¿Por qué aumenta la pobreza en España?

Según la encuesta de Condiciones de Vida publicada recientemente por el INE, el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social (la denominada tasa Arope, por sus siglas en inglés At risk of poverty and/or exclusión) aumentó en 2023 hasta el 26,5% desde el 26% de 2022. Esta tasa se construye sobre tres componentes: el porcentaje de población en riesgo de pobreza relativa, el que se encuentra en situación de carencia material y social severa y el que tiene una baja intensidad laboral (definida como el número de meses efectivamente trabajados en el año por los miembros del hogar familiar en relación con el máximo que podrían trabajar). Es importante señalar que los ingresos de referencia de esta estadística son los del año precedente, de manera que los valores de 2023 miden realmente la situación de 2022, y lo mismo sucede con los de los años anteriores.

Es interesante reflexionar sobre los datos de esta encuesta porque ofrecen pistas útiles sobre algunas deficiencias de la política económica de nuestro país. Para empezar, la tasa Arope suele estar estrechamente vinculada al ciclo económico, al ritmo de variación del PIB. Lo llamativo, por consiguiente, de los datos de la encuesta de Condiciones de Vida de 2023 no es ya que dicha tasa haya aumentado, sino que no haya disminuido, dado el extraordinario crecimiento del PIB en 2022 (por encima del 5%). Es aún más sorprendente que, no obstante el igualmente extraordinario crecimiento económico en 2021, la tasa Arope apenas haya variado con respecto al 26,2% alcanzado en 2019. Y esto ha sucedido a pesar de las agresivas políticas sociales del gobierno instrumentadas durante estos años, supuestamente dirigidas de forma prioritaria a mejorar la situación de los más desfavorecidos, de las personas con mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Este era al menos el objetivo declarado de la reforma laboral, de las subidas del salario mínimo, del establecimiento del ingreso mínimo vital, de la política de pensiones y de las múltiples intervenciones y ayudas adoptadas para fraguar un “escudo social” que protegiera a esos colectivos especialmente débiles.

Una de las causas del deterioro de la situación de este grupo de edad desde 2019 hasta la actualidad es, sin duda, la subida acumulada del salario mínimo interprofesional y de las correspondientes cotizaciones sociales

¿Por qué no se ha conseguido entonces reducir significativamente el riesgo de pobreza y exclusión social en España? ¿Qué está fallando? Los datos de la encuesta de condiciones de vida nos ofrecen indicios para responder a estos interrogantes. La encuesta desagrega la tasa Arope por tres grupos de edad, menores de 16 años, entre 16 y 64 años y mayores de 65 años. Del 2019 al 2023 la tasa se reduce del 27,4% al 26,4% para la población entre 16 y 64 años, aumenta del 18,1% al 20,9% para la población mayor de 65 años y se incrementa nada menos que del 30,8% hasta el 34,3% para los menores de 16 años. No se desagrega la población entre 16 y 64 años, pero teniendo en cuenta la acusada precariedad de los menores de 16 años, parte de los cuales se van incorporando al grupo más amplio de edad, así como los datos de las estadísticas de paro y salarios por edades es evidente que la tasa Arope para los menores de 25 años ha de ser elevada y haber seguido una evolución preocupantemente similar a la de los menores de 16 años. Una de las causas del deterioro de la situación de este grupo de edad desde 2019 hasta la actualidad es, sin duda, la subida acumulada del salario mínimo interprofesional y de las correspondientes cotizaciones sociales efectuadas desde entonces. Los más jóvenes, y dentro de estos los menos cualificados, son el grupo más negativamente afectado por estas medidas, tanto por la pérdida o la reducción de las posibilidades de empleo como por la disminución del número de horas de los nuevos empleos disponibles.

La contrarreforma laboral, aunada con el aumento de las cotizaciones sociales, también ha contribuido al crecimiento del riesgo de pobreza y exclusión social por esta última vía. La severa limitación de los contratos temporales decretada se ha traducido ciertamente en un aumento de los contratos indefinidos pero, en general, de menor duración que los anteriores y sobre todo de menos horas de trabajo por contrato. Esta reducción de la duración de los contratos y del número de horas por contrato también ha afectado a la contratación temporal. Estos efectos de la contrarreforma laboral han perjudicado especialmente a los más vulnerables e indudablemente son otra de las causas de la elevada tasa Arope que padecemos.

El aumento de la intensidad laboral se ha logrado mediante trabajos de menos horas de duración y por ende de menores remuneraciones totales que los existentes bajo el régimen laboral anterior

Hay una evidencia aún más contundente del impacto negativo conjunto de las subidas del salario mínimo, de las cotizaciones sociales y de la contrarreforma laboral sobre las condiciones de vida de los más vulnerables de la sociedad. Entre 2014 y 2019 los movimientos de la intensidad laboral eran del mismo signo que los de las dos otras variables que componen la Arope, la carencia material severa y el riesgo de pobreza relativa. Así, entre uno y otro año el porcentaje de personas con baja intensidad laboral bajó del 16,9 al 10,9%, el de las que se encontraban en riesgo de pobreza del 22,2 al 20,7% y el de las que sufrían carencia material y social severa del 10,7 al 7,7%. Esta pauta de comportamiento se quebró con la instauración del actual régimen laboral. Mientras que el porcentaje de personas con baja intensidad laboral se redujo del 10,9 en 2019 al 8,4% en 2023, el de las personas en riesgo de pobreza apenas se alteró (del 20,7 al 20,2%) y el de las personas con carencias materiales y sociales severas aumentó nada menos que del 7,7 al 9%. La explicación más obvia, es que el aumento de la intensidad laboral se ha logrado mediante trabajos de menos horas de duración y por ende de menores remuneraciones totales que los existentes bajo el régimen laboral anterior.

Políticas laborales e impositivas

La razón fundamental por la cual los aumentos de los costes laborales pueden generar desempleo o menos horas de trabajo en amplios colectivos cuando cruzan un cierto umbral, aun cuando dicho umbral suponga salarios sustancialmente inferiores al salario medio, es la baja empleabilidad y productividad de esos colectivos. Esto, a su vez, obedece a su escasa dotación de capital humano (educación general y formación profesional) y a la reducida dotación de capital en proporción a la población en edad de trabajar, en comparación con la existente en países con mayores salarios y menor paro que el nuestro. Esta situación ha empeorado en el transcurso de estos últimos cinco años, durante los cuales la formación de capital privado se ha deteriorado aún más que en el promedio de países europeos. A este deterioro absoluto y relativo han contribuido sin duda los mayores impuestos a la actividad empresarial, a los beneficios y a la contratación de trabajadores, establecidos por la coalición soit disant progresista que nos gobierna. En resumen y respondiendo al interrogante que se planteaba en el encabezado, la causa del aumento de la pobreza en España reside en las políticas laborales e impositivas del gobierno.