Recién acaba de publicar el Banco Central Europeo un estudio sobre el uso de los diversos medios de pago utilizados en el transcurso de 2019, pudiendo observarse, sólo en la zona del euro, un importante crecimiento del comercio online en 12.000 millones, hasta alcanzar la cifra de 834.000 millones de euros.

Descendiendo a los datos nacionales, cabe destacar que el año pasado las compras “online” representaron en España un 59%, situándose en el tercer puesto de la Eurozona, sólo por detrás de Irlanda con un 62% y de Luxemburgo con un 61%.

Estos datos dan muestra del impacto que el uso de la tecnología y, en particular, la interconexión de millones de usuarios a través del universo “online” está teniendo sobre el consumo, especialmente en España.

Exacerbados por la irrupción de la pandemia, los pagos electrónicos constituyen la clave de bóveda para asegurar, a golpe de “click” o de “dedo”, la continuidad de la demanda, y por ende, el sostén de la actividad económica sin poner en riesgo la seguridad y la salud de las personas.

En 2020 las compras online van a representar en España el 59% del total, situándose en el tercer puesto de la Eurozona, sólo por detrás de Irlanda con un 62% y de Luxemburgo, con un 61%

Desde un punto de vista regulatorio, la UE viene dedicándose con gran empeño a garantizar la seguridad de las transacciones, con la entrada en vigor prevista para el 1 enero de la Autenticación Reforzada, cuya aplicación será obligatoria para las compras “online”.

Requerirá para la mayoría de los pagos electrónicos que los consumidores autentiquen al menos dos de los tres elementos siguientes: algo que conozca el usuario (una clave o contraseña), algo que posea (como puede ser su tarjeta de pago) y algo inherente al usuario (como, por ejemplo, su huella dactilar).

En principio, aunque sobre el papel todo parezca correcto, nos preguntamos: ¿Están Europa y, en particular, España preparadas para aplicar los estándares técnicos de seguridad requeridos? En teoría deberían estarlo, pues se concedió a la industria una moratoria de un año y tres meses (la entrada en vigor de la Autenticación Reforzada se fijó en un inicio para septiembre del pasado año). Sin embargo, la crisis de la Covid-19 ha afectado también a la planificación prevista.

¿Qué ha sucedido en 2020? En palabras de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la pandemia ha provocado que se dispare el comercio online un 62%. El lector podrá con facilidad inferir que está tendencia seguirá in crescendo.

Sin consenso sobre la fiabilidad del sistema

En consecuencia, en el transcurso de los últimos meses, el esfuerzo de la industria se ha centrado mayoritariamente en garantizar la estabilidad de la cadena de pagos para soportar el gran aumento de la demanda en el comercio online, habiéndose tenido que retrasar las pruebas de los estándares de seguridad que se han de aplicar, y el consiguiente interrogante en toda Europa de si podrán los nuevos sistemas de seguridad responder correctamente a partir del 1 de enero.

Así, estos últimos meses han devenido en un frenesí de reuniones entre los bancos centrales de los diversos Estados miembros y su sistema bancario, los esquemas de tarjetas, procesadores, proveedores de servicios de pago y comercios, sin -desafortunadamente- haberse alcanzado suficiente consenso sobre la robustez y fiabilidad de los mecanismos previstos para que las compras online funcionen correctamente.

Ante tal incertidumbre, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Reino Unido y Suecia se están planteando fórmulas diversas para una aplicación progresiva de los nuevos protocolos de seguridad, de acuerdo al principio de precaución, muy asentado en el acervo de la Unión Europea para garantizar la protección de sus consumidores. Mientras tanto, sorprende observar que en España, por el momento, no haya previsión alguna a este respecto.

La pandemia ha obligado a retrasar las pruebas de los estándares de seguridad, lo que aconsejaría una aplicación progresiva de los nuevos protocolos de seguridad de acuerdo al principio de precaución

Una aplicación estricta de la norma podría suponer un aumento de transacciones declinadas, así como de tasas de abandono. También cabe destacar que mientras en otros países los bancos centrales han lanzado campañas informativas a los consumidores explicando los cambios que van a suponer estos nuevos estándares de seguridad, como es el caso de Portugal, en una reciente encuesta realizada por una organización de consumidores, se constata el elevado nivel de desconocimiento en España.

Por tanto, en plenas fechas de compras navideñas y ulteriores campañas de rebajas, el efecto tan positivo de las compras “online” para preservar el buen funcionamiento de los mercados, puede verse truncado en nuestro país si no se aplaza su entrada en vigor o, cuando menos, se garantiza la aplicación progresiva de estos nuevos sistemas de seguridad, como de hecho van a hacer los principales países de la UE.

El comercio online ha demostrado ser uno de los más importantes motores del consumo, más ahora con la pandemia, por lo que no podemos permitirnos fallar aquí.