El 25 de septiembre de 2013, gobernando en España el nunca suficientemente denigrado Mariano Rajoy Brey, Beatriz de Guindos, sobrina del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, fue nombrada directora de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El nombramiento se produjo en la primera reunión del Consejo del nuevo superregulador, resultado de la fusión de los seis organismos supervisores existentes hasta entonces, los más importantes de los cuales eran la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Conviene aclarar que Beatriz de Guindos ya era subdirectora de Competencia en la CNC, es decir, no era una paracaidista aterrizada en el organismo por iniciativa del divino dedo de Mariano o del propio De Guindos, y además estaba avalada por un currículo de primer orden. Una mujer de gran valía. A la hora de conformar su equipo, Beatriz cometió el error de elegir como nueva subdirectora de Industria y Energía a Micaela Arias Cañete, también funcionaria de la CNC pero hija del entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Y se armó la de Dios es Cristo. El PSOE, entonces en la oposición, puso pies en pared y denunció el nombramiento de Beatriz de Guindos de pucherazo y corrupción intolerable, en una campaña a la que se sumó el Orfeón Mediático Donostiarra del socialismo con su habitual entusiasmo a la hora de desparramar adjetivos.
El resultado fue que Beatriz de Guindos presentó su dimisión “irrevocable” como directora de Competencia de la CNMC al día siguiente de su nombramiento, 26 de septiembre, para “no perjudicar al organismo”. Para Beatriz no fue ningún problema esa renuncia porque contaba, cuenta, con currículum bastante para ganarse holgadamente la vida fuera del sector público y porque tenía un sentido de la dignidad o quizá un exceso de pudor, esa rara virtud que el diccionario de doña María Moliner define como “vergüenza de exhibir las propias fealdades o lástimas corporales o de otra clase. Decoro, recato, honestidad”. Vergüenza y pudor, pudor y vergüenza es precisamente lo que le falta a Nadia Calviño, a la sazón ministra de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha colocado a su marido, Ignacio Manrique de Lara, en Patrimonio Nacional, con un cargo creado específicamente para él, un cargo ad hóminem, nada menos que el de “coordinador de estrategia comercial y de márketing”, ya me dirán para qué necesita Patrimonio, organismo encargado de la gestión de los bienes históricamente vinculados a la Corona, a un supuesto experto en estrategia comercial y de márketing y con un sueldo estupendo de “alta dirección”. Doña Nadie ha colocado a su marido en un organismo que ahora dirige su íntima amiga Ana de la Cueva, que no solo es presidenta de Patrimonio Nacional sino que fue número dos de la propia Calviño en el Ministerio de Economía. Blanco y en botella.
Un escándalo de grandes proporciones revelado por El Mundo y al que se ha sumado este diario con notables aportaciones, pero que ha pasado desapercibido para los medios del Orfeón Alabancioso Sanchista, muy ocupados en denunciar conspiraciones golpistas en un Constitucional movido por “poderes ocultos”, en frase de Su Sanchidad. La mención de las irregularidades perpetradas en torno a un cargo hecho a la medida del caballerete y su posterior nombramiento darían pie a varios artículos, razón por la cual me limitaré a reseñar algunos de los titulares más llamativos aparecidos en ambos medios: “Altos cargos de Yolanda Díaz e Iceta seleccionaron al marido de Calviño como directivo de Patrimonio” (Juanma Lamet en El Mundo); “Patrimonio calca el currículum del marido de Calviño y le hace un traje a medida” (Mercedes Serraller en Vozpópuli); “Patrimonio ocultó información sobre el concurso a los que competían con el marido de Calviño” (Lamet en El Mundo); “Rebelión en Patrimonio: consejeros exigirán a la presidenta justificar el fichaje del marido de Calviño” (Serraller, en Vozpópuli); “La presidenta de Patrimonio adjudicó el cargo directivo al marido de Calviño sin hacerle entrevista personal previa” (Carlos Segovia, El Mundo); “Patrimonio informó al Consejo de la contratación de vigilantes pero no del marido de Calviño” (Serraller, en Vozpópuli).
