En las dos últimas semanas, los jubilados se han manifestado para exigir una mejora en sus pensiones. La razón principal es la protesta ante la raquítica revalorización de las mismas, por segundo año consecutivo, en un 0,25%, y que queda claramente por detrás del aumento del IPC. Rápidamente, algunos partidos aprovecharon para posicionarse a favor del colectivo de jubilados, haciendo suyas la reivindicación, con el objetivo claro de agasajar a una porción importante de los dueños de los votos que, en no mucho tiempo, participarán en las siguientes citas electorales.
El déficit de la seguridad Social ya es la mitad del total de las AAPP
¿Qué supone aceptar tal reivindicación? Para construir una respuesta satisfactoria a esta pregunta es necesario, primero, enarbolar un argumento basado en datos. Así, en primer lugar, el déficit del Sistema de la Seguridad Social alcanzará en 2017, muy probablemente, algo más de los 18.000 millones de euros, el 1,55% del PIB, ligeramente menor que en 2016, pero todavía la mitad del déficit total del año para el conjunto de las Administraciones Públicas. Mientras otras administraciones ajustan, la Seguridad Social mantiene su desequilibrio. Es como si el resto de administraciones financiaran indirectamente a esta. Ante una restricción presupuestaria, nuestras preferencias eligen dónde queremos estar. Y ahora parece que queremos estar donde digan los jubilados. Y estas preferencias suponen que hubo que financiar esos 18.000 millones de euros a partir de préstamos desde otras administraciones. Este déficit es el resultado, como saben muy bien, de unos gastos que en los últimos años aumentan vigorosamente frente a unos ingresos que, aunque batiendo records, en los últimos años no han conseguido seguir el ritmo de aquellos.
El peso del gasto en el PIB
El gráfico que se presenta a continuación, y que pertenece a un trabajo que se presentado en enero de 2017 por el Banco de España, explica qué factores han elevado o reducido el peso que el gasto en pensiones tiene sobre el PIB desde los años ochenta. Las columnas en positivo son las que impulsan el peso, mientras que las que se presentan en negativo son las que lo reducen. Como pueden comprobar, los dos factores que impulsan este gasto relativo son el aumento de la pensión media sobre el salario medio y la tasa de dependencia, ratio de pensionistas por ocupados.
Respecto al ratio pensión/salario, el siguiente gráfico muestra esta evolución desde inicios de la crisis. Salvo los primeros años, momento en el cual los salarios medios crecieron con intensidad, principalmente por un efecto composición y el arrastre de los compromisos adquiridos por convenios en vigor, desde 2010 la pensión media en relación al salario medio ha crecido con intensidad. La razón es conocida por todos: los nuevos pensionistas acceden a su nueva condición con mayores derechos adquiridos, mientras que los salarios ha evolucionado deficientemente.
Respecto a la tasa de dependencia, su aumento viene determinado por dos factores. Uno de ellos, a largo plazo, y cuya explicación es meramente demográfica y relacionado con la estructura de la pirámide poblacional. Diversas estimaciones nos indican que dicho ratio de dependencia aumentará considerablemente en las siguientes décadas. Según el propio informe del Banco de España pasará del 30% actual (una pensión por cada 3 personas de entre 16 y 64 años) a un máximo del 70%, en el escenario más probable, en 2050. Este resultado es cercano al estimado por la OCDE, y que sitúa la tasa de dependencia española como la más elevada de entre todos los países en dicho año, muy cerca del 80%.
El segundo elemento es cíclico. En recesiones es habitual que el flujo desde la ocupación o desde el desempleo a la jubilación se eleve, motivado por la posibilidad de acogerse a una situación de estabilidad que otorga un sistema público de pensiones a pesar, en muchos casos, de pagar con descuentos en la pensión final. Por ejemplo, según datos del Sistema de la Seguridad Social, en 2008 hubo 269.700 altas en pensiones de jubilación. En 2013 las altas fueron de 314.200, un 16,5% más. Sin embargo, a partir de 2014 las altas se estancan, oscilando entre los 289.000 de 2015 y los 309.000 del año pasado. La mejora de la situación económica puede estar frenando este acceso, aunque no hay que descartar que ayude también la subida paulatina de la edad de jubilación, con, de momento, consecuencias mínimas. Por el contrario, la incertidumbre sobre posibles ajustes mayores en pensiones puede estar elevando el acceso a la jubilación, en cuanto este sea posible, para asegurar una pensión mínima.
Busquemos soluciones a largo plazo, no contentar a corto
Ante este escenario, legislar a golpe de manifestación es peligroso. Es absolutamente necesario el planteamiento de una reforma global del sistema en el marco del Pacto de Toledo, como ya se ha explicado en otras ocasiones (aquí) y que, con vistas al largo plazo, asegure el sistema. Ofertar hoy subidas de pensiones que supongan mayor presión sobre el sistema, como el propuesto 1,6% supone, según todos los datos anteriores y cálculos afinados, elevar el gasto en casi 2.000 millones de euros más para este año, y que se acumularía en los siguientes. Según Fedea, acomodar la evolución de las pensiones al IPC, en lugar de al IRP, Índice de Revalorización de Pensiones, implicaría subir el IRPF un 36% para poder financiarlo. Seguir por esta senda lleva, o bien a exigir más recursos (una posibilidad que no debemos descartar), o a detraer recursos de otras políticas (de nuevo las preferencias de una sociedad que vota cada cuatro años). Nuestro problema es a largo plazo, por lo que ajustar la política de pensiones dependiendo de cómo fluya el viento en la calle o de “trending topics” en las redes sociales, es un grave error. Ha llegado el momento de ser responsables. ¿Estaremos a la altura?
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