Si ningún imprevisto vuelve a posponerlo, este abril los gobiernos central y vasco cerrarán definitivamente la transferencia de Prisiones al País Vasco. La principal polémica en torno a este cambio de competencias es cómo afectará a los presos de ETA. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu niega que vaya a haber tratos de favor, pero al mismo tiempo trabaja en un plan penitenciario propio que apuesta por la reinserción y del que podrán beneficiarse los reclusos etarras siempre y cuando abjuren de su pasado terrorista.

En los primeros días de marzo los gobiernos central y vasco acordaron celebrar el próximo mes la comisión mixta de traspasos para rematar el traspaso de Prisiones, aumentar las materias que se transferirán entonces y acelerar la negociación sobre el ingreso mínimo. Así, el Ejecutivo vasco de PNV y PSE empezará a gestionar una reivindicación histórica como es la de las cárceles, cuyo traspaso estaba previsto en el Estatuto de Gernika. Hasta ahora, entre el resto de comunidades sólo Cataluña tiene las competencias en esta materia.

Claro que el caso vasco es especialmente controvertido por cómo pueda afectar a los reos de ETA. El traspaso de Prisiones cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que en estos momentos el Gobierno que preside Pedro Sánchez está llevando a cabo una política de acercamientos de los reclusos de la banda terrorista. Eso sí, en la gran parte de los casos se las traslada a prisiones cercanas a la comunidad, de manera que por ahora la enorme mayoría de estos presos está fuera de Euskadi.

Los datos y el plan

Para ser más exactos, de los cerca de 200 presos de ETA que hay en cárceles españolas, apenas unos quince están en alguna de las tres prisiones vascas (Zaballa, Martutene y Basauri). Sin embargo, a nadie se le escapa que, si la política penitenciaria sigue por las vías actuales, es más que probable que en poco tiempo haya muchos más reclusos etarras en cárceles del País Vasco.

Ahora mismo hay algo más de 1.200 presos en los tres centros penitenciarios vascos, donde trabajan 630 funcionarios. Estas cifras seguramente aumentarán en pocos años, porque está previsto que en 2023 esté terminada la nueva cárcel de Zubieta (Guipúzcoa), que tendrá capacidad para 500 reclusos y será una de las más modernas de España. Dicha cárcel sustituirá a la vieja prisión donostiarra de Martutene, donde ahora hay apenas 300. No hace mucho que la cárcel de Zaballa sustituyó a la de Nanclares de Oca.

En ese contexto se enmarca el modelo penitenciario propio que ultima el Gobierno vasco. El portavoz de dicho Ejecutivo, Bingen Zupiria, afirmó hace unos días esto: "Existe un régimen penitenciario que establece el Gobierno y que se gestiona desde los jueces de régimen penitenciario y las juntas de las cárceles. Lo que el Gobierno vasco puede hacer una vez recibida la transferencia es impulsar un modelo que busque la reinserción".

Para desarrollar ese modelo propio, el Ejecutivo anunció hace unas semanas el fichaje del juez Jaime Tapia, hasta entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Álava. Llegará el 31 de marzo como viceconsejero de Justicia y su cometido será asesorar para alumbrar el citado plan. Durante su carrera, este magistrado siempre se ha caracterizado por su apuesta por la reinserción.

El Gobierno vasco ya anunció hace unos meses la creación de una Red de Reinserción Vasca que realice una atención "individualizada intensiva" y que ayude a los internos

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, insiste siempre que puede en que su intención es "mejorar el carácter resocializador" de las cárceles. Y, para ello, anunció hace unos meses la creación de una Red de Reinserción Vasca que realice una atención "individualizada intensiva" y que ayude a los internos a "lograr situarse en condiciones de acabar su condena en régimen abierto y en libertad condicional".

Ahora mismo faltan más datos concretos, pero sí se sabe que el plan se centrará en impulsar la reinserción de todos los presos. Y, para ello, se implementarán diversas subvenciones a los reclusos, como desveló El Independiente, y se apostará de forma decidida por aplicar régimen de semilibertad a muchos de ellos, como admite el propio Ejecutivo autonómico. En el caso concreto de los presos de ETA, el plan en ciernes del Ejecutivo que preside Urkullu incluye la exigencia de que los reos abjuren de su propio pasado y reconozcan el daño causado.

Es decir, para que los reos etarras puedan beneficiarse de las medidas de ese plan tienen que romper claramente con la violencia terrorista. En esa línea, El Correo publicó que una de las medidas pensadas para estos presos es fomentar los encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios. Se trata de las reuniones entre los reclusos y sus víctimas que nacieron con la famosa vía Nanclares para etarras arrepentidos.