El Gobierno pagará con préstamos de la UE el millonario rescate a Plus Ultra

El Gobierno quiere destinar la adenda del Plan de Recuperación a sufragar el polémico rescate de 53 millones de la aerolínea Plus Ultra, un caso judicializado, con el consejo gestor de la SEPI que aprobó la ayuda, investigado, entre ellos, la exsecretaria de Estado de Economía y ex número dos de Nadia Calviño y ahora presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ahora en el punto del mira por el polémico fichaje del marido de Calviño con un contrato de alta dirección. Así lo muestra el proyecto de adenda que ha publicado este miércoles el Ministerio de Asuntos Económicos.

"Para movilizar los préstamos, está prevista la utilización de doce fondos, que permitirán ir gestionando la deuda correspondiente: ocho nuevos fondos y cuatro creados desde 2020, para cubrir los desembolsos de los Fondos SEPI y Cofides para ayudas a la solvencia de las empresas afectadas por la covid desde febrero de 2020 y la financiación de los Fondos Next Tech y RED", plantea el borrador.

En este sentido, fuentes gubernamentales ven "mucho sentido a que las empresas estratégicas y fundamentales que, más que rescate, recibieron el apoyo del fondo de la SEPI, puedan recibir préstamos de la adenda".

Las mismas fuentes explican que "el marco temporal de ayudas de estado que daba cobertura a estos fondos acabó el pasado 30 de junio, lo que aquí se hace es proporcionar financiación a largo plazo a fondos ya utilizados".

Los fondos de rescate de empresas afectadas por la pandemia de la SEPI y Cofides han financiado a 119 compañías empresas con 4.000 millones de euros, precisamente la cuantía que la adenda asigna a estos fondos. El Fondo de la SEPI, dotado con 10.000 millones, ha concedido préstamos por valor de 3.250 millones a 30 empresas.

El de Cofides, dotado con 1.000 millones, ha aprobado préstamos por valor de 779 millones a 89 compañías. Cataluña es la comunidad con mayor número de empresas rescatadas, 26, entre los dos fondos.

Además de De la Cueva, están investigados por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones Bartolomé Lora (entonces presidente en funciones de la SEPI); Pilar Paneque, subsecretaria de Hacienda; Raül Blanco, secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, y Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía.

84.000 millones en préstamos UE sin contar con CCAA ni empresas

España movilizará en la adenda el total de préstamos a los que puede acceder, hasta 84.000 millones de euros, que se canalizarán a través de préstamos mediante 12 fondos, entre ellos, el de la SEPI y Cofides, el Fondo para Comunidades Autónomas, con una dotación de hasta 20.000 millones, y hasta 15.000 millones de euros en préstamos, canalizados a través del ICO para inversiones en energías renovables.

Todo esto se va a pedir, casi un año más tarde de lo que se anunció, en el último año de legislatura, con plazos de adjudicación en agosto cercanos ya al periodo electoral y a caballo de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Los próximos gobiernos, central y autonómicos, recibirán en herencia un alud de proyectos y préstamos comprometidos.

Pues bien, comunidades y empresas han mostrado su malestar por haberse enterado por los medios de comunicación de estos detalles. Ha habido encuentros de las automomías con Calviño, en los que le han trasladado qué proyectos plantean para la adenda, pero no han recibido información alguna al respecto.

La vicepresidenta primera comparece este jueves en el Congreso para informar de la adenda, pero hay cada vez más voces que consideran que la adenda debería debatirse y votarse en el Parlamento. "Una vez más el Gobierno se apropia de unos fondos que son para el conjunto de los españoles. Los 84.000 millones computarán como deuda y los ejecutará este Gobierno y el siguiente. Lo mínimo es llevarlo al Congreso a debate y aprobación", ha tuiteado Santiago Sánchez, coordinador de Economía del Consejo Político del PP-CLM.

El PNV llegó a condicionar en junio su apoyo a la adenda a la participación de los grupos parlamentarios y las CCAA en su diseño. Finalmente, ha llevado al Congreso esta semana una moción instando al Gobierno a agilizar la distribución de los fondos europeos.

Las comunidades serán responsables de estos préstamos y entienden que será voluntario asumirlos. Fuentes gubernamentales han trasladado que si hay impago, "deberán devolverlos al Tesoro". El Fondo de las CCAA estará a disposición de las CCAA para que puedan presentar proyectos. Las comunidades hubiesen deseado transferencias directas y, con relación a este Fondo, entienden que estarán en su derecho de presentar, o no, proyectos.

Andalucía ha denunciado que "el Gobierno no ha dado participación a las CCAA en el diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia". A pesar de ello, la Junta de Andalucía remitió en diciembre de 2020, hace dos años, una propuesta estratégica en torno a 10 ejes de actuación, que contemplaba 150 proyectos por valor de 35.480 millones de euros. "No hemos tenido, dos años después, respuesta del Gobierno de la nación", lamentan. El pasado 26 de julio, la vicepresidenta primera pidió a la Junta propuestas para la adenda.

El Gobierno andaluz ha vuelto a remitir al Ministerio las fichas de los proyectos que presentaron a finales de 2020, "confiando que en esta ocasión nos pueda transmitir información sobre el devenir de los proyectos enviados, así como su encaje en el plan o en la adenda, y hemos ampliado nuestra propuesta con 91 proyectos más, que suman 7.753 millones de euros. En total, hemos presentado al Gobierno de España 241 proyectos que suman 43.233 millones para que sean financiados con los fondos Next Generation".

A su vez, las empresas no han sido convocadas. Este martes, Calviño contó el borrador de adenda a los ministros, pero no ha reunido a los agentes sociales como solía hacer.