El Gobierno ha ordenado a la SEPI comprar hasta el 10% del capital social de Telefónica. El tono imperativo del comunicado gubernamental recuerda el aire marcial de los edictos del Invicto Caudillo cuyo Régimen, el último en comprar acciones de la compañía, elevó por Ley la participación estatal en ella al 79,6% en 1945. Telefónica fue totalmente privatizada por Aznar en 1999 convirtiéndose en un gigante mundial de las telecos por sus sucesivos y profesionales equipos directivos y aprovechando la ola liberalizadora de las telecos a escala global.
Ahora, el Gobierno ha decidido volver al pasado, emular al Generalísimo, y convertirse en el mayor accionista de la empresa. Las razones aducidas para ello son dotarla de mayor estabilidad accionarial y contribuir a salvaguardar sus capacidades estratégicas. En un gesto patriótico, el Ejecutivo salva la españolidad de Telefónica. Con esos argumentos, puede justificar su entrada en cualquiera de las grandes corporaciones privadas españolas, desde la banca al sector energético pasando por cualquier rama productiva. Todo depende de lo que decida considerar estratégico, basta recordar el escándalo de la aerolínea Plus Ultra, en función de criterios totalmente subjetivos y arbitrarios de la voluntad del César.
Ninguna de las razones esgrimidas por el Gobierno es válida. Si de lo que se trataba es de proteger a la compañía frente al 'moro', el Gobierno podía haber empleado el blindaje anti opas de 2020 vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. Si se trata de tener socios estables, todos los actuales han mostrado tener una visión de largo plazo que no parece haberse alterado, en especial, la de sus mayores accionistas hasta el momento: el BBVA y CaixaBank.
En cualquier caso, es muy sorprendente, por no decir inédita, la compra de un paquete relevante en una empresa estratégica del Primer Mundo por parte de un fondo soberano sin previa consulta al Gabinete del país en donde desea invertir.
La decisión gubernamental no obedece ni a razones empresariales ni financieras ni a ninguna de naturaleza económica. Se trata de intentar la toma de control de Telefónica por razones de puro carácter político
Dicho eso, la SEPI carece de balance para acometer una inversión que, de coronarse con éxito, le costaría en el escenario más optimista, unos 2.100 millones de euros, cuando su cifra global de negocio en 2022 fue de unos 5.200 millones de euros y su capacidad inversora apenas supera los 200 millones de acuerdo con sus últimas cuentas anuales consolidadas. Esto significa que el Gobierno tendrá que habilitar un crédito para financiar la operación y habrá de presupuestarlo porque en la prórroga no tiene cabida. Y, si hace esto, será más deuda pública.
La decisión gubernamental no obedece ni a razones empresariales ni financieras ni a ninguna de naturaleza económica. Se trata de intentar la toma de control de Telefónica por razones de puro carácter político. El lapsus mental de la vicepresidenta Díaz, proclamando la necesidad-conveniencia de que el Gobierno entre y, en definitiva, controle las empresas privadas que considere “estratégicas” es toda una declaración de principios y de intenciones.
Se ha ido de la boca, como diría un castizo, animada por su proverbial entusiasmo anti libertad de empresa. En el caso de Telefónica, el Gabinete tendrá dos poderosas armas para condicionar la estrategia de la compañía: su presencia en el capital y el BOE.
Se aduce la presencia del Estado en el capital de otras empresas europeas de telecomunicaciones para fundamentar la acción del Gobierno español. Las comparaciones son siempre odiosas y selectivas. Dicho esto, la trayectoria del dueto social-comunista no permite para nada confiar en que se limitará a mantener la neutralidad de un Monarca Parlamentario en la toma de decisiones de los gestores de Telefónica sin condicionar su acción. Los Gobiernos siempre tienden a abusar de su poder y éste lo muestra día a día sin recato alguno y de forma apabullante.
Con esos argumentos, el Gobierno puede justificar su entrada en cualquiera de las grandes corporaciones privadas españolas, desde la banca al sector energético pasando por cualquier rama productiva
En este contexto, la única esperanza es la capacidad de la cúpula directiva de Telefónica de imponer la profesionalidad frente a la discrecionalidad política, de resistir a los objetivos del Gobierno que no sean acordes a la racionalidad empresarial y de defender los derechos de los accionistas privados frente a un ejecutivo voraz. Esta será la responsabilidad de su Presidente y la del Consejo de Administración de Telefónica, si la SEPI entra en el capital de la corporación y llega a adquirir el 10% del mismo. Si el señor Álvarez Pallete y su equipo directivo no logran convencer a los mercados que su gestión no está condicionada-limitada por las presiones gubernamentales, el valor de la compañía sufrirá un duro quebranto estructural.
La operación sobre Telefónica no ha de sorprender a nadie. Es sólo el desarrollo del proyecto social-comunista. Durante su primera Legislatura, su principal objetivo fue imponer su agenda político-identitaria, aumentar el peso del Estado en la economía y desactivar las restricciones institucionales a su poder; les quedan los jueces.
En su segundo mandato, a cuyo inicio se asiste, la meta básica, sin abandonar las anteriores, es realizar el asalto al sector privado para tener el mayor control posible sobre la actividad empresarial. La combinación de ambos se traduciría, como se ha señalado una y otra vez, en un cambio de régimen en España; en la configuración de un poder hegemónico asentado en un modelo colectivista muy difícil de desmantelar.