Pasó el proceso electoral catalán y cuarenta y tres años después de aprobada la Constitución española, seguimos inmersos en un sinsentido territorial, consecuencia directa de la falta de lealtad de los menos con los más. La Constitución española, además de un instrumento que garantiza la vida democrática de los españoles, fue un acuerdo leal para la convivencia en la diversidad.
Lealtad hubo -y hay- en la mayoría de los españoles cuando acordamos una amnistía que permitió volver a la libertad a quienes legítimamente lucharon contra la dictadura y a quienes lo hicieron desde la violencia y desde el terrorismo. Nuestro error estuvo en creer que los segundos peleaban por los mismos objetivos que los primeros. No era así. Los terroristas aprovecharon nuestro sentido democrático para responder deslealmente, volviendo, desde la libertad concedida, al asesinato y a la masacre. Fue un tremendo error. Pensábamos que con el fin de la dictadura se acababa el terrorismo etarra. Hoy sabemos que no fue así. Fueron doblemente canallas. Canallas porque siguieron matando sin que avisaran de su sanguinaria intención cuando la democracia les abrió la puerta de la libertad. Y canallas porque nunca explicitaron que entre dictadura y democracia no veían diferencias para sus sanguinarios fines.
Y lealtad hubo en la mayoría de los españoles cuando impulsamos un acuerdo que descentralizaba al Estado y reconocía, amparaba y protegía legal y políticamente la diversidad cierta de los distintos territorios que conforman España.
Y desde esa lealtad y desde esa convicción, los españoles hemos sido capaces de hacer avanzar a nuestro país como nunca lo había hecho a lo largo de su historia democrática. Cualquiera que haya sido el Gobierno central, España ha avanzado significativamente en estos años de periodo democrático. No es exagerado afirmar que en estos cuarenta y tres años a España le ha ido bien cualquiera que haya sido su gobierno.
Algunos dirigentes territoriales aceptaron la Constitución y la amplia descentralización política y administrativa, ocultando su futuro secesionista y su deslealtad con los españoles
Y si acaso se compartiera esta afirmación, ¿cuál es la razón que les asiste a algunos para pretender alterarlo todo de una manera irresponsable? De nuevo la deslealtad de algunos viene a dar respuesta a ese interrogante. De igual forma que los etarras aceptaron la amnistía de la democracia ocultando su futuro criminal y su deslealtad con los españoles, algunos dirigentes territoriales aceptaron la Constitución y la amplia descentralización política y administrativa, ocultando su futuro secesionista y su deslealtad con los españoles.
Ocultaron su instinto criminal
Fue un error considera antifascistas a los terroristas y fue un error considerar leales con una nueva concepción de España a los nacionalistas periféricos. Ni unos ni otros expresaron con valentía su condición. Los asesinos ocultaron su instinto criminal y los nacionalistas periféricos ocultaron su instinto independentista.
A los primeros se les persiguió y venció. A los segundos se les soporta más o menos en función de la coyuntura electoral. La correlación es exacta: a partidos estatales con mayoría absoluta, partidos nacionalistas con poderes limitados a la hora de decidir el futuro de los españoles. A partidos estatales con mayoría minoritaria, partidos nacionalistas lanzados en post de objetivos desmembradores.
Hicimos, al inicio de la democracia, una ley electoral con la intención leal de que todo el mundo pudiera sentirse cómodo en el nuevo Parlamento español, sobrevalorando la representación de los nacionalistas que habían dado por aceptable el nuevo modelo territorial. Cuarenta y tres años después, somos muchos no nacionalistas los que nos sentimos incómodos por la utilización grosera que las minorías nacionalistas hacen de su raquítica fuerza para obligarnos a caminar por un camino que no deseamos.
Desde una concepción constitucionalista del Estado, estamos en condiciones de exigir de los máximos representantes de los partidos de carácter estatal, de Pedro Sánchez, de Pablo Casado, de Pablo Iglesias, de Inés Arrimadas, de Santiago Abascal, que articulen un gran acuerdo que ponga coto definitivamente al enorme poder que la coyuntura electoral concede inmerecida e innecesariamente a los partidos de ámbito territorial limitado.
La Cámara de la representación de la soberanía española se ha convertido, por causa de la deslealtad, en la Cámara de los intereses territoriales. Vivimos en un país en el que el Congreso es el Senado y el Senado no es nada
El Congreso de los Diputados debe ser el sitio donde nuestros representantes sientan en su cabeza y en su corazón el peso de la representación del conjunto de la ciudadanía española. La Cámara de la representación de la soberanía española se ha convertido, por causa de la deslealtad, en la Cámara de los intereses territoriales. Vivimos en un país donde el Congreso es el Senado y donde el Senado no es nada.
España es un gran país. En cuarenta y tres años de democracia constitucional los españoles hemos recorrido un camino que, los que lo ven, aún andan restregándose los ojos para salir de su asombro. Es una irresponsabilidad apartarse de esta senda por puros intereses electorales o por intereses secesionistas que tanto nos dañan y nos anquilosan.
Voluntad política
Sé que este tipo de petición me supondrá la inquina de quienes no me perdonan mi concepción de España. Sé que con peticiones como esta mi valoración política y personal se verá degradada por los supremacistas que se consideran poseedores de la verdad absoluta. Mi conciencia siempre estuvo por encima de mis intereses, y sigue estándolo. Ya dije que mientras estuviera en la política activa combatiría lo que considero perjudicial para nuestro futuro como españoles. Y que cuando dejara de estar en activo, también lo combatiría. Nunca podía evitar imaginar a mi país sin terrorismo etarra y sin nacionalistas periféricos. La imaginación dejó de volar en lo que al terrorismo etarra se refiere. Sigue volando respecto a los nacionalistas periféricos que dejaron atrás su nacionalismo para alinearse radicalmente con el independentismo.
“El terrorismo etarra requiere solución política”, decían quienes no confiaban en la fortaleza del Estado para ganar ese desafío. Lo mismo dicen quienes se niegan a respetar la Constitución y la voluntad mayoritaria de los ciudadanos españoles. La secesión no se sostiene en la simple voluntad de separarse, sino en la ausencia de democracia o de violación de los derechos humanos. Si hay democracia, no cabe la secesión. Más exactamente, la secesión hace imposible la democracia: si alguien se marcha porque no le gusta lo que se decidió entre todos, esa decisión ni es legítima ni democrática. Nuestra obligación es impedirla.
