Iglesias se anticipa y deslegitima la Justicia antes del alud de denuncias sobre la gestión de la pandemia

El Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos está “muy preocupado” por la “judicialización” de la pandemia, admiten fuentes gubernamentales. Algunos ciudadanos organizados en plataformas ya han registrado sus primeras denuncias. También los han hecho los profesiones de la enfermería. Y los sindicados están en pie de guerra. “Aquí no se va a salvar nadie, tampoco los dirigentes de las comunidades autónomas”, matiza otra fuente gubernamental. Pero con el mando único gestionado por Salvador Illa y la responsabilidad de Pablo Iglesias con las residencias de mayores (donde se calcula que han muerto el 50% de los afectados), el temor es que los jueces les pidan rendir cuentas ante los tribunales. 

El ataque lanzado por Iglesias el jueves en el que cuestionó la imparcialidad del Poder Judicial suena a “ataque preventivo” para intentar rebajar la legitimidad de los jueces ante la avalancha de denuncias, admiten en el partido morado. Los de Iglesias lanzaron su estrategia a raíz de la inhabilitación de Isa Serra, portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, condenada a 19 meses de cárcel por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños durante un intento de paralización de un desahucio. Siguieron el patrón de las campañas virales de Podemos: ataques en grupo en redes y coordinadas. “Es el método guerrilla”, recuerdan en la formación morada.

Participaron en el ataque dirigentes como Pablo Echenique, Sofia Castañón, Idoia Villanueva, Enrique Santiago y el propio Iglesias. El portavoz de Podemos, Echenique, y el de los Comunes (marca catalana de Podemos), Jaume Asens, elevaron su crítica contra Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Cualquier comunicado de una cúpula judicial con el mandato caducado y al servicio de la derecha es ilegítimo”, escribió Asens. El catalán se refería a que el mandato de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial finalizó en diciembre de 2018 y todos sus integrantes permanecen en sus puestos de forma temporal hasta que la institución se renueve. 

El cuestionamiento a los jueces poco antes de que se abra la caja de Pandora de las denuncias por la gestión de la crisis sanitaria es para muchos "sospechosa". Su estrategia consiste en demostrar que la Justicia está politizada, necesita ser renovada y que hasta que no llegue esta renovación las condenas no pueden tener un valor político. En definitiva, evitar dimisiones pase lo que pase en los juzgados.  

Ataque desde La Moncloa

Las alarmas entre los jueces se encendieron cuando Iglesias subió el ataque directamente desde La Moncloa. El vicepresidente del Gobierno lanzó un duro comentario contra la Justicia durante la rueda de prensa del Gobierno el jueves, emitida en directo nacional. Illa acababa de abandonar la sala, cuando Iglesias cuestionó la imparcialidad del Poder Judicial. Se hizo portavoz de “mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”.

La respuesta de los jueces fue contundente. Acusaron a Iglesias de actuar de forma "intolerable" y de querer utilizar políticamente a la Justicia. Por ello, le reclamaron "moderación, prudencia y mesura". "La primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial”, por "propagar una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles”, insistieron.

https://twitter.com/pnique/status/1253324760580108289?ref_src=twsrc%5Etfw

Ante la polémica institucional, Sánchez y los ministros socialistas han preferido callar. El ministro de Justicia no ha hecho declaraciones. Es la segunda vez que el Ejecutivo respalda a Iglesias en su crítica al sistema judicial. Mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, hace días remarcó su confianza en la libertad de prensa cuando Iglesias había atacado a la “ultraderecha mediática”, que, según él, tenía que estar excluida de la sociedad.

Esta vez la orden de Moncloa ha sido evitar contradecir a Iglesias. La portavoz María Jesús Montero acabó amparando las palabras del vicepresidente del Gobierno dentro de la “libertad de expresión”. Según fuentes socialistas entre el líder morado y la cúpula de la Moncloa existe un “pacto” escondido que permite a Iglesias lanzar determinados ataques libremente. "Los estrategas de Sánchez creen que de esta forma se mantiene la distancia entre el PSOE y Podemos y que esto es rentable electoralmente", comentan. "Iglesias opina lo mismo, pero al revés. De ahí el acuerdo".

Más de 10.000 muertos en las residencias de ancianos

Vozpópuli adelantó que el Ejecutivo temía caer víctima de una avalancha de denuncias. Cuando termine el estado de alarma, los juzgados volverán a funcionar y se abrirán las primeras instrucciones. "Los jueces no olvidan", admiten algunos para confirmar la situación de preocupación del Gobierno.   

Hasta la fecha se han registrado al menos tres denuncias penales contra Sánchez. Una acusación atañe al posible uso impropio del estado de alarma por parte del Ejecutivo, aunque las denuncias más peligrosas por el Ejecutivo son las relativas a la salud de los ciudadanos y los fallecidos.

El jueves, el Consejo General de Enfermería presentó una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente y el ministro de Sanidad y varios cargos de su departamento por un delito contra la seguridad de los trabajadores. Los enfermeros denuncian la escasez de material de protección y acusan al Gobierno de ser responsable de la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos.

La situación en las residencias de mayores también asusta. Se calcula que pueden haber fallecido más de 10.000 personas en esos centros. El sector lamenta la falta de protección y de directrices claras por parte del Ejecutivo. Iglesias asumió la responsabilidad política sobre las residencias y ante la catástrofe se ha escudado en la "privatización" del sector y en que las comunidades autónomas deben velar sobre su seguridad. Aun así existe el temor a que los familiares de los afectados acudan a los tribunales y que la cuestión salpique al líder de Podemos. "Aquí no se va a salvar nadie", repiten los más preocupados en el Gobierno.