Sobre la justicia socialista

La independencia judicial forma parte intrínseca del Estado de Derecho y sin ella no existe democracia que valga, sino totalitarismo político. Existen dos tipos de totalitarismos: el impuesto por la fuerza o el “democrático”. El segundo hunde sus raíces en la Revolución Francesa y más particularmente en la  asamblearia “voluntad general” que auspiciada por Rousseau daba lugar a un “contrato social” por el que el ganador de una elecciones quedaba habilitado para ejercer un poder sin límites –es decir, totalitario- y sin respeto alguno a los derechos de las minorías. Para este  totalitario –y falsamente democrático– modo de hacer política la ley natural y otras leyes previas quedaban abolidas, pues solo “las leyes que se dan los vivos tienen valor”.

Naturalmente que no existe un solo país civilizado –ni siquiera Francia,  patria de la democracia totalitaria- en el que de este modo de gobierno  haya salido algo bueno. Venezuela, el país de referencia para buena parte del Gobierno, practicando esta doctrina ya se ve en que desastre se ha convertido. Al social-comunismo español la democracia solo les sirve como herramienta para el logro de sus ensoñaciones políticas, y cuando  no resulta  útil a sus fines la tergiversan o desprecian.

Para nuestros progresistas, la democracia es útil solo si conviene a sus fines, porque para ellos el fin justifica los medios

Durante la 2ª República los socialistas  –no todos- que estuvieron  en contra del voto femenino –con Indalecio Prieto a la cabeza- lo argumentaron diciendo que las mujeres eran conservadoras. Ahora, por cierto, deben pensar lo contrario promocionado el feminismo.  Para nuestros progresistas, la democracia es útil solo si conviene a sus fines, porque para ellos el fin justifica los medios. La ética y el orden moral sempiternos no van con ellos.

La oposición socialista a una justicia independiente –sin la cual no existe Estado de Derecho- se basa en los mismos argumentos  que utilizaron en contra del voto femenino, despreciando así un principio fundamental de la arquitectura constitucional y dando lugar a la reciente y vergonzosa intervención de la UE sobre la materia.

Nuestra constitución tiene establecido en su artículo 122 que de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),  solo cuatro sean a propuesta del Congreso de Diputados y otros cuatro del Senado; es decir, los doce restantes serán elegidos entre Jueces y Magistrados.

Separación de poderes

Sin embargo, el PSOE legisló en contra de la Constitución al ampliar la elección política -Congreso y Senado- a la totalidad. Es evidente, para cualquiera que sepa leer y contar, que si los “constituyentes”  hubiesen querido que todos los miembros  del CGPJ fuesen elegidos por las Cámaras legislativas no habrían perdido el tiempo asignado solo cuatro a cada una. Solo un, obviamente politizado, Tribunal Constitucional pudo dar luz verde a tan palpable incumplimiento de la Constitución dando oxígeno político a quienes, entonces y ahora, reniegan del Espíritu de la Leyes de Montesquieu, que con su “principio de separación y división de poderes, su mutua limitación y su necesaria coordinación,  tienen su monumento en la Constitución de los EEUU de 1787” según el imprescindible ensayo de Pedro Schwartz: En busca de Montesquieu. La democracia en peligro (2006).

Sostienen los progresistas que si los miembros del CGPJ son elegidos por los jueces –como establece la Constitución en su artículo 122– como estos son mayormente conservadores, el órgano judicial no sería progresista como a ellos –totalitariamente– les gustaría.

El ejemplo de la carrera militar

Sin embargo, nuestras Fuerzas Armadas, cuyo prestigio social supera en mucho el de los partidos políticos -que están en la cola, mientras los militares en la cúspide- y también el de las Cámaras legislativas, se han regido -felizmente- desde siempre en su carrera por criterios estrictamente profesionales alejados de la política. Por fortuna, a los progresistas no les ha dado –hasta ahora y ¿hasta cuando?-  por tildar de conservadores a nuestros militares.

No es casual, por tanto, que juristas de gran prestigio como Ramón Parada planteen la aplicación del excelente modelo de la carrera militar a la judicatura, rescatándola de los partidos políticos mediante:

• El ingreso en la carrera exclusivamente mediante oposición; que no gusta, como tampoco la meritocracia, a nuestros progres.
• Potenciación de la Escuela Judicial como centro de formación.
• Carrera basada –como la militar- en la antigüedad y la evaluación del desempeño profesional.
• Rígido sistema de incompatibilidades.
• Estricta prohibición –como en la carrera militar- de las puertas giratorias.

Bajo estas premisas “ningún juez podría ser seducido en su carrera con ascensos o destinos a cargos que no le correspondan a su puesto en el escalafón” sostiene Parada.

El sistema democrático español, ya malherido por la sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo –en ausencia de circunscripciones electorales unipersonales que la evitarían- y en consecuencia a los caudillos de los partidos políticos, peligraría gravemente con la rendición a la política de la cúpula judicial; algo que una sociedad civil adulta debería evitar en  unas próximas elecciones.

Mientras tanto es tiempo de airear la discusión pública del tema; lo que a todas luces quieren evitar los progresistas ante la obvia endeblez de sus tercermundistas argumentos.