Asociaciones de periodistas claman contra Catalá: trata de acallar a la prensa que airea la corrupción

La declaración de intenciones expresada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de sancionar a los medios de comunicación que publiquen filtraciones de los procedimientos judiciales en curso ha escocido en las asociaciones de periodistas. Estas colectividades consideran estas palabras como un intento de coacción a los profesionales de la información que actualmente investigan los “múltiples casos de corrupción” que afectan a los partidos políticos; e intuyen que buscan despertar en los informadores un miedo a ejercer su función natural de “contrapoder”.

Catalá se mostró partidario este miércoles, durante un coloquio en Barcelona, de abrir un debate sobre las medidas que serían necesarias para “garantizar la confidencialidad” de las investigaciones judiciales. Para ello, aseguró que existe la posibilidad endurecer las sanciones para los funcionarios que se demuestre que han proporcionado información a los periodistas sobre estos procedimientos, así como de sancionar a los medios de comunicación que publiquen estos datos.

El Código Penal ya recoge un delito de revelación de secretos, por lo que en la FESP ven ilógico legislar a mayores

Desde la Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP), recuerdan que el Código Penal estipula como delito la revelación de secretos y que, por tanto, a través de este instrumento del derecho se puede sancionar a los trabajadores de las instancias judiciales españolas que hagan pública la información confidencial de los sumarios.

En declaraciones a Vozpópuli, inciden que la función de los profesionales de los medios de comunicación es la de aprovechar estos vericuetos para informar a la sociedad de problemas como la corrupción. “Todo lo que suponga imponer multas por revelar las corruptelas del poder, de una forma u otra, supone un ataque al derecho constitucional de difundir y recibir información”, apuntan.

Estas fuentes de la FESP detallan que uno de los pilares de un sistema democrático es la libertad de información, la cual sirve para "controlar al poder" y denunciar las acciones que realiza al margen de la ley. "Si esto se restringe, se atentará directamente contra la libertad y contra el propio sistema", manifiestan.

Un intento de coaccionar a los periodistas y a sus informantes

Para la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), las declaraciones del ministro tienen la finalidad de “intimidar” a los editores y a los periodistas que en este momento investigan sobre asuntos que pueden afectar al poder, como la que publicó este periódico en exclusiva hace unas semanas, que aireaba la investigación del Sepblac al expresidente Rodrigo Rato por blanqueo de capitales al acogerse a la amnistía fiscal.

Las fuentes de esta colectividad van más allá, y ven en las declaraciones de Catalá un propósito de amedrentar a las fuentes que proporcionan información a estos periodistas, las cuales han ayudado a sacar a la luz pública en los últimos años algunos escándalos que han afectado directamente a miembros del Gobierno y dirigentes de la oposición parlamentaria.

Desde la APM dudan de que el Ejecutivo tenga la intención de legislar para impermeabilizar las instituciones y para sancionar a la prensa en este tipo de casos, pero se muestran convencidos de que las palabras de Catalá no son casuales. “Responden al intento” de Mariano Rajoy y su equipo “de acallar a los medios de comunicación más críticos” en vísperas de la campaña electoral para los comicios municipales y autonómicos; y a pocos meses de unas generales en las que los casos de corrupción que afectan al PP podrían minar su número de votos.

Este periódico ha publicado durante las últimas semanas informaciones en las que se daba cuenta de las presiones de Moncloa a los medios de comunicación. El propio Mariano Rajoy reprendió hace unos días a cuatro grandes editores por el tono de sus informaciones. Por su parte, los responsables de programas de debate de las televisiones privadas reconocían a Vozpópuli recientemente que las llamadas de los partidos políticos para "coaccionarles" sobre los contertulios que se sientan en sus programas y sobre sus opiniones son "muy habituales".