Denuncian que el candidato de Sánchez en Argentina moviliza 15.000 M para frenar a Milei

Pase lo que pase este domingo, la Justicia argentina tendrá que dilucidar si el actual ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa (51) violó la ley en el marco de su campaña electoral, como han denunciado y profundizado penalmente esta semana distintos representantes de la oposición.

La denuncia de 25 folios que ha podido cotejar Vozpópuli apunta contra el "ministro candidato" por haber realizado anuncios electoralistas con cargo a fondos públicos a menos de 25 días para la Segunda Vuelta presidencial que se dirime este 19 de noviembre como así también durante la antesala de las Primarias (PASO) y la Primera Vuelta. Desde el entorno del abogado de Tigre se han escudado en haber difundido "novedades administrativas" de "planes ya vigentes" ante el proceso que la jueza federal María Servini ha delegado en el fiscal Ramiro González, precisó Clarín.

Lo que no parece discutible es la fuerza con la que el candidato respaldado por el presidente de España, Pedro Sánchez, ha recurrido a las arcas públicas para apuntalar su campaña, tanto de cara a la Segunda Vuelta que se dirime este domingo como de cara a la Primera en la que el peronismo K de Massa acabó batiendo a las encuestas y obtuvo el primer lugar.

🇪🇸🇦🇷 Gracias por tu apoyo querido @SanchezCastejon, Presidente del Gobierno de España, lo valoro mucho. pic.twitter.com/GNSzHdi8Sq

— Sergio Massa (@SergioMassa) November 14, 2023

De 7.500 a 15.000 millones de dólares de "costo" para el Estado argentino en la forma de rebajas del impuesto a las Ganancias sin "ninguna compensación presupuestaria para evitar financiar esta medida con más emisión monetaria, incrementando el riesgo de aumentar más la inflación", la eliminación del IVA a productos de la Canasta Básica, la flexibilización de los umbrales para la concesión de créditos a jubilados y la integración laboral de personas que reciban pensión por discapacidad, entre otras ayudas y subsidios ampliados, además de campañas publicitarias en espacios públicos sobre el impacto en las tarifas de una presidencia de los opositores Javier Milei o Patricia Bullrich, según han puesto por escrito los denunciantes.

"Si bien hace 15 meses (Massa) se desempeña en el cargo (ministro de Economía), el raid mas cuestionado y probablemente ilícito, se inicia post elecciones PASO (primarias), con un sin fin de medidas que anunció y difundió estando en campaña electoral, una vez que se consolidó como candidato único de Unión por la Patria (UP) y con el propósito captar el sufragio, obteniendo la ventaja que le da el rol ministro y el manejo de la Hacienda Pública", comienza razonando la denuncia presentada por la exvicedirectora de la Unidad de Información Financiera (UIF) del Estado argentino, María Eugenia Talerico, el constitucionalista Daniel Sabsay, la abogada penalista Marta Nercellas y el abogado de la candidata en la Primera Vuelta del macrismo Patricia Bullrich, Julián Marcelo Curi. Paralelamente, también se han sumado con otro recurso dirigentes de Republicanos Unidos como el abogado Yamil Santoro o el empresario Roberto García Moritán, así como los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio.

"Varios informes de consultoras económicas de primer nivel de nuestro país indican las exuberancias del gasto y el impacto muy negativo de las medidas dispuestas por el candidato Massa lo que confirma la hipótesis del posible encuadre de sus acciones en el art. 174 inc. 5to del Código Penal, sin perjuicio de la posible malversación de caudales públicos si los fondos que utiliza tenían otra asignación específica y les cambió el destino, lo que importaría la violación al art. 260 de dicho cuerpo legal. Los más conservadores ubican a algunas de estas medias en 1.25% del PBI22, o sea 7.500 millones de dólares y otras en 3% del PBI, o sea en 15.000 millones de dólares", razona la denuncia a la que ha tenido acceso este medio y que pide, de hecho, que se cite a testimonio a distintos consultores y economistas en relación a estas cifras.

Los denunciantes han planteado la posible inhabilitación para el ejercicio de cargo público del actual ministro de Economía de uno a diez años. Y ello, por la presunta violación del Código Nacional Electoral y de la ley de financiamiento de campaña política con el agravante de ser un funcionario en ejercicio. También se le acusa de "abusar de la autoridad" y "malversar caudales públicos" en un país donde el 51,7% de la población recibe al menos alguna ayuda del Estado, según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina.

