Pelotudo, hay que apretar a los jueces

Ahora van a por los jueces. Toca culminar el asalto al edificio de la Justicia. Lo llaman lawfare, que es como los peronistas pasados por Podemos denominan a la actuación de los tribunales 'fascistas'. O sea, todos los que no dictan las sentencias a su gusto. Sánchez está dinamitando todas las líneas rojas. Ya se las ha saltado casi todas. Indultos, sedición, malversación y ahora, amnistía, un paquebote que incluye medidas increíbles como el tsunami, el mediador internacional, los tribunales populares en el Congreso, el cupo fiscal a Cataluña y el maldito lawfare que ha indignado a los togados. Algunos, como Guilarte, presidente del CGPJ, hace apenas cuatro días se ponían de perfil bajo el argumento de que no cabe pronunciarse sobre hechos que no se han concretado. "Prematuro", decía. Pues ahí la tiene, ya le han servido en bandeja la amnistía, ante sus narices y, raudo, ha pergeñado un contundente comunicado de rechazo, junto a otros colegas de la cúpula de las puñetas, algunos de ellos de clara sensibilidad de izquierdas.

"Pelotudo, hay que salir a apretar a los jueces", le urgía Cristina Fernández de Kirchner a su capataz, un antiguo jefe de los servicios de inteligencia (sic). La todavía vicepresidenta argentina y titular del Senado, condenada a seis años de prisión por afanar mil millones de dólares del erario público, sabía que, para mantenerse en el poder y evitar contratiempos, es preciso maniatar a los tribunales. El fiscal Nisman, quien pilotaba la causa sobre el atentado contra el edificio de la Amia -un centro social judío de Buenos Aires en el que murieron 85 personas- conducía una de las causas más renombradas. En ella, Madame K. aparecía como sospechosa de haber ocultado la participación iraní en el criminal zarpazo. Ah, Irán, siempre Irán. Dos días antes de presentar sus conclusiones ante el tribunal, Nisman apareció muerto en su cuarto de baño. Hasta hoy. ¿Suicidio, asesinato? Misterio patagónico. Todo el mundo sabe que se trató de un crimen de 'la pesada', esos matarifes de cuando de la dictadura de los milicos. En el plano oficial, ni detenciones, ni culpables, ni siquiera un sospechoso en la trena. La Impunidad de nuevo, el nombre de ese tango abyecto que se impuso en la Argentina desde que llegó Perón.

Una aberración inopinada, un ataque frontal al Estado de Derecho que ha provocado una airada reacción entre los señalados, que, dentro de nada, pasarán a convertirse en reos de estos tribunales populares

El acuerdo suscrito entre el forajido de Waterloo y el cabrero Cerdán, en humillante sesión clandestina celebrada este jueves en Bruselas, incluye la mentada referencia a la fiscalización de las decisiones judiciales mediante unas comisiones parlamentarias en las que se controlará la actuación de la Justicia. Un ataque frontal al Estado de Derecho que ha provocado una airada reacción entre los señalados, que, dentro de nada, pasarán a convertirse en reos de estos tribunales populares. Chavismo en la Carrera de San Jerónimo.

Por vez primera en democracia, las cuatro grandes asociaciones de la magistratura se han unido para perfilar un comunicado conjunto contra esta iniciativa abiertamente arbitraria, amén de inconstitucional. "Los jueces solo están sometidos al imperio de la ley", reza el artículo 117.1 de la Carta Magna. Poco inquieta al prófugo cavernario de Junts por la pela lo que digan las leyes de un Estado represor. A Sánchez, se conoce que tampoco. Otra línea roja derribada que se suma a la interminable colección de escarnios que adornan a este ambicioso sin escrúpulos, este aventurero sin principios, empeñado en promover la capitulación del Estado ante un grupo de malversadores, sediciosos, golpistas, prófugos y demás delincuentes convictos, a cambio de su permanencia en el colchón de la Moncloa.

Los jueces han despertado, saben que le va, no ya su toga, sino su futuro profesional y hasta personal en el envite. Todos, excepto una Valenzuela, que ejerce en el CGPJ de palafrenera de la izquierda, han movilizado su firma y su queja. Y excepto otros tres, estos ya no en el Consejo, sino que ocupan sillón cada martes en la mesa del Gabinete. Tres personajes a quienes les cuadra el adjetivo de infames si no fuera porque más les encaja el de traidores. Han antepuesto sus interés a su carrera, a su compromiso con la Constitución y con su Nación. Margarita Robles, Grande Marlaska y Pilar Llop son los tres magistrados con desempeño en el Ejecutivo que avalan, corean y hasta inspiran esta deriva despótica de su desalmado jefecillo. Hubo otro juez con cartera ministerial, Juan Carlos Campo, ocupa ahora plaza en el TC, donde se mantiene silente y, por tanto, solidario, con esta irrefrenable embestida.

Sánchez es un autócrata de cemento armado, dice un asesor de Moncloa. Consciente de su fortaleza, nunca cesará en su ambición ni chapoteará en la duda

Toca rematar la escabechina judicial. ¿Algún sorprendido? Aún se mantiene en pie el CGPJ, objeto de deseo del sanchismo, sobre el que lanza ataques furibundos para desguazarlo y rearmarlo a su gusto, con sus vocales sumisos, sus juristas ovinos, sus esclavitos rastreros. Por ahora, el gobierno de los jueces resiste, como también el Supremo. ¿Por cuánto tiempo? La ley de amnistía va a arrasar con lo poco que sobrevive. "Esto es el principio del fin de nuestra democracia", "vuela por los aires el Estado de Derecho", ha clamado la Asociación Profesional de la Magistratura. "Flagrante atentado contra la independencia judicial", refleja el comunicado de las cuatro familias del sector agredido.

Es posible que de nada sirva esta reacción corporativa de quienes ostentan la responsabilidad máxima de administrar el santo sacramento de la Justicia. Sánchez es un autócrata alimentado por el rencor e impulsado por la ambición. Es un desalmado carente de dudas. Hasta ahora, jamás le ha visitado el infortunio. Pero puede sufrir un revés. Madame K, la recauchutada lideresa del Cono Sur, ha visto cómo unos jueces audaces han reabierto dos de las causas que más le comprometen -negocios hoteleros fraudulentos y el asunto Nisman-. Su futuro procesal vuelve a pender de un hilo. Quizás el sanchismo, con o sin lawfare, tenga también un límite, y hasta una fecha de caducidad y muerte.