En España, bajo la égida del presidente Pedro Sánchez a quien tanto debemos, además de las agresiones de los poderes oscuros y de sus terminales mediáticas que quisieran quebrarle como acaba de denunciar, se expande incesante una peligrosa pedagogía social según la cual quienes plantean sus reclamaciones con impecable civismo, sin alterar el orden público, sin incendiar contenedores, sin ocupar la vía Layetana, sin cortar carreteras ni autopistas, sin interrumpir vías férreas ni bloquear aeropuertos, compareciendo de modo pacífico para presentar sus denuncias en comisaría, sus demandas en el juzgado o sus exigencias allí donde corresponde que se dé cumplimiento a las sentencias de los Tribunales que hubieren recaído sobre sus pretensiones, resultan ignorados por completo, como si sólo merecieran ser atendidos aquellos que prefieren el recurso al energumenismo, a la percusión pasada de decibelios y a la transgresión abierta de toda clase de disposiciones legales.
Pero, como escriben en su nota los amigos de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ningún Decreto Ley ni ninguna Ley ordinaria, tampoco las emanadas del Parlament puede dejar sin efecto el marco constitucional en Cataluña por lo que se refiere a la aplicación del régimen lingüístico en los centros educativos catalanes. Los Tribunales lo saben y el Gobierno de la Nación también. Por ello, se hace preciso, señala la AEB, que el Gobierno de España asuma su obligación no solo de cumplir, sino de hacer cumplir la Constitución, para lo que en su opinión deberá:
- Impugnar ante el Tribunal Constitucional el Decreto ley 6/2022 y la Ley 8/2022.
- Requerir a la Generalitat para el abandono de su rebeldía y
- Adoptar las medidas necesarias para que el catalán y el castellano sean ambas lenguas vehiculares y de aprendizaje en las escuelas catalanas y dicte las medidas constitucionalmente previstas para reconducir a la legalidad la situación.
Con una mesura y educación dignas de encomio, con buen porte y buenos modales que deberían abrirle puertas principales, la AEB apela a todos los actores políticos y sociales para que asuman su compromiso ante el conflicto generado por la manifiesta voluntad de la Generalitat de Cataluña de mantener la exclusión del castellano como lengua vehicular y de aprendizaje. Se trata, a su parecer, de uno de los más graves desafíos que nuestra democracia ha tenido que soportar. Porque el Gobierno de la Generalitat, con la complicidad aparente del Gobierno de España, desoye a los tribunales y a la Constitución. De modo que, más allá del régimen lingüístico en los centros educativos, el comportamiento de las instituciones catalanas pone en peligro, otra vez, los fundamentos de la democracia en España.
