El pasado 17 de octubre el Consejo Europeo llegó a un “acuerdo” para presentarle al Parlamento Europeo la última propuesta de reforma del mercado eléctrico. Y escribo “acuerdo” entre comillas porque realmente lo que aflora es la idea de una agrupación de mercados plurinacionales, cada uno con sus propios intereses. Nos alejamos así de aquel mercado único europeo, eficaz, eficiente y descarbonizado, que la Comisión presentó en 2016 bajo título “Energía limpia para todos los europeos”.
Los principales ejes del “acuerdo” son la estabilidad de precios, la flexibilidad del mecanismo de capacidad y la extensión a toda la UE de la controvertida “excepción ibérica”. Visto lo publicado por la propia Comisión, todo apunta a que seguimos dando palos de ciego en la pretensión de evitar la volatilidad del mercado; incluso llevando a la confusión de hacer equivalentes precios estables y precios bajos.
La propuesta se basa en fomentar acuerdos de largo plazo a precio estable, los famosos PPAs, (Power Purchase Agreements). Sin embargo, estos contratos ya existen y, según la CNMC, en España suponen aproximadamente un 30% del mercado total. Lo que ocurre es que solo los suscriben las empresas generadoras capaces de garantizar el suministro comprometido y principalmente son aquellas que disponen de gas, nuclear o hidroeléctrica -en España ya no hay fuel y el carbón prácticamente ha desaparecido-.
Este tipo de centrales requieren grandes inversiones y plazos de retornos largos, por lo que solo pueden acometerlas los grandes grupos verticalmente integrados. Como es lógico, estos firman esos PPAs con sus propias comercializadoras, dejando a las comercializadoras independientes al albur de la volatilidad del mercado diario y, por tanto, restringiendo la competencia.
Seguimos dando palos de ciego en la pretensión de evitar la volatilidad del mercado; incluso llevando a la confusión de hacer equivalentes precios estables y precios bajos
Para evitar este inconveniente, el acuerdo europeo introduce los CfD (Contract for Diferences) bidireccionales y celebrados con entidades públicas -léase subvención-, que no son más que un seguro de rentabilidad o precio en beneficio de las inversiones en generación renovable o nuclear. Este esquema, igual que los PPA, también está inventado y en funcionamiento, en España desde el 2014, para las instalaciones renovables.
Quizá una de las pocas novedades interesantes es la posibilidad de utilizar estos CfDs para dar seguridad jurídica y económica a las centrales nucleares; siendo éste el único caso en que tendría sentido económico que lo suscribiese una entidad pública.
En cualquier caso, la solución estructural que debería diseñar la UE es un mercado organizado de PPAs, sin CfDs ni ningún otro tipo de subvención pública, en que todas las comercializadoras puedan acceder, en igualdad de condiciones, a contratos a largo plazo con tecnologías gestionables (gas, nuclear e hidroeléctrica), sin que las comercializadoras del propio grupo tengan ventaja o acceso exclusivo. Es decir, introducir competencia de verdad en un mercado libre de verdad.
Sorprendente rediseño de los mecanismos de capacidad
¿Qué es este mecanismo y para qué sirve? Tomando la redacción de la propia página web del Ministerio de Transición Ecológica, “la esperada incorporación de instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovable en el sistema eléctrico nacional puede acarrear, como efecto colateral, la aparición de ciertos riesgos en la seguridad de suministro de energía eléctrica, provocados principalmente por la variabilidad e intermitencia de la generación inherente a este tipo de instalaciones”.
Bien, el mecanismo de pagos por capacidad sirve para remunerar la sobrecapacidad del sistema, necesaria para paliar ese riesgo de seguridad de suministro, léase apagones, que funciona como respaldo de las tecnologías no gestionables (eólica y solar-fotovoltaica). En España, esto supone tener una potencia instalada total de un 285% de la potencia punta reciente. ¿Excesivo? Quizá, pero no abriremos ahora ese debate.
En el año 2016, la Comisión Europea y su “Energía limpia para todos los europeos” consideró, y con acierto, que, si existe un mercado único e interconectado de toda la Unión, la necesidad de estos mecanismos debía ser residual y temporal. Además, la asignación de estas garantías tenía que ser competitiva, es decir, transparente y barata. Y, finalmente, dejaba fuera a los combustibles más contaminantes, carbón y fueloil; como es lógico, dado nuestro objetivo de descarbonización y existiendo alternativas maduras mucho más limpias.
Con la nuclear pendiente de cierre, nuestra escasa interconexión con el mercado europeo y la ausencia de carbón, esta reforma nos sitúa en una muy mala posición competitiva en términos energéticos
La modificación propuesta el pasado 17 de octubre, bajo presidencia española, supone desandar ese camino. Para empezar, la nueva propuesta suprime el carácter temporal y no hace mención alguna a un sistema de asignación competitiva (subasta). Todo lo contrario, se acuerda la necesidad de flexibilizar y simplificar los procedimientos de aprobación de estos mecanismos.
Cada uno sacará sus conclusiones sobre lo que esto significa. Pero lo más grave es que elimina la limitación a los combustibles más contaminantes. Dicho de otra manera, se articula una subvención estructural y discrecional y se concede barra libre a la quema de carbón por parte de Alemania y Polonia.
En conclusión, se propone un acuerdo del que solo podemos salvar los CfDs a la nuclear y que, más allá de esto, aporta poco al desarrollo del mercado; que no va a conseguir los objetivos pretendidos de precios competitivos; y que da carta blanca a los países europeos para contaminar a discreción.
En cuanto a la excepción ibérica, poco hay que decir de un mecanismo que solo sirvió para tergiversar la estadística del IPC durante algunos meses. En clave nacional, con la nuclear pendiente de cierre, nuestra escasa interconexión con el mercado europeo y la ausencia de carbón, esta reforma nos sitúa en una muy mala posición competitiva en términos energéticos.
Francisco Ruiz Jiménez ha sido consejero y miembro del comité de dirección del grupo REDEIA
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