Hace unos días, cuando PSOE y Sumar (antes Podemos) hicieron público el pacto de gobierno para esta legislatura, saltó la noticia: “Calviño pierde la batalla frente a Ribera”. Dicho pacto, que al parecer la vicepresidenta primera del gobierno desconocía, incluye la segregación de las competencias energéticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y su atribución a un organismo de nueva creación.
La prensa se focalizó en la jugarreta de Ribera a Calviño de usar a Sumar para colarnos de rondón otro poquito más de burocracia, sin atender demasiado a las razones y circunstancias que inspiran la reforma. En paralelo, el marido de la pícara ministra -que durante cinco años ha ocupado una silla de consejero en la CNMC- iniciaba en redes sociales un debate defendiendo la iniciativa de su esposa.
La CNMC es un organismo público creado en 2013 y que unifica la autoridad de competencia con las funciones de regulación y supervisión sectorial en materia de energía, telecomunicaciones, transportes, comunicación audiovisual, actividad postal y tarifas aeroportuarias. Evidentemente, todas las funciones que asumió la CNMC ya se ejercían antes por otros organismos y, diez años después de su creación, tampoco se aprecia una mejora o empeoramiento significativo en dicho ejercicio, como consecuencia del cambio de modelo organizativo.
¿Por qué surgen estos organismos “autónomos”?
Estas agencias públicas, ajenas al gobierno y cuya misión es ponerle límites, tienen origen en las independent regulatory commissions norteamericanas, donde la arquitectura política e institucional es radicalmente diferente a la del viejo continente. Allí cuentan con una independencia real, que trasciende los sucesivos gobiernos y no están restringidas a la regulación de sectores económicos (véase). La realidad es que estos organismos no forman parte de nuestro acervo político, ni tampoco del de la Europa continental, que los ha asumido con fruición.
En Europa, y particularmente en España, estos organismos no son sino malas copias de aquellas agencias anglosajonas, adaptadas a unos sistemas políticos de los que nunca han formado parte y que suelen introducir numerosas distorsiones. Para empezar, el control político y democrático es muy débil y queda circunscrito al trámite de nombramientos y a alguna comparecencia parlamentaria esporádica. En muchos casos, se trata solo de mostrar una apariencia independiente y en otros lo único que se consigue es una guerra por las competencias.
¿Qué pretende el gobierno con este nuevo regulador?
No parece, a diferencia de la creación de la CNMC en 2013, que detrás de esta propuesta haya un análisis global de los reguladores sectoriales, sino que se trata más bien de una componenda entre la ministra Ribera y Sumar para arrebatarle competencias a una compañera a la fuga. El citado acuerdo de gobierno justifica la segregación del regulador energético para dotarlo de “recursos adecuados”, para la “modernización de la regulación”, para conseguir la “neutralidad climática” y para “reforzar capacidades de inspección”. Probablemente, no le hayan dedicado demasiado tiempo a la redacción del párrafo, pero ninguna de estas justificaciones se soporta.
Respecto a la modernización regulatoria, no hay que olvidar que la iniciativa legislativa principal recae en el ministerio competente y en el gobierno, ya que la capacidad normativa del regulador es la de menor rango, la más técnica y la de mayor detalle; es decir, la menos estratégica. Igualmente conviene recordar las férreas competencias que tiene la UE en energía.
Todo apunta a que este nuevo organismo va a tener un nuevo presidente, un nuevo vicepresidente, un nuevo consejo con varios nuevos consejeros, algunos nuevos directores generales y el mismo personal que ahora tiene la CNMC adscrito a dirección de energía
En relación con las facultades de inspección, basta con una lectura del actual artículo 27 de la Ley que regula la CNMC, en dónde se le atribuye un enorme margen de maniobra. Los inspectores habilitados tienen potestad para el acceso y precintado de sedes y locales, el acceso y retención de documentación y el acceso a cualquier empleado de la compañía investigada; así como la obligación por parte del inspeccionado de soportarlo y facilitarlo. Es complicado añadir alguna facultad adicional, sin vulnerar los principios básicos de la democracia y del estado de derecho.
En relación con los recursos adecuados, la CNMC elabora y aprueba, insisto, aprueba, su propio anteproyecto de presupuestos. Evidentemente, la última palabra la tiene el Parlamento, como no podía ser de otra manera en una democracia. Es cierto que este superregulador siempre se ha quejado de falta de recursos, sin embargo, ésta se concentra en la materia de competencia de los mercados y no en energía.
Además de que una hipotética dotación extra de recursos no requiere un nuevo organismo. Vamos, que todo apunta a que este nuevo organismo va a tener un nuevo presidente, un nuevo vicepresidente, un nuevo consejo con varios nuevos consejeros, algunos nuevos directores generales y el mismo personal que ahora tiene la CNMC adscrito a dirección de energía.
¿Impacto en la neutralidad climática?
Finalmente, ¿alguien puede afirmar sin sonrojarse que la segregación del regulador energético tiene algún impacto, per se, en la neutralidad climática? Entiéndase por neutralidad climática la neutralidad de emisiones. A mí, que me lo expliquen.
A priori ninguno de los dos modelos, regulador único o regulador múltiple, es significativamente mejor. Cada uno tiene ventajas y ventajas y, realmente, ninguna de ellas es sustancial a efectos de decantarse por uno u otro modelo. Como mencionaba, lo verdaderamente relevantes es que estas agencias suelen introducir notables distorsiones, sea en el formato único o múltiple, por no ser propias de nuestro acervo político e institucional.
Dado que es el modelo adoptado por la UE, asumo que tengo la batalla perdida, por lo que solo me queda pensar mal de cualquier iniciativa que conlleve la creación, eliminación o transformación de estos organismos. No es lo que hacen, es por qué lo hacen.
Francisco Ruiz Jiménez ha sido consejero y miembro del comité de dirección del grupo REDEIA
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