España

Llarena procesa por rebelión a Puigdemont, Junqueras, Turull y otras diez personas

A Puigdemont, Junqueras y los siete exconsellers procesados por rebelión también les procesa por el delito de malversación

Sede del Tribunal Supremo
Sede del Tribunal Supremo Tere García

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado por un delito de rebelión a trece investigados en la causa del procés, entre ellos el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente Oriol Junqueras, y siete exconsellers: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa. 

Además, el juez, en el auto que ha trasladado hoy a las partes, procesa también por rebelión a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell y a los exlíderes de ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Marta Rovira, secretaria general de ERC, que hoy ha anunciado su fuga al "exilio", completa la lista de los procesados por rebelión, penado con hasta 25 años de cárcel. 

La independencia era el objetivo

“No era la independencia la consecuencia de una falta de negociación con el Estado, sino el objetivo que pretendía alcanzarse en todo caso, primeramente mediante un acuerdo pactado y, en caso contrario, de manera unilateral y forzando al Gobierno a asumir una situación de hecho que buscaba crearse”, sostiene en su auto el juez.

La consumación del delito de rebelión no exige, según Llarena, el alcanzar o declarar de manera efectiva la independencia, sino que basta con la mera conducta consistente en alzarse violenta y públicamente. Para el juez, los hechos acaecidos el día 20 de septiembre de 2017 ante la sede de la Consejería de Economía y Hacienda, "reflejan todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento".

"En modo alguno -dice el auto- puede entenderse que el cerco tuviera un contenido exclusivamente intimidatorio. Los hechos aquí expuestos determinaron el efecto inherente a la violencia, esto es, una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire".

Llarena califica los hechos como “asedio” y cifra el número de asistentes en 60.000: “La muchedumbre rodeó los vehículos de la Guardia Civil, que terminaron devastados y destrozados, interior y exteriormente. Las armas que se encontraban en el interior de los coches policiales quedaron al albur del vandalismo desplegado”.

Sabían que habría violencia

Tras lo ocurrido el 20-S, el juez le otorga una especial relevancia para la rebelión a la reunión que mantuvieron Puigdemont, Junqueras y Forn unos días antes del referéndum con los máximos responsables policiales, quienes les alertaron de la escalada de violencia y del riesgo que conllevaba la celebración del referéndum. “Pese a ello – señala LLarena- la decisión de los miembros del Gobierno fue de que la votación había de celebrarse”. Este periódico publicó en exclusiva el informe policial en el que se basaban los Mossos y que desatendieron los responsables políticos.

"El relato de hechos que se ha descrito muestra que quienes realizaron aportaciones principales al núcleo del hecho con posterioridad al 20 de septiembre, desde luego se representaron que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse. Y la persistencia en su determinación criminal con ese conocimiento, es muestra de su voluntad de incorporar la utilización de la fuerza al mecanismo para conseguir una secesión a la que no quería renunciarse", zanja el auto de 70 páginas de extensión.

El auto también se detiene en el papel de los Mossos d’Esquadra el 1-O y dice que el operativo buscaba “boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacción” y destaca uno de los argumentos defendido por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en su declaración como testigo: usaron  7000 agentes, cuando en jornadas electorales normales pasaban de 12.000.

El magistrado incluye también entre los procesados, en este caso por delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia, a cinco exmiembros del Gobierno catalán: Meritxell Borrás, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.  A Puigdemont, Junqueras y los siete exconsellers procesados por rebelión también les procesa por este delito de malversación. 

El juez fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros, que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Gobierno catalán procesados. Esta cuantía se ha establecido sumando a 1,6 millones de euros que el magistrado señala que fue el montante que hubo de emplearse para sufragar el referéndum, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas para asegurar responsabilidades pecuniarias.

La factura del referéndum

El juez distribuye estos gastos de la siguiente manera: 224.834 euros de la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión del voto; 277.804 euros relativos a la campaña de publicidad y difusión de la convocatoria; 979.661 euros en materia de suministro de papeletas, censo electoral y citaciones de los miembros de mesas electorales; y 199.700 euros por la participación de observadores internacionales.

Asimismo, el juez procesa por un delito de desobediencia a las resoluciones judiciales, que no contempla el ingreso en prisión, a cinco exmiembros del Parlament de Cataluña: Lluis María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet. Por este delito también están procesadas dos dirigentes de la CUP, la expresidenta del grupo parlamentario, Mireia Boyá, y su exportavoz Anna Gabriel, actualmente en Suiza. De los 28 investigados inicialmente sólo tres se han quedado fuera de ser procesados por ningún delito. Se trata del expresidente Artur Mas, Marta Pascal y Neus Lloveras. Contra este recursos cabe la posibilidad de recurso de las partes.

Seis años de procés

En su auto el juez relata los hechos acontecidos en Cataluña en los últimos seis años en relación con el proceso secesionista, en lo que considera un concierto entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de un plan predeterminado con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña, al margen de la legalidad vigente.

El magistrado sitúa el punto de partida en el 19 de diciembre de 2012, cuando el entonces candidato a la presidencia de la Generalitat y líder de CiU Artur Mas firmó con el presidente de Esquerra República de Cataluña Oriol Junqueras el “ Acuerdo para la Transición Nacional y para Garantizar la Estabilidad del Govern de Catalunya”. A juicio del magistrado, este acuerdo ha venido marcando desde entonces la hoja de ruta para el proceso de transición de Cataluña hacia un país independiente.

En el marco de esa estrategia -según el juez- se acordó una hoja de ruta entre los partidos políticos CDC y Esquerra con las entidades soberanistas Omnium, ANC y la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI). Pese a las sentencias del Tribunal Constitucional, se atuvieron a ese plan durante dos legislaturas y cinco años.



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