, de aquí al viernes, para presentar enmiendas antes de la decisiva votación del próximo sábado en un cónclave que empezará a las 11:30 horas en la sede nacional del partido.

La principal novedad es que la elección de los compromisarios (listas abiertas) y de los miembros del Comité Ejecutivo (listas cerradas y bloqueadas) se realizará de forma telemática y presencial. Los afiliados podrán ejercer su derecho a voto una única vez mediante uno de los dos sistemas. La votación telemática para compromisarios, por ejemplo, se celebrará el 22 de febrero. “Los afiliados podrán votar telemáticamente de forma electrónica hasta las 21.00 horas, cada uno de los votos emitidos se cifrará y almacenará en una urna electrónica”, subraya la gestora que dirige Manuel García Bofill.

Este sistema telemático deberá ofrecer “las máximas garantías de seguridad, con aseguramiento en todo caso, del carácter secreto del voto”. Para ello, la urna electrónica deberá permitir “la encriptación y firma digital de cada uno de los votos”, de forma que el recuento únicamente se podrá realizar mediante la introducción en el sistema de las “llaves privadas” que tendrá cada uno de los miembros de la Comisión de Garantías, un órgano que podría “decidir la anulación de las elecciones en caso de apreciar alguna irregularidad que así lo determine”.

La gestora contratará para este cometido “un sistema de votación electrónico cifrado con una empresa externa al partido”, aunque no dice cuál. En todo caso, el acuerdo con dicha empresa será hecho público, así como los términos en que realizará su trabajo, y la citada Comisión de Garantías será el “garante último de la corrección del sistema de votación”. El escrutinio de los votos se realizará únicamente una vez acabado el del voto presencial, "integrándose el resultado de éste con el resultante del sistema telemático".

Salvedad en el voto en urna

La gestora introduce una salvedad en la votación presencial en urna ya que habilita dos días –el 17 y 18 de febrero- para que los afiliados puedan solicitarlo por escrito. Cuando el número de solicitudes por provincia supere el 5% de los militantes inscritos en el censo electoral correspondiente y haya más de 25 solicitantes, entonces “se habilitará una urna en la sede más cercana para que la votación pueda tener lugar”.

Cada mesa con urna física tendrá un presidente y dos vocales elegidos por sorteo. También se designarán dos suplentes y un delegado "que garantizará que el proceso electoral se ajusta a la legalidad aplicable". En ningún caso, podrá formar parte de la mesa candidato alguno que participe en el proceso electoral. Y el día de la votación presencial para elegir compromisarios será el 23 de febrero.

En cuanto a la elección del Comité Ejecutivo, para la que a día de hoy sólo hay una segura encabezada por Inés Arrimadas, el partido naranja permite que las listas presentadas no necesiten avales previos y obliga a que sean cerradas.

Cada candidatura estará conformada por un mínimo de 20 y un máximo de 50 miembros, y deberá especificar quién habrá de ostentar la presidencia del Comité Ejecutivo y del partido, y  al menos la secretaría general. Esto último es una novedad e implica que Arrimadas deberá anunciar quién será su ‘número dos’ antes de las primarias internas.

Respecto al censo de Ciudadanos, la gestora exige a los afiliados una antigüedad mínima de seis meses y estar al corriente de sus obligaciones. No podrán ejercer el derecho al sufragio activo o pasivo, los militantes que a fecha del pasado 30 de noviembre tuviesen suspendida la condición de afiliado como consecuencia de la imposición de una sanción, incluso si ésta no fuese firme. Dicho censo electoral será "auditado" por la empresa encargada del voto telemático "a los efectos de garantizar su veracidad, integridad e inmodificabilidad".

Dos ponencias a debate

Asimismo, habrá dos ponencias sobre Estatutos y Estrategia que serán objeto de debate y aprobación por la Asamblea General del 15 de marzo. El borrador inicial de Estatutos saldrá de la Comisión de Estatutos del Consejo General y la gestora se arroga el derecho de nombrar hasta un máximo de tres personas para que participen con voz, pero sin voto, en las sesiones de dicho órgano en las que se aborde esta ponencia.

En segunda ponencia de Estrategia y Líneas de Actuación Políticas, sin embargo, la gestora elegirá a dedo a las cinco personas encargadas de elaborar una propuesta. En esta ponencia, la más importante de las dos, se podrán abordar pactos electorales, pero se omite un eventual cambio del ideario político, que ya pasó de socialdemócrata a liberal en la IV Asamblea General de 2017.

Serán compromisarios los 16 miembros de la gestora actual, los 120 del Consejo General saliente -la mayoría son riveristas- y los 50 de la nueva Ejecutiva

Las dos ponencias podrán ser enmendadas por los afiliados a través de sus respectivas agrupaciones, pero la palabra final la tendrán los compromisarios en el congreso de marzo. Y ahí los afines a Arrimadas tienen todas las de ganar pues la gestora concede la condición de compromisarios a los 16 miembros de la gestora actual, a los cerca de 120 miembros del Consejo General saliente -la mayoría son 'riveristas'- y a los previsibles 50 miembros de la nueva Ejecutiva que presente Arrimadas en sociedad.

El resto de compromisarios saldrán de cada provincia -uno al menos-, "añadiendo adicionales por cada 125 afiliados adscritos con redondeo al alza", por lo que las regiones con más afiliados -Madrid, Andalucía y Cataluña- serán las más representadas. El censo exacto de Ciudadanos se conocerá a finales de enero.