No es Manrique de Lara quien debe decir no, quien debe irse, que por supuesto, sino su ilustre señora, primero su señora si un átomo de dignidad le quedara
La supuesta mamporrera (“despect. Persona que amaña algo en beneficio de otra”. RAE) de la operación ha sido la citada Ana de la Cueva, principal defensora desde su puesto como número dos de Economía de la inyección de 53 millones de euros en la aerolínea Plus Ultra, asunto que le obligó a dimitir al anunciarse la apertura de una investigación judicial al respecto. Pillada con las manos en la masa en asunto tan feo, Calviño la rescató del fuego poniéndole a la sombra tranquila de Patrimonio donde nunca había pasado nada… Hasta que llegó ella. Aparentemente obsesionada por luchar contra las corruptelas administrativas, bandera de la que presumía, De la Cueva ha ido a caer en la peor de ellas en su empeño por devolver el favor a su amiga. ¿Cómo han podido ser tan torpes ambas dos, o es que estamos ante una muestra más de esa osadía que distingue a la grey socialista y que no conoce límites? Porque Ignacio Manrique de Lara no era, no es, lo que se dice un desconocido, que su nombre había ya ocupado espacio de sobra en los medios a cuenta de su labor como conseguidor (leído en febrero de este mismo año: “La sociedad del marido de Calviño, Beedigital, cobra a pymes para acceder a los fondos UE que reparte su mujer”) de esos fondos Next Generation UE que precisamente apacienta su señora esposa como vicepresidenta y ministra de Economía.
Calviño, De la Cueva y Manrique de Lara componen el triángulo de un escándalo tras el que subyace la concepción patrimonialista que de lo público tiene el socialismo. El poder es suyo, por definición, y cuando lo ejerce la derecha estamos ante una anomalía intolerable a la que hay que poner remedio cuanto antes. Y si el poder es suyo, el Estado también, las instituciones, por supuesto, y el sector público entero, las empresas públicas convertidas en abrevadero de altos cargos en los que colocar a amigos y conmilitones con total desparpajo, sin mover una ceja, sin disimulo, a tumba abierta. Es verdad que, desde Álvaro Figueroa y Torres, más conocido como conde de Romanones, a esta parte, los Gobiernos de España han tenido tendencia a colocar a sus amigos en los puestos clave de la Administración y del sector público empresarial, una práctica que está en el origen de muchas corrupciones y del descrédito que por estos pagos goza la meritocracia. Famosa fue la colocación de los amigos de Aznar al frente de los monopolios privatizados por su Gobierno en 1996. Pero, en general, era gente con cierto pedigrí empresarial. El Gobierno González puso al frente del Banco Exterior de España, lo que luego sería Argentaria, a un tipo de la categoría de Paco Luzón, un banquero de la escuela de Pedro Toledo en el Banco Vizcaya.
Nunca el grado de desvergüenza llegó siquiera a rozar el alcanzado por el Gobierno Sánchez. El desparpajo llega al punto de que aquí y ahora se colocan los maridos/esposas de las/los ministros sin el menor rubor. El propio Sánchez colocó a su señora en el IE para tratar asuntos africanos de los que no tenía idea. Cuando Diego Alcázar pudo por fin quitársela de encima, su marido, a la sazón presidente del Gobierno, decidió crearle una “Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva” en la Complutense madrileña, cargo que compagina con otros negocios y con charlas en Atrevia como experta en “transformación social” y “marketing humanizado”. De modo que Calviño, cuando el escándalo persigue a su marido a cuenta de su papel en la concesión de fondos europeos que ella gestiona, lo pone fuera de la circulación y lo coloca en Patrimonio –hay quien sostiene que con el v/b del propio Sánchez, que sigue muy de cerca estos “detalles”- en la esperanza de que allí pase desapercibido. El marido de la ministra de Industria, Teresa Ribera, el señor Mariano Bacigalupo –con su padre en el punto de mira del juez García Castellón, Audiencia Nacional, por supuestas coimas cobradas en la solución del caso Sogecable- estaba en el Consejo de la CNMC dirimiendo asuntos eléctricos competencia directa de su señora. Con un par. Cuando el nivel del escándalo subió cual riada, su señora, al habla con Sánchez, lo sacó de la CNMC para colocarlo en la CNMV, sin idea del funcionamiento de los mercados financieros pero con un “sueldaco” de 180.000 euros. Las desgracias para España con este Gobierno siempre llegan en pareja. La constituida por Meritxell Batet, presidenta del Congreso, y Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia y nuevo magistrado del Constitucional por la gracia del Fraudillo Sánchez. O la no menos conocida formada por Dolores Delgado, ex FGE, y Baltasar Garzón, el millonario ex juez expulsado de la carrera judicial. Por la pareja hacia la fama… Y el dinero.