"Creemos que la calificación jurídica que puede darse a las acciones del ministro y de quienes pueden haber colaborado con él, deben ser ponderadas por la justicia a luz de las disposiciones de los Arts. 64 ter y quater del Código Nacional Electoral, la Ley de Financiamiento de Partidos y Campañas Políticas (según los topes de gastos impuestos para las distintas candidaturas, Resolución 92/23 del Ministerio del Interior, art. 2) y las normas del Código Penal (Arts. 248, que reprime al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, Art. 174 inc. 5to, que sanciona a quien cometiere fraude a la administración pública, es decir la acciones de quien teniendo a cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos (descripción que hace el inciso 7 del art. 173 del C.P. aplicable al caso)", añaden los denunciantes liderados por Talerico.

"Asimismo y como resultado de la investigación podría resultar aplicable el Art. 260 del mismo código que sanciona al funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados (si los fondos usados tenían otra asignación específica y les cambió el destino)".

Repunte de Milei

Los anuncios en campaña de Massa han comprometido más de dos puntos del PIB anual de Argentina -equivalentes a un gasto para el PIB de España de 30.000 millones de euros-. Lo que aboca al Estado argentino a un incumplimiento de los objetivos de déficit este año del 1,9% del PIB para con el Fondo Monetario Internacional, el principal acreedor de un país golpeado por una inflación que en octubre alcanzó el 142,7% interanual -más del doble que cuando Massa asumió hace poco más de un año-. Según los cálculos citados por la denuncia de Talerico, Sabsay, Nercellas y Curi, las medidas electoralistas antes citadas abocan a un déficit fiscal este año de entre 3 y 5 puntos del PIB.

Otro elemento cuestionado por los denunciantes es la resistencia del Gobierno y el ministro candidato a un cambio en la fecha festiva de este lunes, como planteó la Cámara Nacional Electoral para que la participación no se vea lastrada. De acuerdo a fuentes de la alta politología argentina, un porcentaje de participación por encima del 70% garantizaría el triunfo del economista libertario Javier Milei (53).

Los sondeos de la última semana han incrementado la preocupación en el campamento oficialista, hasta seis puntos por debajo de Milei atendiendo a los informes previos a la votación final de este domingo. Una mayoría de las encuestas vaticina que el pacto entre el líder de La Libertad Avanza y la presidenta del PRO macrista Patricia Bullrich podría resultar decisivo hasta el punto de que prácticamente sumarían la totalidad del 54% de los votos que ambos candidatos cosecharon en la primera vuelta. Y ello, pese a la fractura en la coalición de Juntos por el Cambio que provocó el acuerdo a tres bandas entre Milei, el expresidente Mauricio Macri y Bullrich, sellado la misma semana tras los resultados de la primera votación general.

La vasta mayoría de los medios de comunicación dieron a Massa como ganador del único debate previo a la segunda vuelta, en el que el economista se preocupó más por controlar su temperamento que por dominar la escena. Las encuestas a los espectadores dieron, sin embargo, el triunfo a Milei

Tras la primera contienda, la prensa oficialista se afanó en poner de relieve la resonancia de la primera posición de Massa con el 36% de los votos, pese al riesgo de una suma entre el 30% de Milei, el 24% de Bullrich e incluso, el 7% de Juan Schiaretti, el Gobernador de Córdoba. La provincia del Cuarteto es un feudo tradicionalmente anti kirchnerista donde el libertario ganó la primera elección y cerró esta semana su campaña abrazándose con Bullrich. Sin embargo, los márgenes de error impiden cualquier certeza sobre el resultado final. Según los cálculos del búnker macrista, entre un 65% y un 90% de los votantes de Bullrich en la Primera Vuelta lo haría ahora en favor de Milei. A esa incertidumbre se suma el peso territorial del oficialismo y del social demócrata radicalismo -aliado hasta la Primera Vuelta de Macri pero distanciado tras su acuerdo con Milei.

GRACIAS @PatoBullrich 🇦🇷 pic.twitter.com/ZZyNgSA9MB

— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) November 16, 2023

La vasta mayoría de las crónicas en medios de comunicación dieron al exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner como ganador del único debate previo a la Segunda Vuelta, en el que el economista se preocupó más por controlar su temperamento que por dominar la escena como sí lo hizo Massa en su llamada a la Unidad Nacional y su advertencia contra los posibles costos del ‘darwinismo social’ de su contrincante.

Una confrontación televisiva en la que el libertario evidenció su falta de experiencia como político ante un interlocutor con más de dos décadas de experiencia en el sector público en un país que suma 80 años desde la llegada al poder del peronismo.

La práctica totalidad de las encuestas digitales, incluida la del canal que difundió el debate TN, dio, por el contrario, como ganador de la discusión a Milei a razón de su apariencia de individuo sincero y oprimido por la destreza camaleónica de un político experto en la fuerza del Estado.