Resulta fascinante constatar que cuando un determinado asunto jurídico tiene relevancia política las interpretaciones que aporta la “Academia” son sospechosamente coincidentes con la tendencia política del académico correspondiente. Salvo honrosas excepciones. Por ejemplo, con motivo de la supuesta amnistía de los políticos envueltos en el procés, algunos –como mi apreciado Manuel Aragón- destacan que se opone a los principios constitucionales, que ataca el principio de igualdad y la división de poderes, que está prohibido lo menor (los indultos generales) o que sólo procede frente al derecho injusto, y no es el caso. Silva Sánchez, destaca que indulto y amnistía son diferentes (procede uno del poder ejecutivo y otro del legislativo, y ha habido algunas como las fiscales) pero exigen un presupuesto de pasado (que traiga la paz tras una situación de derecho injusto) y otro de futuro (que, por ejemplo, promoviera la lealtad constitucional catalana en el futuro), ninguno de los cuales se da. Otros lo ven constitucional pero erróneo políticamente. Y los sospechosos habituales no ven problema alguno y destacan la capacidad de las Cortes para aprobar cualquier cosa no prohibida expresamente.
Desde mi punto de vista, la clave de todo esto no es una sutil discrepancia sobre la letra de la Constitución. A veces el Derecho impide la Justicia. Lo esencial es que la amnistía no se pretende por una razón de interés general de paz o justicia, pues todo el mundo –el ciudadano común- sabe que el interés es tan particular como obtener siete escaños para lograr la investidura. El conflicto de intereses es un clásico del Derecho: el apoderado no puede comprar lo que tiene encargado vender, el notario que autoriza el testamento no puede heredar al testador; es contrario al principio de igualdad un acuerdo social que favorece a unos accionistas en contra de otros para seguir en el cargo…Son actuaciones proscritas en Derecho privado y, por supuesto, en Derecho público: todos sabemos que el concejal de urbanismo que recalifica su propia parcela o que cobra por recalificar está haciendo algo muy feo, porque el interés general es la base de actuación de todos los poderes públicos y nadie puede tomar una decisión en un acto que la beneficia.
En cualquier Estado de Derecho una amnistía de este tipo tendría mal recorrido jurídico, en mi opinión. El problema es que el nuestro se encuentra en pronóstico reservado por la invasión partidista de todos los contrapesos al poder y por el virus populista que hace considerar al infectado que lo que decida “la gente” o incluso el parlamento está por encima de todo. No hace falta recordar la penosa colonización del Tribunal Constitucional. “Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla”, decía Stanislav Jerzy Lec.
Los casos de Hungría y Polonia, donde sus gobiernos han debilitado la separación de poderes y han atentado contra algunos derechos fundamentales (libertad académica, libertad de expresión…) han sido los más visibles
Por eso me gustaría destacar un aspecto esperanzador, que me sugieren algunos expertos: la aplicación del Derecho Europeo. Como en la famosa película, siempre nos quedará París (léase Bruselas). Nos gobernamos en buena medida desde la Unión Europea (UE), cuyas instituciones tienen algo que decir al respecto, en especial la Comisión, como guardiana de los Tratados. Desde la adhesión de los países de Europa Central y del Este, la UE ha desarrollado una política de defensa del Estado de Derecho, uno de los elementos esenciales que definen el proyecto europeo (artículo 2 TUE). Los casos de Hungría y Polonia, donde sus gobiernos han debilitado la separación de poderes y han atentado contra algunos derechos fundamentales (libertad académica, libertad de expresión…) han sido los más visibles.
En la comunicación de la Comisión respecto al Informe del Estado de Derecho de 2020 se hacía constar como elementos indispensables de éste los principios de legalidad, que implica un proceso de promulgación de leyes transparente, democrático, pluralista y sujeto a rendición de cuentas; seguridad jurídica, que prohíbe el ejercicio arbitrario del poder ejecutivo; tutela judicial efectiva por parte de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales y control judicial efectivo, lo que incluye la protección de los derechos fundamentales; separación de poderes; e igualdad ante la ley. Pueden ustedes valorar si la cuestión que planteamos afecta a estos puntos.
De hecho, en 2019 tuvo lugar un caso en Rumania que ilustra muy bien cómo se puede llegar a evaluar desde la UE la amnistía proyectada en España. Este país del Este iniciaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Al mismo tiempo, el gobierno socialdemócrata tramitaba un decreto de emergencia para facilitar una amnistía que descriminalizaba algunas formas de corrupción (por ejemplo, falsificar el resultado de unas elecciones) y beneficiaba a algunos políticos condenados por este tipo de delitos, incluido el promotor de la ley, el líder socialdemócrata Liviu Dragnea.
El entonces presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ya había expresado sus dudas en una entrevista con un periódico alemán de que el gobierno de Bucarest estuviese preparado para la presidencia europea y de que entendiese lo que significa esta tarea.
