Publicado: 28/07/2018 05:15
En el PSOE todo el mundo especula con el adelanto de las elecciones generales a otoño, o a principios de 2019, pero ya nadie cree lo que hace tan solo 48 horas decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: que agotará la legislatura y convocará los comicios en junio de 2020.
"Tiene que decir eso", justificaba a su líder este viernes un diputado del Grupo Socialista, quien, como el resto, no podía ocultar su cara de preocupación viendo cómo se tuerce todo tan solo mes y medio después de derribar a Mariano Rajoy mediante una moción de censura.
Porque, tras ver cómo el pleno del Congreso tumbó el objetivo de déficit 2019 con los votos en contra de PP y Ciudadanos, y la abstención de sus socios Podemos, ERC y PDcat, hay entre los socialistas sensación de que se acabó la luna de miel que han vivido con la opinión pública y empieza a reproducirse otra coalición negativa, esta vez contra ellos.
Por lo que pueda pasar, Pedro Sánchez se ha puesto a construir ya una estrategia electoral sobre la base del victimismo: "vótenme para hacer lo que no me dejan hacer estos señores (PP, Ciudadanos y Podemos)", en aguda descripción de un diputado.
Al propio presidente del Gobierno le faltó tiempo para publicar en Twitter, al poco de concluir la sesión plenaria este viernes, una invitación a Podemos y al resto de partidos a explicarse ante la opinión pública:
La irresponsabilidad de algunos partidos les ha llevado hoy a decir no a la reconstrucción del Estado de Bienestar, no a casi 5.000 millones más para CCAA y Seguridad Social.
Ellos tendrán que explicarlo.
El Gobierno seguirá trabajando. pic.twitter.com/BPOviKtThM— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 27, 2018
Luego, durante una rueda de prensa en Lisboa con el primer ministro luso, acusó a la oposición de desgastar al Gobierno "golpeando" el bienestar de los ciudadanos. "No se me ocurre ningún argumento que pueda convencer a la ciudadanía de haber rechazado la senda de estabilidad que hemos propuesto en el Congreso", añadió.
Lo que no va a hacer el presidente del Gobierno es seguir la táctica "defensiva" que querría la vicepresidenta, Carmen Calvo, según señala alguna de las fuentes consultadas, y que ayer expuso la portavoz, Isabel Celáa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Calvo había sondeado con constitucionalistas la posibilidad de puentear, vía decreto-ley, el veto del Senado -el PP tiene mayoría absoluta en esa Cámara- al objetivo de déficit. Desechado eso, el Plan B, sondear a los grupos que apoyan al Gobierno un cambio en la Ley de estabilidad presupuestaria para anular ese poder de veto, antes de volver a enviar a las Cortes un nuevo proyecto de déficit.
Celáa se refirió a ello este viernes, mientras se producía la derrota parlamentaria del Gobierno, cuando, a la pregunta de si se modificará esa ley, respondió que se está valorando "la oportunidad de modificar o no el campo de juego".
Lo insólito es que fue desmentida minutos después desde el Congreso por la ministra de Hacienda, quien dijo que el gabinete no está pensando en nada que no sea llevar a las Cortes, sea como sea, un presupuesto con los 6.000 millones más de gasto que ha autorizado la UE al Ejecutivo y que la mayoría de los grupos han rechazado al tumbar el objetivo de déficit.
El PSOE cree haber instalado el "relato imbatible" de que PP, Ciudadanos y Podemos son culpables de que los colegios y hospitales no dispongan de 6.000 millones más
Montero es partidaria -la mayoría del Grupo Socialista lo es- de que Podemos, el PP y Ciudadanos se retraten ante los españoles como los causantes de que no se haya podido mejorar la calidad de vida de la gente con ese dinero... y, luego, que Sánchez convoque elecciones "con un relato imbatible".
"Nosotros no tenemos un problema de votos aquí (en el Congreso)", señalaba de forma gráfica otro diputado, este del PSC. "Lo tenemos ahí afuera (en la calle). Con 84 diputados no puedes hacer nada, pero tienes que hacer ver a la gente que lo has intentado. Y que decidan en la urna".
De ahí que el Gobierno siga adelante con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2019 asumiendo el objetivo de déficit que le dejó aprobado Rajoy -máximo 1,3% del PIB-, pero incrementando los ingresos vía subida de impuestos para contrarrestar el duro recorte de 11.000 millones que se avecina: Sociedades, del 12 al 15% real para las empresas, carburantes y empresas tecnológicas -tasa Google-; está por ver que incluya una tasa a las transacciones bancarias, porque la acabaría pagando el cliente.
Y cuando la Cámara tumbe las Cuentas del Estado, allá por septiembre, empezará la cuenta atrás para que el presidente del Gobierno apriete el botón nuclear, la hora de firmar el decreto de convocatoria de elecciones generales y disolver las Cortes.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.