Los cuatro puntos oscuros del asalto saudí a Telefónica

El asalto saudí a Telefónica contiene más ángulos muertos que el Reino de Salmán bin Abdulaziz. La operación es digna de una de las dictaduras más férreas y opacas del mundo, y contiene todos los ingredientes para convertirse en el movimiento empresarial del año. En términos informativos, sólo es equiparable a la 'huida' de Ferrovial a Países Bajos. Pero, a diferencia del cambio de domicilio de los Del Pino, el desembarco de Saudi Telecom Company (STC) contiene infinidad de puntos oscuros. Demasiados interrogantes para una maniobra que marcará el futuro de una de las compañías más estratégicas de España.

El grupo saudí ha emergido de la noche a la mañana en el capital de Telefónica con una participación del 4,9%, más otro 5% a través de derivados financieros. Si el Gobierno español da el visto bueno, acaparará el 9,9% del accionariado. No es una operación cualquiera por la identidad de las dos empresas protagonistas. STC está controlada por el Gobierno saudí a través de su fondo soberano (PIF), que gestiona casi 600.000 millones en activos y está presidido por el príncipe heredero del trono, Mohamed bin Salman. La importancia de Telefónica es de sobra conocida: además de figurar en el 'top 10' del Ibex, es una compañía sensible para el Estado, por su desempeño en ciberseguridad y sus trabajos para el Ministerio de Defensa.

La irrupción de la teleco saudí debería contar con el máximo nivel de transparencia, pero lo que ha sucedido es exactamente lo contrario. Es comprensible, por tanto, que la operación esté agitando rumores, teorías y algunos temores bastante fundados.

Las críticas leves del Gobierno más combativo

Chirría sobremanera que el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez haya criticado con la boca pequeña la maniobra de STC. La coalición, que presume de defender más que nadie las libertades, apenas ha levantado la voz. Hablamos del desembarco, a lo grande y -según la versión oficial- sin avisar, del fondo soberano de un país que no se prodiga, precisamente, por respetar los derechos humanos.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se limitó a recordar esta semana que el Gobierno defenderá "los intereses estratégicos de España". Y la segunda, Yolanda Díaz, abundó de entrada en lo mismo, prometiendo que no se resentirá la "autonomía estratégica" nacional. Tres días después, la titular de Trabajo endureció el discurso, probablemente en un intento de sacar rédito político personal, y mostró a las claras su oposición.

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, también usó exactamente los mismos vocablos que Calviño. Aludió a los mecanismos que garantizan la "autonomía estratégica" y celebró que los fondos soberanos se fijen en las empresas de nuestro país.

Las declaraciones de los ministros del ala socialista evidencian que hay detrás un guion redactado en Moncloa. A diferencia de lo ocurrido en marzo con el anuncio de Ferrovial, que desató las críticas furibundas de los mismos protagonistas, Sánchez ha ordenado perfil bajo ante una afrenta en toda regla. Riad no avisó de sus intenciones a la Casa Real, pese a mantener desde siempre magníficas relaciones. Y Calviño asegura que se enteró de la operación un día antes del anuncio.

La actitud 'pacífica' del Gobierno está alentando, comprensiblemente, una teoría: Pedro Sánchez y su vicepresidenta económica conocían desde hace tiempo las intenciones de Arabia Saudí. Y no han querido o podido hacer nada para frenarlo. O incluso han allanado el camino. La información que ha publicado Mercedes Serraller en Vozpópuli apunta en esa dirección: el pasado 4 de julio, el Consejo de Ministros abolió, vía real decreto, la capacidad para vetar iniciativas no deseadas como la de STC.

El papel del CNI con Telefónica…

Entre las muchas funciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está la de detectar 'amenazas' como la de STC. Insistimos: la compra del 9,9% de Telefónica no es una operación cualquiera. La operadora es la encargada de proporcionar las redes 5G al Ejército de Tierra y la Armada, y tiene encomendado el diseño de las redes de comunicación del Ministerio de Defensa. Precisamente por ello, la teleco saudí necesita no sólo el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sino la bendición del Consejo de Ministros.

Cuesta creer que el CNI no ha detectado ningún movimiento en los seis meses que ha durado la toma de posiciones, cocinada a fuego lento desde marzo junto a grandes y bancos de inversión. La incredulidad conduce a otra tesis que encaja con el silencio monclovita: aunque el CNI tuviera indicios, el Gobierno tiene las manos atadas ante el avance de Riad.

