El Gobierno rechaza entregar al Grupo Parlamentario Vox el informe elaborado por la División de Control y Mejora de la Gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el desfalco millonario en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de España en Panamá. Esta oficina pertenece a la red de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organismo adscrito al departamento dirigido por Arancha González Laya.
Los diputados Macarena Olona y Víctor González, al amparo del artículo 7 del Reglamento del Congreso -el que les faculta a recabar de las Administraciones Públicas los datos y documentos que obran en poder de estas- solicitaron una copia del documento a finales de febrero de 2021. El informe sobre el caso de los millones de Panamá que afecta a la AECID fue remitido el 8 de junio de 2020 al Tribunal de Cuentas.
El caso hace referencia a 4,5 millones de euros robados de los programas de cooperación a largo plazo de España con Panamá y fue adelantado por Europa Press. El presunto autor del delito responde al nombre de Omar Guevara y ocupaba un cargo como administrativo contable. Este habría sustraído paulatinamente la suma de dinero falsificando firmas, certificados y estados bancarios. Es de origen panameño y aún se encuentra en busca y captura.
Pero el Ejecutivo no entregará a Vox el informe solicitado en el Congreso. Al menos por ahora. En una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el Gobierno explica al partido liderado por Abascal que "en relación con la solicitud de información presentada, se manifiesta que no es posible responder a la petición de sus Señorías, ya que el expediente sobre el desfalco financiero, que se produjo en la OTC de Panamá, se encuentra actualmente en la fase de actuaciones previas a la exigencia de responsabilidad contable por el Tribunal de Cuentas".
Vox recurre al Tribunal Supremo
Ante tal contestación, Vox ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo "para que se nos entregue la información vía judicial". La formación política denuncia que el Gobierno les "deniega" una información que está "obligado" a dar en virtud de los artículos 23.2 de la Constitución, además del 7 del Reglamento de la Cámara Baja.
La misma situación se habría repetido en una ocasión anterior: cuando registraron una solicitud de los expedientes relativos a la elección de la ciudad de Córdoba como sede de la futura Base Logística del Ejército de Tierra. Este asunto también terminó en el Supremo.
Se trata de recursos contencioso-administrativos especiales "para la jurisdicción de los derechos fundamentales contra la desestimación tácita, por parte del Gobierno de España, de la solicitud de información parlamentaria presentada por los diputados" al entender que la citada "desestimación tácita" vulnera su derecho fundamental a la participación política consagrado en el artículo 23.2 CE.
Vox interpone un recurso contencioso-administrativo especial "para la jurisdicción de los derechos fundamentales contra la desestimación tácita del Gobierno de la solicitud de información parlamentaria"
El referido artículo comporta el "derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes" e implica -señala Vox al Supremo- el derecho a permanecer en tales funciones y cargos sin perturbaciones ilegítimas y a desempeñarlos conforme a las previsiones legales.
El pasado mes de febrero, la AECID, a instancias del entonces coordinador de la agencia en el país centroamericano Carlos Cano, empezó a sospechar de Omar Guevara como presunto responsable de la sustracción paulatina de fondos.
Exteriores lo denunció ante las autoridades panameñas en apenas 24 horas, contrató un despacho legal para el eventual juicio y pidió la detención del sospechoso. El procurador general dictó orden de busca y captura contra él el pasado 3 de abril, pero desde entonces está en paradero desconocido.
A principios de marzo, el ministerio dirigido por González Laya envió una misión de la Inspección General de Servicios, que realizó una auditoría interna completa de los fondos afectados. Su documentación, así como el famoso informe de la División de Control y Mejora de la Gestión, fueron enviados en Madrid al Tribunal de Cuentas.
Ahora, según la respuesta del Gobierno a Vox, la copia no puede ser entregada porque "se encuentra actualmente en la fase de actuaciones previas a la exigencia de responsabilidad contable".
El coordinador, castigado
Por otro lado, tal y como reveló el periodista Antonio Rodríguez en Vozpópuli, la AECID decidió no renovar el contrato de Cano, coordinador de la oficina. Este se vio obligado a dejar su puesto el 31 de julio tras una trayectoria de casi 35 años en diferentes trabajos de cooperación en Panamá y cuando le quedaban menos de dos años para la jubilación.
En un mensaje que este coordinador envió a sus homólogos españoles repartidos por el mundo -y al que tuvo acceso este diario- criticaba a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), que dirige Ángeles Moreno, por haber tomado esta decisión contra él.
"La SECI ha determinado que no se podía prorrogar mi contrato (a 20 meses de mi jubilación), ya que según su parecer soy culpable de haber descubierto y denunciado un desfalco millonario, perpetrado por el administrador de esta OTC, Omar Guevara", explicó.
Dicho desfalco "se ha llevado a cabo desde el año 2007", aunque este coordinador de la AECID advierte de que todo apunta a que posiblemente sea desde años anteriores. "Como entenderéis se tenía que buscar una cabeza de turco y esa ha sido la mía", lamentó.
Tras el desfalco en Panamá y a raíz de otra batería de preguntas de Vox y Ciudadanos en el Congreso, el Gobierno anunció que la AECID, en coordinación con el Ministerio de Exteriores del que depende, iba a "reforzar las medidas de control interno".
En concreto, anunció circularizaciones bancarias trimestrales de todas las cuentas de titularidad de las Unidades de Cooperación en el Exterior (UCE) y arqueos de caja sorpresivos en fechas que se indiquen con periodicidad aleatoria desde a cada unidad. Además, aseguró que habría inspecciones regulares y extraordinarias en las UCE por personal de la Inspección General de Servicios del Ministerio y de la AECID.
