Las 50.000 viviendas de la Sareb

El pasado domingo, el presidente del Gobierno y secretario general de PSOE, Pedro Sánchez, anunció en la convención municipal del PSOE -celebrada en Valencia- la salida al mercado de 50.000 viviendas de la Sareb a precios asequibles. Llama la atención este anuncio a apenas un mes de las elecciones municipales y autonómicas. Porque la primera pregunta es por qué no se confeccionó tal oferta con anterioridad. Pero después, a la vista de la situación real de esas 50.000 viviendas, se descubre que es todo una simple burbuja electoral, un camelo propagandístico que se deshincha de inmediato.

La Sareb, también denominada el “banco malo”, sociedad pública creada en 2012 con la función de liquidar de manera ordenada una cartera de activos inmobiliarios procedente de la crisis financiera de 2008, no dispone ya de 50.000 viviendas para sacarlas ahora al mercado a precios asequibles. A grandes números, de esas 50.000 viviendas, unas 14.000 se encuentran ocupadas en estos momentos. Otras 15.000 viviendas sencillamente no existen porque se refieren a suelo cuya construcción se demorará durante años. Y es cierto que existen otras 21.000 viviendas, es decir, el 40% de la cifra ofrecida ahora por el presidente del Gobierno.

Pero de esas 21.000 viviendas, sucede que sólo el 15% se encuentran en capitales de provincia, que es donde el mercado de la vivienda está más tensionado. Muchas de esas viviendas se encuentran en zonas no tensionadas en cuanto al mercado de alquiler. Y ello sin atender cuántas de esas viviendas necesitan reformas u obras de rehabilitación dado el deterioro en que se encuentran por el paso del tiempo desde la crisis de hace 15 años.

Hay comunidades autónomas donde esa oferta es sencillamente ridícula o próxima a nada. Por ejemplo, el País Vasco, donde la Sareb cuenta con apenas 53 viviendas; o Navarra, con solo 43.

La iniciativa de limitar los precios del alquiler era rechazada por el PSOE no hace mucho tiempo. Apenas era una idea populista de Podemos

La oferta inviable -por inexistente- de sacar al mercado 50.000 viviendas de la Sareb ocurre pocos días después del anuncio de una nueva ley de vivienda, también en vísperas de las elecciones del próximo 28 de mayo. Ley que limitaría la subida de los alquileres con el previsible efecto de que el precio de éstos se incrementen en las zonas más tensionadas, tal como sucede en Madrid y Barcelona sobre todo. La experiencia muestra, véase la situación de Cataluña, que establecer topes al incremento del alquiler desincentiva la oferta con la consecuencia de aumentar precisamente los precios de los alquileres. Justo lo contrario de lo que inicialmente se pretendía.

Esa nueva iniciativa intervencionista y con altas dosis de ficción en su contenido puede hacer inviable el acceso a la vivienda de alquiler a muchos sectores desfavorecidos, y desde luego a nuestros jóvenes. La iniciativa de limitar los precios del alquiler era rechazada por el PSOE no hace mucho tiempo. Apenas era una idea populista de Podemos. Hoy las cosas han cambiado, y es el PSOE quien propone lo que no hace tanto rechazaba. Claro, ahora se obtiene el apoyo entusiasta de ERC y EH Bildu, que se antojan los peores aliados posibles. Y desde luego no anticipa nada bueno en cuanto al devenir de esa nueva ley de vivienda, por su irrealidad en la gestión y su falsificación de ilusiones.

La realidad está en otro lugar. No en lanzar burbujas electorales que pinchan a las 24 horas siguientes. El problema es que no ha existido en España una actuación cabal por parte de las comunidades autónomas, competentes en la materia, para promover parques de viviendas sociales de promoción pública. Eso ha faltado a lo largo de la actual y ya terminal legislatura, y no se puede pretender rellenar ahora, en vísperas electorales, con propuestas demagógicas que son inexistentes, o contraproducentes, cuando la inversión pública no ha sido destinada a esas necesidades en los últimos años.

Francia tiene siete veces más de viviendas sociales que España. En Holanda la proporción sube a doce veces más

Sin promoción pública constante de viviendas sociales, no avanzaremos en el acceso público a este bien de primera necesidad como es la vivienda. Se debe tomar buena nota de cómo se actúa en otros países de Europa. Francia tiene siete veces más de viviendas sociales que España. En Holanda la proporción sube a doce veces más. Además de otras medidas, como se está estudiando ahora en el País Vasco, consistente en incrementar la bonificación fiscal a los propietarios que reduzcan el precio del alquiler de viviendas, que podría llegar hasta el 80% en el caso de las zonas tensionadas.

Con este problema social que se torna crecientemente en gravísimo, hay una generación de nuestros jóvenes en grave riesgo de quedarse atrás, descolgados del devenir de nuestra sociedad. Una juventud que sufre tasas de paro insoportables. Que no consigue independizarse hasta edades bien tardías, y muy superiores a las que son normales en la Unión Europea. Que se ve en muchas ocasiones obligada a vivir en alquileres con cinco o seis personas más en una sola vivienda, aun cuando dispongan de trabajo remunerado. Es una juventud que no tiene acceso, ni perspectiva futura, de acceder a su propia vivienda.

Esa situación de nuestra juventud es una tragedia para el futuro de España. Es una secuencia que se ha venido agravando durante la ya casi terminada legislatura. Que merece tomarse las cosas en serio y no tratar a los jóvenes de nuestro país con demagogia inaceptable, oportunista, como si fueran menores de edad, lo que no hace sino incrementar el problema de la vivienda. Porque actuando así, anunciando alegremente lo que no existe, el efecto no es otro que incrementar la desafección ciudadana respecto de la política. Con una decepción pública y una frustración social que se hace mayor cada día.

Como en otras tantas áreas en que las reformas están paralizadas en España, sobran las ocurrencias unilaterales. En cambio, lo que necesitamos es un pacto de Estado sobre la vivienda en que participen también comunidades autónomas y ayuntamientos. El actual gobierno no lo ha promovido ni alcanzado. El malestar no se solventa con invenciones de última hora.