La Unión Europea sí es imparcial y dispone de mecanismos para exigir a sus miembros el respeto al Estado de Derecho: desde la aplicación del artículo 7 hasta la condicionalidad de los fondos Europeos
La Comisión afirmó que el proyecto de ley en Rumania cruzaba una línea roja. En enero de 2019, Juncker visitó Bucarest y pidió al gobierno que frenase una medida contraria a elementos esenciales de la UE, como es el respeto al Estado de Derecho. Juncker subrayó en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Rumania, Klaus Iohannis, que “sería un paso hacia el pasado” (…) “aunque la UE se construye sobre pactos, no puede haber negociaciones sobre principios jurídicos”. Terminó sus palabras diciendo: “no creo que la primera ministra quiera ensombrecer la presidencia rumana del Consejo de la UE al exportar las dificultades internas a Europa”. El portavoz de la Comisión, hoy miembro del Colegio de Comisarios, Margaritis Schinas, declaró desde Bruselas que “el presidente Juncker había sido totalmente claro en el asunto de una posible amnistía. Rumanía debería volver a concentrarse en la lucha contra la corrupción, garantizar un poder judicial independiente y evitar cualquier paso atrás”.
Es triste que todo esto coincida con la Presidencia española. Y aunque no deberíamos confiar en otras instancias para la resolución de nuestros problemas, debemos saber que formamos parte de algo más grande. "La justicia estriba en la imparcialidad y sólo son imparciales los extraños", decía Bernard Shaw. Y, aunque no es extraña, la Unión Europea sí es imparcial y dispone de mecanismos para exigir a sus miembros el respeto al Estado de Derecho: desde la aplicación del artículo 7 hasta la condicionalidad de los fondos Europeos.
La civilización es la victoria de la persistencia sobre la fuerza, dice Platón. Confiemos en que nosotros, con la ayuda necesaria, sepamos persistir.
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No, por favor. España debería de dejar de mirar constantemente a "Europa" como solución mágica a sus problemas. Eso de vivir España como problema y Europa como solución debería de haberse superado hace décadas. Ese esquema mental es el que permite que nuestros políticos, siempre tan "europeístas", hagan dejación de su responsabilidad para con su país y se refugien constantemente en "Europa" para todo. Esto parece un patio de colegio donde la UE es la "seño". Da vergüenza.
En respuesta a jopano y ArmVen1, estoy completamente de acuerdo con ustedes.
Nunca seremos una "democracia madura" si nos tiene que sacar las castañas del fuego el primo de zumosol (aunque todo es bueno "pal" convento dijo el señor abad...).
Tenemos unas nuevas generaciones de "malcriados" que no muestran ni interés en la política ni espíritu crítico, aún en temas concretos que les incumben muy directamente (calidad educativa, mercado laboral...).
Y eso es responsabilidad de nuestra generación (+65) que hemos alimentado al monstruo del "menefreguismo" y no hemos cortado de raiz los primeros síntomas de debilitamiento del estado de derecho. Unos más que otros, vale.
Qué manía con querer trasladar nuestros problemas internos al primo de Zumosol (Unión Europea) para que los resuelva. Cuando un estado se adhiere a la Unión Europea (antes CEE) se sobreentiende que cumple con los estándares mínimos de un estado de derecho. De hecho las instituciones europeas se encargan de comprobar ese mínimo común denominador en todos los paises que aspiran a formar parte de este club como requisito previo a la adhesión y destinan ingentes sumas de dinero para preparar y poner al día sus instituciones nacionales con las exigencias de la Unión.
Ciertamente ha habido 'manga ancha' respecto de algunos de estos nuevos miembros, lo que en clave geopolítica se traduce en debilitamiento de la Unión Europea pues se fuerza a las instituciones comunitarias a lidiar con problemas que no tenía porqué, a cambio de unos supuestos beneficios (muy dudosos) económicos, políticos o en clave de defensa y seguridad.
Pero el caso de España es muy singular y sólo le es asimilable el griego. En los últimos treinta años hemos asistido a un deterioro progresivo de nuestra vida institucional, con la colonización partidista de las principales instituciones y organismos de control; un golpe de estado fallido (algo inédito en el ámbito europeo); un cuestionamiento constante del proyecto colectivo como nación por parte de fuerzas centrífugas que llegan al límite de prohibir o castigar el uso del idioma común en algunas regiones o politizar incluso la educación. Y todo ello con el aval del gobierno central que no defiende la aplicación íntegra de la ley en dichas regiones, muy probablemente porque tampoco se creen el proyecto en vida en común !!!.
Ante este panorama resulta infantil o cobarde acudir a las instituciones comunitarias para que resuelvan nuestros problemas internos, que no sabemos o queremos resolver. Oiga, las instituciones europeas no están para aliviar problemas internos estructurales y básicos como son el funcionamiento bajo unos mínimos parámetros de normalidad del estado de derecho o el problema de los separatismos. El problema es exclusivamente nuestro y se resuelve -si se quiere resolver- no votando a quienes han propiciado este deplorable estado calamitoso.
Basta ya de victimismos cobardes e infantiles!!!
Antes que Polonia o Hungría, quien ha vulnerado los principios del estado de derecho ha sido la propia comisión europea que, ante la aquiescencia de no pocos miembros de la UE, se extralimita regularmente en el ejercicio de sus funciones, legislando vía directiva sobre cuestiones que no le competen. Polonia y Hungría únicamente pretenden asegurarse de que su derecho prevalece sobre el europeo en aquellas cuestiones que no han sido expresamente transferidas a la UE a través de los tratados.
La soberanía sigue residiendo en los pueblos que forman las naciones. Es sencillo, aunque muchos estados, entre ellos España, hagan dejación.
Y si alguien duda respecto a dónde reside la soberanía que pregunte en el Reino Unido.