Hace no muchas semanas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ponía a disposición de investigadores el acceso a un conjunto de máquinas para el uso en un entorno seguro de la información que el propio ministerio dispone en enormes e interesantes bases de datos. Este evento, que replica el ya realizado por otras administraciones como es el caso del Banco de España, supone un gran avance para la mejora de los servicios ofrecidos por las administraciones públicas y marca el camino, claramente, a seguir en el futuro cercano.
La actual revolución tecnológica ha modificado los patrones de creación de valor. En la actualidad, una gran parte del valor generado por las grandes empresas de servicios tecnológicos proviene de la información que se genera a partir de los datos. Grandes plataformas, como Google, Facebook, Twitter o Instagram, entre otras muchas, viven no solo de la venta de datos sino de los resultados de su tratamiento (véase Google Maps como hecho más cotidiano y cercano a nosotros). Sin embargo, cuando hablamos de datos y de generación de valor parece que sólo las empresas privadas están en disponibilidad de hacerlo, cuando es de sobra conocido el potencial que las entidades que más información tienen son, precisamente, las que menos los usan: las administraciones. Algunas estimaciones valoran en el 80% la disponibilidad de información que no es explotada por estas.
Para un correcto uso de dicha información que revierta en mejores servicios y valor para el ciudadano, la propia administración debe someterse a una revolución de procedimientos y, sobre todo, de cultura. Respecto a esto último, es necesario que los gestores de la administración entiendan que los datos son propiedad de la sociedad que los genera y que ellos y las administraciones que los custodian solo debe tener el mandato de velar por la seguridad de su guarda, así como de su uso seguro para aprovechar su potencial por el bien de todos. Lo primero que hay que hacer, por lo tanto, es derribar esa idea de patrimonialización de los datos que algunos gestores poseen y que limita y compartimenta la capacidad de gestionar dicho potencial.
Las administraciones deben coordinarse a todos los niveles, desde lo local a la supranacional, para construir sistemas de gestión compartida de datos, interoperable, seguros
Debemos señalar, tal y como se hizo en un Decálogo sobre digitalización en Europa, recientemente publicado por la oficina de la eurodiputada Susana Solís, que las vías de avance de la digitalización de las administraciones públicas son principalmente dos. En primer lugar, y como ya he adelantado, es imprescindible un correcto uso y explotación de los datos que estas poseen, de tal modo que permita gestionar de forma más eficiente los servicios que prestan. Este uso debe buscar siempre la escala máxima, con lo que se aseguraría una mayor posibilidad de aplicar procesos que faciliten la automatización de procedimientos administrativos. Además, en segundo lugar, y partiendo de esta idea de buscar la escala máxima, las administraciones deben coordinarse a todos los niveles, desde lo local a la supranacional, para construir sistemas de gestión compartida de datos, interoperable, seguros y facilitando el acceso libre los mismos mientras se garantiza la anonimicidad de estos, todo ello para que derive en una gestión óptima de los recursos públicos.
A esto añadiría un tercer punto, la necesidad de aprovechar la información que se genera a partir de los datos para evaluar y mejorar las políticas públicas. Diría más, la administración debe ser proactiva en el sentido de diseñar los procedimientos administrativos que faciliten la obtención de la información que será relevante y necesaria para poder evaluar.
Yacimientos disponibles
Pero para cumplir estos objetivos de nada sirve todo lo que se haga sin una concienciación pública y social encaminada a la mejora de las competencias digitales necesarias para el desarrollo del trabajo de los empleados públicos, tal y como está desarrollado en el marco europeo de competencias digitales DIGCOMP así como el desarrollo de programas de formación que permitan alcanzar y certificar las competencias digitales establecidas. Si esto no se procura, no será posible automatizar los procedimientos con ayuda de la IA, de tal modo que la interacción humana logre minimizarse y se concentre donde realmente aporte valor. En esto, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo y sus derivadas nacionales es muy sensible, dedicando importantes recursos para fomentar esta transición necesaria.
En resumen, las diferentes iniciativas lideradas por algunas administraciones, como es el caso mencionado al inicio de la columna, son el camino a seguir para que puedan aprovechar los inmensos yacimientos de petróleo digital disponibles y que tienen derivadas en su eficiencia. Sin embargo, estos hitos solo son la punta de un inmenso iceberg que representa todo el potencial. La interoperabilidad, el opendata, las competencias digitales del empleado público o del ciudadano, la nube, el 5G, etc son piezas imprescindibles para crear un futuro donde las relaciones entre el ciudadano y la administración se desarrolle en otra dimensión novedosa y más eficiente. Enhorabuena por la iniciativa. Esperemos que esta se corresponda como un ejemplo a seguir.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.
Todo muy maravilloso si pudiera llevarse a la práctica de forma fiable y eficiente.
Pero, qué alicientes tienen los empleados públicos para esforzarse, ser más eficientes, obtener nuevas capacidades, si al final tienen el puesto de trabajo y el sueldo asegurado, hagan lo que hagan?.
Mientras no se introduzca la competencia en la Administración Pública, mientras no se haga una evaluación detallada del desempeño de cada puesto de trabajo y se actúe en función del resultado de tal evaluación, pedir más aficiencia a la Administracion es como pedir peras al olmo.