Villarejo acusa en nuevo audio a Bono de tapar la polémica de sus áticos: "Que saco lo del Yak"

El exministro de Defensa José Bono logró frenar la investigación abierta sobre sus dos áticos en Estepona amagando con sacar a la luz información oculta del Yak 42, según José Manuel Villarejo. El comisario jubilado reveló este episodio a Carlos Ripollés en una conversación en la que le confesó que el exministro consiguió su objetivo: "Y coge y ¡pom! Esa investigación del ático se va a tomar por culo", dijo.

Así consta en nuevos audios del comisario jubilado a los que ha tenido acceso Vozpópuli, relativos a un encuentro mantenido el 3 de julio de 2017. El interlocutor del comisario es Carlos Ripollés, quien presidiera la Asociación de Víctimas del Yak-42. Su hermano, José Manuel Ripollés, comandante del Ejército de Tierra, fue una de las 75 víctimas mortales en la tragedia aérea de Trebisonda (Turquía), al estrellarse en mayo de 2003 el avión en el que viajaban tropas españolas de regreso de Afganistán.

En el encuentro, celebrado cuatro meses antes de su detención, el comisario le comienza relatando la investigación que impulsó en Málaga contra el PSOE en el marco de la operación Astapa. Al respecto le dijo que se toparon en las pesquisas con una información que afectaba al exministro de Defensa y que la misma se frenó en seco tras sus amenazas.

"Entonces aparece Bono, que le ha regalado dos áticos que te cagas un constructor que se llama San Martín y tal, poniendo el cazo. Y el tipo coge y dice: 'Oye, que saco lo del Yak'. Y coge y ¡pom! Esa investigación del ático se va a tomar por culo. Y Bono amenazando con papeles... Hace poco que dijo: 'Tengo papeles'. Pues sácalos. Y al final dijo: 'No tengo, era un tarjetón que mandaron'", relató Villarejo y apostilló: "El tenía la copia que se quedó (el exministro José Antonio) Alonso".

Sanz Roldán era JEMAD y se quedó en la reserva porque obstaculizó la entrega de facturas. Bono aprovechó un día que estaba en una comparecencia para pedir las facturas

En la cita, grabada como era costumbre por Villarejo, Ripollés y el comisario despachan sobre la investigación en España de la tragedia del Yak 42 y la presunta ocultación de pruebas por parte del Gobierno. En concreto, señaló a su principal enemigo, Félix Sanz Roldán, de quien dijo que pasó a la reserva a raíz, precisamente, de este episodio que tuvo lugar en 2003.

La mano de Bono

"Él era JEMAD (Jefe de Estado Mayor de la Defensa) y se quedó en la reserva porque obstaculizó toda la entrega de facturas y todo... Llevaba el mamoneo de las facturas y se niega a entregarlas. José Bono lo tiene escrito en un libro", le dice a Ripollés. "Léelo léelo. (Bono) aprovechó un día que Félix Sanz Roldán está haciendo una comparecencia en no sé donde para, a escondidas y sin ponerle en evidencia, pedir las facturas".

"¿Eso lo mandaba Félix?", pregunta su interlocutor y Villarejo continúa: "Claro, entonces resulta que le cortan la cabeza". Según su relato, con la salida de Bono del Ministerio de Defensa y la llegada de José Antonio Alonso (que provenía del Ministerio de Interior) se "repesca" al general que terminó ejerciendo como jefe del Centro Nacional de Inteligencia. "Sale Bono, que estaba de ministro de Defensa, y entra el ministro del interior, al que yo le había dado la información del Yak. ¡Qué cosas!", apostilla.

"Los aviones eran para Casa Real"

En el audio, que forma parte del conjunto de material que el analista Alvise Pérez entregó voluntariamente la semana pasada en los juzgados de Plaza de Castilla, Villarejo alimenta la teoría de que el Gobierno ocultó deliberadamente pruebas del trágico accidente. Según explicó, el entonces DAO, Pedro Díaz Pintado, le encargó que investigase estos hechos aprovechando la llegada del PSOE al Gobierno.

"Me pongo a mirar el tema, me busco los pistachos en el Ejército y me dicen que las facturas están escondidas que no se las dan a nadie (...). Y nos ponen todas las pegas del mundo", relata. Según dijo, llegó a averiguar que los aviones que utilizaban los militares, eran para Casa Real. "Los compran como nuevos y eran de octava mano. Estaban tan hechos mierda que no los dejan ni despegar. Y los pagaron. Al final se gastaron como el doble", confesó.

Las sospechas de Villarejo se unen a la de muchos familiares que siempre apuntaron a fallos de seguridad. El suceso die pie a un largo y abrupto procedimiento judicial, con numerosos archivos y reaperturas. Algunos de los militares españoles habían cuestionado previamente las condiciones de seguridad en las que volaban a bordo de los aviones rusos que el Ministerio de Defensa, entonces dirigido por Federico Trillo, subcontrataba para la repatriación de las tropas españolas. En la gestión de la tragedia se sucedieron los errores en la identificación de los cadáveres, lo que propició que algunos de los familiares enterrasen o incinerasen restos mortales de otros militares que no eran sus allegados

La lucha de los familiares

Durante años, las víctimas denunciaron que los estamentos militares habían encubierto a los mandos encargados de la gestión de los restos mortales. También pidieron los contratos de la subcontratación de aeronaves, para esclarecer en términos judiciales si había habido algún tipo de negligencia o de uso indebido de los fondos destinados al traslado de tropas.

Pasaron los años, se sucedieron los cambios de Gobierno y los responsables de Defensa, y las familias de los fallecidos en el Yak-42 aún pugnaban en los tribunales para que se dirimieran responsabilidades. Así se llegó al año 2017. María Dolores de Cospedal, al frente del Ministerio, recibió a la Asociación de Víctimas del Yak-42. La ministra pidió “perdón” y aseguró que facilitaría toda la documentación necesaria para aclarar los hechos.

En esas irrumpió José Bono, ministro de Defensa entre 2004 y 2006, sucesor de Trillo a los mandos del departamento. El exdirigente socialista aseguró que tenía un archivo relevante relacionado con la tragedia del Yak-42. Cospedal le reclamó por burofax que enviase al Ministerio cualquier documentación relacionada con el caso. Bono remitió los papeles; tras analizarlos, fuentes del Gobierno de Mariano Rajoy aseguraron a varios medios que no tenía ninguna relevancia judicial.

Unos documentos que ahora están disponibles, en abierto, en la Fundación Pablo Iglesias. Como contó Vozpópuli, el exministro socialista publicó en esta plataforma 113 archivos vinculados al accidente del Yak-42. Entre ellos figuran anexos remitidos a la Audiencia Nacional, notas sobre la identificación de los cadáveres o investigaciones del Estado Mayor del Aire, entre otros.

En mayo de 2017, la Asociación de Víctimas del Yak-42 anunció su disolución, al considerar que habían vencido en su “lucha” por la verdad después de que el Ministerio de Defensa de María Dolores de Cospedal admitiese la responsabilidad del Estado en la tragedia.