Política

El Supremo 'desbarata' en tres días la amenaza soberanista

La detención de Carles Puigdemont en Alemania tras la reactivación de la euroorden por parte del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena pone un punto y a parte en la causa del 'procés' 

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, durante un debate en Ginebra
El expresidente catalán, Carles Puigdemont, durante un debate en Ginebra EFE/ Salvatore Di Nolfi

Todo se precipitó el pasado miércoles, cuando se conoció que en apenas 48 horas el juez comunicaría el procesamiento a todos los investigados en la causa del procés. Las fuerzas independentistas pusieron en marcha un Pleno de investidura exprés, con el exconseller de presidencia Jordi Turull como candidato. Los anticapitalistas de la CUP dieron al traste con la estrategia para que Turull compareciera ante el juez ya investido presidente.  

A penas doce horas después, el propio Turull acudió a la sede del Tribunal Supremo, donde el magistrado Llarena dictó prisión provisional sin fianza para él y para los exconsellers Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a los que les imputa un delito de rebelión -penado con hasta 25 años de prisión.

Por la tarde aceptaba la petición de la Fiscalía y dictaba una orden de detención internacional contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que había decidido no presentarse ante su juzgado para poner rumbo a Suiza. El juez la atribuye un papel "esencial" en la coordinación del 'procés'.

Llarena reactivaba además la euroorden para otros cinco implicados que huyeron hace meses de la Justicia española. Los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxel Serret y Lluís Puig y el propio Puigdemont. A este último la orden europea de detención le sorprendía en pleno viaje a Finlandia, a donde se había trasladado en su intento de internacionalizar la causa soberanista, invitado por un grupo de diputados simpatizantes con el independentismo catalán. Fue arrestado en la frontera alemana. No era la primera vez que había abandonado su refugio belga.

Con su decisión, el juez sienta las bases de la acusación contra lo que considera como el núcleo duro del 'procés'. El magistrado cree que tuvieron diferentes responsabilidades en una estrategia "criminal" y que eran conscientes de que sus acciones podían acabar provocando un "fanatismo violento" de muchos de sus simpatizantes. 

El magistrado que instruye la causa contra el proceso soberanista fundamenta su argumentación en dos aspectos clave. La violencia fue alentada desde las instituciones en el proceso hacia la independencia y el plan secesionista no ha sido suspendido con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que se mantiene "latente" hasta que se pueda volver a reactivar. 

Llarena sólo dejó fuera de su auto de procesamiento de 70 folios a tres de los 28 investigados en el Supremo por la causa del 'procés': el expresidente de la Generalitat Artur Mas; la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.

Tras el arresto de Puigdemont se abre un proceso judicial en Alemania, en el que él puede aceptar la extradición. Si no, las autoridades germanas deberán estudiar la Orden Europea de Detención y Entrega y decidir sobre su extradición a España. Tienen un plazo máximo de 60 días, prorrogables a 90 en casos excepcionales.

El futuro de Puigdemont se complica de todas formas, puesto que los delitos por los que está procesado en España tienen equivalente en las leyes alemanas, que contemplan penas incluso más duras. El Código Penal germano establece duras penas de entre diez años y cadena perpetua para el delito de alta traición. 



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