Se avanza en la constitución de los órganos de gobernanza de los fondos europeos extraordinarios y aún tenemos dudas sobre algunas cuestiones. Una de ellas es el papel que parte de las administraciones españolas tendrán tanto en la ejecución como gestión. El Comité Intersectorial ultimaba su reglamento, no sin sus tradicionales tensiones políticas, mientras se creaban la Comisión Interministerial y el Comité Técnico. Sin embargo, y aunque participarán en la gobernanza, en la gestión y ejecución de fondos, hay administraciones que hoy siguen teniendo dudas sobre cómo se canalizará su papel tanto en esta gobernanza como en la gestión de estos fondos.

Desde que se iniciara la crisis de la covid, la sensación es que la capacidad y utilidad de las administraciones locales no ha sido suficientemente explotada. Su cercanía al ciudadano y su capilaridad para hacer llegar los recursos necesarios para minimizar los efectos de la crisis no han sido convenientemente aprovechadas. Es cierto que entre las primeras medidas que se tomaron, allá por marzo de hace un año, se encontraba un paquete financiero para reforzar la actividad de ayuntamientos y diputaciones, pero ínfimo comparado con la capacidad de acción que podrían haber desplegado. Fue, de hecho, el inicio de una trama político-económica de tensión, de dimes y diretes, que pivotó sobre el uso o no de los famosos remanentes, ahorros de estas entidades durante los años previos y que por cuantía podrían haber supuesto un arma de lucha contra las consecuencias sociales de la crisis. La sensación, así pues y un año después, es que no parece que se haya podido explotar todo su potencial de acción.

Uno de los pilares fundamentales de la política europea, la social, tiene una enorme tradición de gestión en estas administraciones, con las EDUSI por poner solo un ejemplo

Mirando al futuro, el debate sobre el papel de estas administraciones se amplifica. Gran parte de las políticas que se financiarán con fondos del Marco de Recuperación y Resiliencia o los fondos complementarios del React-EU entran de lleno, no ya en competencias municipales, sino además en las políticas que estas administraciones deben desarrollar de forma natural. Energía, movilidad, urbanismo y conectividad; transformación digital y transición ecológica; igualdad de género y cohesión social, …, todas ellas deben y pueden pivotar sobre la dimensión urbana y rural. Estas administraciones tienen, pues, que jugar un papel relevante en su diseño y en su gestión. Más aún, uno de los pilares fundamentales de la política europea, la social, tiene una enorme tradición de gestión en estas administraciones, con las EDUSI por poner solo un ejemplo. Más allá, las políticas de desarrollo, rurales y agrarias también cuentan con una importante actuación desde lo local, por no hablar de los objetivos de la Agenda 2030. No cabe duda de que los ayuntamientos y las diputaciones pueden aportar experiencia, conocimiento y capacidad de gestión a la enorme tarea que se nos avecina. Y lo harán, pero de nuevo la sensación es que deben gritar muy fuerte para que los oigan, para que nos demos cuenta de que están ahí con ganas y capacidad de ayudar.

A todo ello, no lo olviden, y desde la perspectiva de la simple articulación de la política económica, gran parte de las políticas en las que se fundamentan el crecimiento económico nacional y regional tienen una base en lo local. La creación de ecosistemas de crecimiento, con apuestas tecnológicas, de formación e incluso educativas cuentan en estas administraciones un gestor importante y en gran parte con experiencia.

Falta de previsión

Sin embargo, hoy, y en general, el clamor de estas administraciones es de inseguridad sobre el papel que puedan desempeñar y la capacidad de acción que podrán desarrollar. Muchas dudas se han resuelto en los últimos días, gracias en parte a su incorporación en las conferencias sectoriales y el apoyo del Senado a través de la iniciativa de la Comisión de Entidades Locales de esta Cámara sobre reparto y ejecución de Fondos. Pero no es suficiente. La gestión de los fondos europeos va a ser muy exigente. El Gobierno central y las diferentes regiones se están armando de textos normativos, de previsiones de contratación y de articulación de gobernanza ante un escenario como he dicho muy exigente. Pero los ayuntamientos aún no han podido despejar las dudas sobre cómo accederán a los recursos financieros (financiación directa, ayudas, concurrencia…). Hoy pueden aportar proyectos a través de las manifestaciones de interés, pero esto no significa que estos puedan o vayan a concretarse. Así pues, sin unas expectativas certeras no es posible un ajuste administrativo y procedimental óptimo. Esta falta de previsión llevará, o bien a un ajuste rápido y no eficiente cuando se despejen sobre la marcha su papel o, también posible, la incapacidad de amoldar su gestión a la nueva realidad financiera.

Sin duda, una coordinación fuerte, bien definida y clara en la gestión de los fondos por parte de las diferentes administraciones es fundamental. Aquí, las entidades locales son un eje crítico. Sus proyectos serán muy visibles y tendrán la capacidad de modificar en sus respectivos territorios las bases fundamentales del cambio económico y social que se pretende. Abusemos de ellas. Usémoslas. Han demostrado su capacidad de gestión. Dejemos que sigan haciéndolo.