Calviño, De la Cueva y Manrique de Lara componen el triángulo de un escándalo tras el que subyace la concepción patrimonialista que de lo público tiene el socialismo
La lista de amigos/adoradores de Sánchez colocados al frente de las empresas públicas sería larga: Paradores, AENA, Indra, Enagas, REE (aquí la ex ministra Beatriz Corredor, amiga personal de “comandante”, con un sueldo de casi 550.000 euros año). El propio Sánchez ha colocado a su íntimo amigo, Juan Manuel Serrano, en la dirección de Correos, plantilla de 50.000 personas, sin la menor idea del negocio (pérdidas estimadas en más de 150 millones durante el ejercicio en curso). Este era el Gobierno que había venido a acabar con la corrupción. Para sacudirse el escándalo del dedazo de su marido, Nadia ha echado balones fuera aduciendo que se trata de “ataques personales” puesto que no pueden criticarle por su brillante gestión al frente de nuestra economía (España sigue siendo el único país de la UE que aún no ha recuperado su nivel de PIB prepandemia, cosa que no logrará hasta 2024). Lo que subyace detrás del comportamiento de esta señora en apariencia dulce, convertida en el último año en una auténtica hooligan de Sánchez al que ríe las gracias con servil desenfado sentada en el banco azul, es un grado de cinismo inaudito, una desenvoltura sin igual para pasarse cualquier tipo de convención o prejuicio de orden moral por la entrepierna. Blindada contra cualquier crítica. Carente del menor pudor. “Creo que a ninguno de los ministros de la democracia, ya sean del PP o del PSOE, se nos hubiera ocurrido colocar a nuestras parejas en un cargo público como ha hecho Calviño, hubiera sido inimaginable”, asegura un ministro que lo fue de Felipe González.
A la hora de escribir estas líneas, tarde/noche del viernes, salta la noticia de la renuncia de Ignacio Manrique de Lara a ocupar el cargo de experto en no sé qué en Patrimonio Nacional, premio gordo con el que había sido agraciado por el dedo divino de su divina esposa. No han podido soportar tanta vergüenza. Pero no es Manrique de Lara quien debe decir no, quien debe irse, que por supuesto, sino su ilustre señora, primero su señora si un átomo de dignidad le quedara, primero una Nadia Calviño a la que acaba de abandonar hasta su jefa de Gabinete, Judith Arnal, asqueada por todo lo que está viendo en el ministerio. Es Calviño, en efecto, quien no puede seguir un minuto más como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía tras un escándalo tan brutal, tan devastador, como el comentado. Nadia, hermosa, te tienes que ir porque te hemos pillado con el carrito del helado, y contigo tiene que salir pitando tu íntima amiga Ana de la Cueva, tiene que abandonar ya mismo la presidencia de Patrimonio Nacional, y tirando de lista la siguiente en irse a su casa debería ser la ministra de Energía, Teresa Ribera, del brazo de su señor marido, un Bacigalupo de los Bacigalupo argentinos de toda la vida, y, cursando aguas arriba, el gran responsable del desolado paisaje que hoy ofrece esta pobre España y su democracia herida: Pedro Sánchez-Pérez Castejón.