España

El Gobierno traslada a inmigrantes de Canarias a la Península en avión

Fuentes de Interior aseguran que se trata de reubicaciones "puntuales" para perfiles de "colectivos vulnerables" que se llevan a cabo con autorización de las comunidades autónomas

Varios inmigrantes hacen cola en el Muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, Canarias (España)
Varios inmigrantes hacen cola en el Muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, Canarias (España)

El Gobierno ha dado luz verde al traslado en avión de inmigrantes desde Canarias hasta Granada, en un movimiento que ha levantado una gran polvareda política y la irritación de la Junta de Andalucía. Fuentes consultadas por Vozpópuli afirman que se trata de reubicaciones "puntuales" y que se realizan de acuerdo a "todas las garantías sanitarias". Una medida adoptada para aliviar la presión migratoria en las islas, cuyos puertos han protagonizado una escalada de recepciones de embarcaciones en las últimas semanas.

En las redes sociales circulan imágenes que muestran el supuesto aterrizaje de un avión en el aeropuerto de Granada de un grupo de inmigrantes procedentes de Canarias. En dichas imágenes se cuestiona la realización de pruebas de coronavirus a las personas que son trasladadas a la Península.

Fuentes de Interior aseguran que estas reubicaciones se llevan a cabo "priorizando perfiles de protección internacional y de colectivos vulnerables" y que se vienen realizando desde los últimos meses: "Las personas que llegan de forma irregular a las costas canarias son personas en situación irregular y que por lo tanto no disponen de documentación acreditativa, por lo que su traslado a otras comunidades autónomas debe de ser autorizado. Se realizan controles documentales en origen para comprobar este extremo".

Desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se añade que "toda reubicación se realiza de forma controlada y con todas las garantías sanitarias", en cumplimiento de todos los protocolos establecidos a causa de la pandemia del coronavirus.

Polémica en Andalucía

Las reubicaciones en la Península es uno de los puntos calientes que ha centrado el debate sobre la inmigración. El pasado 20 de noviembre, Marlaska negó desde Rabat que se fuese a aprobar ningún traslado desde Canarias a cualquier otro punto de España para evitar que las islas se convirtiesen en "vía de entrada irregular en Europa", aunque incidió en que para "aquellos que sean susceptibles de protección internacional se adoptarán las medidas adecuadas de traslado", como el que podrían protagonizar los reubicados a Granada.

Este traslado de inmigrantes ya ha desencadenado las primeras reacciones en el escenario político. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, asegura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha "comunicado absolutamente nada" sobre esta decisión.

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos), lamenta que se deje a estas personas a su "libre albedrío" y sin garantías de seguimiento: "No parece normal que en una pandemia como la que estamos sufriendo en este momento el ministro Marlaska monte un vuelo, mande inmigrantes al interior de la Península", afirma en declaraciones recogidas por Granada Hoy, al mismo tiempo que anuncia la formalización de una queja por parte del consistorio granadino.

Desde Interior, no obstante, aseguran que la competencia de traslados y del sistema de acogida recae en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá.

Dudas entre la Policía

Este traslado ha suscitado dudas en el seno de la Policía Nacional. Así lo expresa el Sindicato Unificado de Policía (SUP): "No sabemos cuáles son los criterios elegidos para permitir estos movimientos ni si los subsaharianos han cumplido las medidas obligatorias de cuarentena frente a la Covid-19. También desconocemos cómo se va gestionar su situación legal puesto que no van a estar a disposición de la unidad de extranjería cuando sea necesario".

Desde el sindicato añaden: "El riesgo sanitario al permitir la movilidad por España de personas de las que desconocemos su situación médica es muy elevado y supone la una contradicción respecto a las medidas generales de confinamiento territorial que no exceptúan de su aplicación a este colectivo".

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