La parálisis de los jueces

Como todos los asuntos de vital relevancia en España, el ataque impúdico del Ejecutivo al Poder Judicial ya no importa a nadie. Sirva esta columna como un humilde intento de resistencia. «Vine a este mundo para tener voz», algo parecido dijo Émile Zola. Siempre me resultó una forma de ejercer el feminismo.

La desafección y tolerancia ante los ataques a la judicatura es lógica. No es la primera vez, y no ha sido el peor de los ultrajes, el que hemos presenciado esta semana en boca del Gobierno, no sólo de Irene Montero. «Una conspiración judicial machista mundial contra las mujeres». «El problema es que los Jueces no saben leer». Quizá Pedro Sánchez sabía que sólo tenía que aguantar una semana hasta que empezase el Mundial de Qatar. Quizá nunca interesó realmente ni a los jueces, fiscales, ni a ningún partido político —y por tanto a ningún medio de comunicación— acabar con el hecho de que el Ejecutivo tuviese un poder omnímodo. Un sistema amparado por la Constitución y complementado con la Ley Orgánica del Poder Judicial de Felipe González. Tan añorado por quienes con su actuación «progresista» durante décadas nos ha llevado al resultado actual. Ahora escandalizados para limitar los daños del socialismo cultural, y por tanto de su responsabilidad, a eso que llaman sanchismo.

Tras los ataques del PSOE y Podemos a los Jueces por aplicar la ley del sólo sí es sí, propuesta por el Gobierno y aprobada por las Cortes que controla, todas las asociaciones judiciales emitieron comunicados llenos de palabras tan honorables como estériles por el desuso de quien ahora las recita. Un «ataque intolerable» a la «independencia judicial» y la «democracia». Resuena el vacío de una indignación que con el silencio y los ascensos ha normalizado la sumisión.

El peor delito contra la democracia, ésa que ahora reivindican sus señorías, acabó con sentencia condenatoria por el menor delito de sedición

He aquí algunas anomalías vividas y asumidas sin consecuencias. Periódicos financiados con fondos públicos han señalado nombres y caras de jueces que habían dictado una sentencia contraria a los intereses del Gobierno. Los medios ya explican cada decisión judicial con los votos «conservadores» y «progresistas». El presidente en tono de casting de película de Martin Scorsese aclaró en la radio pública que «la Fiscalía, ¿de quién depende?», la que ahora intenta salvar la ley que suelta a violadores. El juez Llarena, instructor del procés sufrió acoso en su domicilio durante todo el caso y apostó por una sentencia por rebelión. El peor delito contra la democracia, ésa que ahora reivindican sus señorías, acabó con sentencia condenatoria por el menor delito de sedición (ya en peligro de extinción), porque los jueces del Tribunal Supremo primaron emitir un veredicto por unanimidad. La forma que tenía la democracia para el mayor garante de la Justicia y la independencia judicial era la unanimidad. Entiéndase como la sumisión al voto de jueces nombrados por el sector «progresista». Ahora veremos el señalamiento de los jueces que no obedezcan a la Fiscalía y se empeñen en cumplir la Ley y la Constitución.

La soga al cuello que rodea al último resquicio de refugio de un Estado de derecho en España ha ido apretándose día tras día

Pero sobre todo se aplaudió el mayor acoso organizado institucional, mediático y callejero contra los jueces durante el caso de la Manada. Después de eso, no quedó legitimidad alguna para reclamar respeto por la independencia judicial desde ninguna instancia con voz y poder en la esfera pública. Ese acoso organizado fue apoyado por todo el feminismo, que llevó al poder a este Gobierno.

No pueden criticar ningún ataque al Poder Judicial mientras acepten ser «formados en género» para que sus sentencias no estén «viciadas de machismo». La soga al cuello que rodea al último resquicio de refugio de un Estado de derecho en España ha ido apretándose día tras día sin una reacción transformadora de un sistema de concentración de poder.

Quizá quienes afirman defender la democracia deberían abandonar sus testimoniales quejas por los ataques del Ejecutivo. Al Partido Popular le organizaron dos huelgas para reivindicar tanto mejoras salariales como en las dependencias de los juzgados, pero ninguno de estos ataques de ahora a su existencia como Poder Judicial ha planteado esta posibilidad por parte de las asociaciones que les representan. Podrían obligar a una reforma del sistema de nombramientos de los jueces.

El Ejecutivo ataca a los jueces porque los percibe como sus subordinados, nombrados para obedecer y facilitar un gobierno impune. Han olvidado el poder y la responsabilidad que tienen con los derechos y libertades de los españoles. Un Poder Judicial sin poder, de forma definitiva e irreversible. Un futuro irrespirable para ciudadanos y jueces que poco cambiará con unas elecciones.