La explicación hay que buscarla en las relaciones comerciales entre Arabia Saudí y el Estado español. Hay un contrato 'sensible' al principio de la lista. Lo firmaron el pasado noviembre la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, y el propio Mohamed bin Salman, máximo responsable -recordemos- de la entrada de STC en Telefónica. Se trata de un principio de acuerdo para que Navantia construya cinco buques de guerra para el ejército saudí. Se estima que el valor del contrato puede rondar los 2.000 millones y -lo más importante- generará miles de empleos en los astilleros españoles.

Indra o Renfe también tienen a Riad entre sus principales clientes. Pero el acuerdo de Navantia, pendiente de ratificación, adquiere la categoría de moneda de cambio en este contexto.

…Y el 'papelón' de la CNMV con STC

El silencio, por ahora, de la CNMV ha vuelto a demostrar que el mercado español se rige por un doble rasero. STC ha bordeado -¿o cruzado?- los límites de la legalidad para acumular en secreto semejante participación en Telefónica. Lo ha hecho usando la 'ingeniería' de un gran banco de inversión (Morgan Stanley). La teleco saudí ha conseguido algo que la mayoría de los inversores no pueden lograr, esquivando las obligaciones mínimas de transparencia. Salvando las distancias, el caso recuerda a lo sucedido este mismo año con NH, donde el principal accionista (la tailandesa Minor) maniobró para engordar su participación, menospreciando a los pequeños accionistas.

La reacción de la CNMV ha sido tan tibia como la del Gobierno. Es más, lejos de censurar el modus operandi de STC, el supervisor se ha apresurado a aclarar que la normativa del mercado contempla excepciones que pueden 'blanquear' la maniobra de Riad.

Salvo sorpresa de última hora, la CNMV no pondrá pegas a la operación. Tras la actuación del organismo planea inevitablemente la sombra de uno de sus consejeros, conectado de forma inmejorable con el Gobierno: Mariano Bacigalupo, marido de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

La gran incógnita de Pallete

Al igual que Moncloa, la versión oficial de Telefónica apunta al desconocimiento absoluto del plan de Riad. La operadora que preside José María Álvarez-Pallete ha sido escueta en palabras, al asegurar que toma nota de la "aproximación amistosa" de STC.

La parquedad de declaraciones y un hecho evidente -la operación refuerza a Pallete en el cargo- alimenta la última de las 'teorías' que circulan estos días por los mentideros empresariales: la cúpula directiva sí estaba al tanto de los movimientos en torno al capital.

Rumores al margen, lo cierto es que la entrada en escena de STC beneficia al actual presidente de Telefónica. El escenario previsto antes de las elecciones del 23-J generaba inquietud en la sede corporativa de Las Tablas. En el parqué se señalaba a Pallete como uno de las posibles 'víctimas' del previsible triunfo electoral de Alberto Núñez Feijóo. El presidente de Telefónica también se había llevado algún varapalo del principal accionista, BlackRock, que votó en contra de la remuneración del consejo el pasado año.

La renovación de Sánchez como presidente, con permiso de Carles Puigdemont, puede calmar las aguas. Y la confirmación de STC como principal accionista actuará como blindaje para Pallete. El fondo soberano saudí superará con creces la participación del 'enemigo' estadounidense (BlackRock). Y lo más importante: en la única declaración oficial realizada hasta ahora, el consejero delegado de STC, Olayan Alwtaid, ha mostrado su confianza en el equipo directivo de Telefónica.

Hay otras conexiones entre la operadora y Arabia Saudí, que sirven de combustible para la rumorología. El único consejero español de STC, José del Valle, estuvo 17 años en nómina de Telefónica. Y otro ex de la operadora, Juan Manuel Velasco, ha trabajado para STC. Lo ha contado en este diario Marcos Sierra: su actual empresa (Aiuken Security) ha puesto en marcha el mayor centro de ciberseguridad de Arabia Saudí.

Las incógnitas se irán desvelando en los próximos tres meses. Ese es el plazo que tiene el Consejo de Ministros para pronunciarse sobre la operación. Pase lo que pase, el 'asalto' de Riad servirá para reafirmar la idea de que España tiene gobiernos débiles que descuidan a sus grandes empresas. El caso de Endesa, fagocitada por la mayor eléctrica italiana, es el más recurrente. ¿Acabará Telefónica siendo saudí?