Telefónica es de España: el 'No pasarán' de Moncloa y sus consecuencias sobre la inversión

Poco antes de las 18.00 horas, la SEPI reventó con un comunicado una tarde insulsa en lo informativo. El 'holding' público comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el Gobierno le ha dado la orden para comprar "hasta un 10%" del capital de Telefónica. Se esperaba, como avanzó Rubén Arranz en Vozpópuli, una entrada inminente del Estado, pero no un 'asalto' de tal magnitud. 26 años después de su privatización, el Ejecutivo aspira a convertirse en el principal propietario de Telefónica. Ese blindaje tendrá varias consecuencias en el corto y el medio plazo.

Con la 'renacionalización' parcial de Telefónica, Moncloa lanza un aviso arriesgado a navegantes. La compra del 10% es una respuesta drástica a Saudi Telecom Company (STC), que ha acaparado un 5% del capital y aspira a hacerse con otro 4,9% a través de derivados. El Gobierno no se conforma con reforzar, usando a la SEPI, el bloque accionarial español, conformado por CaixaBank y BBVA. El objetivo es que el Estado tenga más peso que la compañía controlada por el fondo soberano PIF (Public Investment Fund).

La operación de STC es vista con recelo por Moncloa por su procedencia (la dictatorial Arabia Saudí) y por el carácter estratégico de Telefónica (vinculada al Ministerio de Defensa). Ahora bien, en los mercados PIF no tiene una imagen distinta a la que ofrecen otros fondos soberanos del Golfo Pérsico, como el de Qatar o el de Abu Dabi. El primero a es, por ejemplo, accionista de referencia de Iberdrola; y el segundo, de Cepsa.

Es más, dentro del Ibex hay quien defiende las bondades de la inversión árabe, por su cantidad (procede de los 'petrodólares'), por su 'fiabilidad' (en comparación con algunos fondos chinos) y por la estabilidad que aportan a la empresa participada (suelen invertir con vocación de permanencia).

El portazo a STC no refleja, precisamente, una invitación a invertir en España, en un momento en el que el país necesita, precisamente, ingentes inversiones. Sobre todo, en el sector energético. Las cifras del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), hablan por sí solas: el Gobierno aspira a movilizar 294.000 millones de euros aquí a 2030, el 85% de origen privado.

Hay fondos árabes que han sellado recientemente operaciones importantes con empresas españolas. El ejemplo más reciente es el de Abu Dabi, que invertirá junto a Iberdrola más de 15.000 millones. Con un matiz: el dinero irá a parar a proyectos en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, pero no en España. El pulso a STC puede espantar a otros fondos con mucho dinero y ganas de invertirlo.

El paso de la SEPI también transmite la sensación de que el Gobierno quiere convertir una gran compañía del Ibex en un pequeño 'cortijo'. La comparación con Indra es inevitable, porque el paralelismo es evidente. Hace sólo 18 meses, Moncloa ordenó al holding público comprar una participación idéntica (10%). La operación y la remodelación del consejo propuesta provocó una crisis reputacional que dejó manchada la imagen de una gran compañía como Indra.

Consejeros en Telefónica

Con un 10% de Telefónica, Moncloa podrá designar un consejero, que representará los intereses gubernamentales tanto o más que Javier de Paz, quien ya ocupa un sillón en el máximo órgano ejecutivo, aupado por José Luis Rodríguez Zapatero. Hacienda se apresuró este martes a recordar que otras compañías de telecomunicaciones europeas ya tienen presencia pública (Deutsche Telekom, Orange o Telecom Italia).

El mero hecho de que el Ministerio intente justificar el aterrizaje estatal demuestra la preocupación existente en Moncloa. A nadie se le escapa que los estados alemán, francés e italiano están presentes desde hace mucho en las empresas mencionadas. El caso español es distinto, pues supone un inesperado viaje de vuelta del Estado (Telefónica fue privatizada en la era de José María Aznar).

El precedente de Indra y el movimiento actual en Telefónica invitan a temer que Moncloa dará nuevos pasos esta legislatura. Y no sólo en la empresa privada. El pacto entre PSOE y Sumar para reformar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va en esa dirección. En el punto de mira gubernamental están también el INE o la muy crítica AIReF. Y, por supuesto, el Banco de España, cuya cúpula debe renovarse en menos de seis meses. Esa es la próxima pieza de caza mayor para el gabinete que preside Pedro Sánchez.