Política

Las sentencias de los ERE y el 'procés' amenazan el horizonte electoral de Sánchez

La inquietud crece en el PSOE ante la repetición de las elecciones. Las encuestas internas que maneja el partido, muy diferentes al CIS, le otorgan un crecimiento pírrico

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante una intervención en el pleno del Congreso
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante una intervención en el pleno del Congreso EFE

La sentencia del caso de los ERE en Andalucía y la que afecta a los líderes políticos del proceso separatista en Cataluña son dos de las principales amenazas en el horizonte electoral de Pedro Sánchez. La inquietud crece en el PSOE ante una repetición de las elecciones el 10 de noviembre. Y las encuestas internas que maneja el partido, muy diferentes a las del CIS, otorgan al presidente del Gobierno un crecimiento pírrico.

El Rey decidirá el martes si hay margen para intentar una nueva investidura o si por el contrario España regresa a las urnas. La esperada conversación telefónica entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no ha resuelto el embrollo. Y la coalición revisable el primer año que ha ofrecido Iglesias ha sido rechazada ipso facto por el candidato del PSOE.

Las posiciones siguen de momento inamovibles. La formación morada reclama un Gobierno de coalición, que el jefe del Ejecutivo rechaza. 

Preocupación en el PSOE

Sánchez confía en que unas nuevas elecciones refuercen a su grupo parlamentario, que cuenta actualmente con 123 diputados. Pero los escenarios son muy cambiantes en política. El PSOE lo sabe y la preocupación aumenta en estas horas decisivas. Tampoco las encuestas internas que maneja el partido son tan esperanzadoras como las del CIS. Y la ganancia de escaños podría ser mínima, de entre cinco y diez escaños según los sondeos

El jefe del Ejecutivo se enfrenta a dos sentencias cruciales que se conocerán a menos de un mes del 10 de noviembre. La primera, y más importante, es la que afecta a los líderes catalanes del proceso separatista, que se hará pública antes del 15 de octubre. La esperada condena a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y el resto de encausados augura un otoño turbulento en Cataluña.

Nadie sabe hasta donde puede llegar la respuesta del presidente de la Generalitat, Quim Torra. La Diada del miércoles ha evidenciado un hastío del movimiento separatista. La manifestación de los organizaciones independentistas fue la menos numerosa desde el 2012. Pero eso no quiere decir nada. Y Carles Puigdemont tiene en Torra a su mejor aliado para intentar recuperar la tensión de hace dos años.

El PSOE sabe que un escenario de desobediencia le obliga a liderar una respuesta contundente del Estado. Y en esa tesitura hay otros partidos, principalmente Ciudadanos, que han capitalizado mejor la indignación de la ciudadanía por el comportamiento de los separatistas. De hecho, Albert Rivera ha empezado a mover ficha pidiendo una reunión con Sánchez para abordar el conflicto catalán. Son cuestiones delicadas que pueden dar un vuelco político y que amenazan con estallarle a Sánchez en plena precampaña.

Chaves, Griñán y los ERE

Todavía más cerca de las hipotéticas elecciones del 10-N está la sentencia de la macro causa de los ERE en Andalucía. El tribunal ha retrasado el fallo en varias ocasiones, pero se espera que esté listo el 26 de octubre. En el banquillo de los acusados están los ex presidentes andaluces del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis exconsejeros y 13 ex altos cargos de sus gobiernos.

El impacto de una condena para el PSOE es ahora mismo impredecible. La sentencia tendrá unos 1.000 folios. Chaves y Griñán se enfrentan a una condena de inhabilitación, pero sobre Griñán pende también la petición de condena de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de cárcel por malversación continuada.

Anticorrupción sostiene que los Gobiernos andaluces del PSOE permitieron la concesión arbitraria de 740 millones de euros en ayudas para beneficiar a ciertos empresarios vinculados al socialismo. Para ello, sostienen las acusaciones, se eludieron todos los controles de la Intervención General.

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