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Opinión

Memoria (e ignorancia) histórica

Ese alcalde ha puesto en su sitio al intrépido senador, desconocedor de cómo se las gastan en Tierra de Pinares

Memoria (e ignorancia) histórica
Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo en el Congreso. Europa Press

En la perezosa tarde del domingo, estreno del invierno y la nueva variante -con nombre de reloj- haciendo estragos en las estadísticas, saltó como un resorte una información del Diario de Valladolid, con el título “Camporredondo se defiende”. Poco tardaron las raudas redes en diseminar la noticia. Con trece letras, Camporredondo (Valladolid), es el municipio español con el nombre más largo de una sola palabra. Situado en la comarca de Tierra de Pinares, en plena meseta castellana, cuenta con 155 habitantes.

Desde antiguo, su economía está asentada en el cultivo de cereales, al que recientemente, se han unido la patata y el ajo. La actividad empresarial del municipio no es aún verde ni digital y se compendia en: un almacén mayorista de patatas, una pequeña empresa de construcción y una empresa de transportes por carretera. La iglesia parroquial, una construcción gótica que data del siglo XIII; una necrópolis en un antiguo castro y un museo, «La Perdiz», donde se expone la vida rural de tiempos pasados. El alcalde de Camporredondo, Javier Izquierdo García, pertenece al Partido Popular y el patrón de la localidad, San Isidro Labrador.

Carles Mulet García se jacta de ser uno de los senadores más activos, con miles de iniciativas presentadas, la mayor parte peticiones para retirar calles

Carles Mulet García (Castellón de la Plana, 46 años), desde 2015 senador por el partido Compromís, es Licenciado en Humanidades por la Universidad Abierta de Cataluña y durante años formó parte del Consejo Político Federal de Izquierda Unida. Se jacta de ser uno de los senadores más activos, con miles de iniciativas presentadas, la mayor parte peticiones para retirar calles -que él considera franquistas- en los pueblos de España.

A instancia del parlamentario levantino, la presidenta del Senado -ahora ministra de Justicia- envió al ayuntamiento de Camporredondo un requerimiento de información, sobre la nomenclatura de la Calle Calvo Sotelo, en ese municipio. La intimación se apoyaba en un trabajo de investigación del Gran Tour del Franquismo, final de un Máster en Diseño de la información y Visualización de Datos -cursado en el centro Shifta by Elisava, adscrito a la Universitat Pompeu Fabra- y redactado por un creativo publicitario que reside fuera de España.

La respuesta del alcalde arranca con una aclaración previa: el Concejo cuenta con una funcionaria (secretaria-Interventora) que va un día a la semana y 5 concejales (3 PP - 2 PSOE) que no perciben retribución alguna.Sigue con una recriminación: “El atrevimiento de enviarnos un requerimiento por estar incumpliendo la Ley 52/2007 de ‘Memoria Histórica’ por la nomenclatura de un vial municipal”.

Nulo de pleno derecho

Y anticipa que el consistorio no ha tomado ni va a tomar en el futuro acuerdo alguno al respecto, dado que ello supondría adoptar un acto contrario al ordenamiento jurídico, es decir, nulo de pleno derecho.

Dada la ignorancia y falta de rigor histórico del trabajo (¡ay los masters!), la carta recrimina al senador, el olvido de no especificar qué Calvo Sotelo incumple la Ley 52/2007, ya que “existen dos posibles personas que merecen el nombre de un vial en cualquier municipio no solo de España sino también de cualquier país que se considere democrático”.

El expresidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo -entre febrero de 1981 y diciembre de 1982- y su tío, José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda en 1925, diputado de Renovación Española en las elecciones de 1933, amenazado de muerte en sede parlamentaria y asesinado a tiros por un matarife progresista, en la madrugada del 13 de julio de 1936.

Al primero de ellos, mi inolvidable maestro y querido amigo, el alcalde objeta: “No podríamos adoptar el acuerdo que nos solicitan porque la Ley de Memoria Histórica sólo se debe aplicar a los protagonistas de la sublevación militar del 18 de Julio de 1936, de la Guerra Civil o del Régimen del General Franco”.  

En el caso de José Calvo Sotelo -asesinado cinco días antes del golpe militar, cuando lo llevaban ilegalmente detenido, en una camioneta, desde su casa a la Dirección General de Seguridad- no fue uno de los protagonistas de la sublevación del 18 de Julio de 1936, porque “ya estaba muerto”.

Les pide en su escrito que dejen su escaño y el dinero que perciben se dedique a satisfacer las necesidades de los ciudadanos y resolver los muchos problemas que los aquejan

El epílogo de un escrito tan atinado, que podría rubricar un letrado con galones, afea a la presidenta del Senado -destinataria de la carta- al hiperventilado senador y a cualquier otro miembro de la Mesa de la Cámara, no haber adoptado acuerdo alguno para defender la memoria de las más de 800 víctimas de la banda terrorista ETA y, en definitiva, la Memoria de este gran país.

Hace votos para que “sus próximos acuerdos, relativos al cumplimiento de la Ley 52/2007, tengan una fundamentación estrictamente legal e histórica que no conlleve una pérdida de tiempo como es este escrito de contestación” y les pide que dejen su escaño y el dinero que perciben se dedique a satisfacer las necesidades de los ciudadanos y resolver los muchos problemas que los aquejan. Y antes de negarle el saludo “que no merecen”, formula un ruego para que las Cortes velen por que no se intente manipular, con fines políticos, la historia de España.

Cuánto hubiera disfrutado ese maestro de la ironía, autor de Celtiberia Show, que fue Luis Carandell -cronista parlamentario del Senado- con el ingenio y la contundencia de este alcalde de la España vaciada que ha puesto en su sitio al intrépido senador, desconocedor de cómo se las gastan en Tierra de Pinares, cuando, en un alarde de ignorancia funcional, el otro hace el ridículo.

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