Justicia, la CNMC y la Unión Europea: todos los frentes que acorralan a 'tito Berni'

La onda expansiva de la causa del 'tito Berni' se deja sentir ya dentro y fuera de España. La juez que investiga una trama de amaño de contratos a cambio de comisiones ha recurrido en las últimas semanas a dos Ministerios, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y hasta un país de la Unión Europea en busca de información. El objetivo es esclarecer la naturaleza de los contratos bajo sospecha y rastrear el presunto desvío de mordidas fuera del país.

Entre los organismos a los que el juzgado de instrucción número 4 de Tenerife se ha dirigido se encuentran: el Ministerio de Justicia, la fundación FIIAPP -cuyo patronato preside la vicepresidenta Nadia Calviño y está relacionado con la cooperación exterior-, la CNMV y Bélgica. A ello se añade la actuación de la UE, desde donde se abre la vía a investigar si se desviaron fondos europeos con esta trama que salpica al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido con el sobrenombre de tito Berni.

Tras más de 12 meses de diligencias secretas, los agentes propiciaron el estallido de la trama con las detenciones de los principales imputados. Un diputado del Congreso, un general de la Guardia Civil, ex altos cargos del Gobierno canario y empresarios de las islas se vieron envueltos en esta red que no solo apunta a la comisión de varios delitos, sino que también se vio envuelta en juergas, consumo de drogas y prostitución.

El rápido avance de la investigación ha llevado a la instructora a requerir auxilio ajeno al juzgado. En primer lugar, ha recurrido a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para tratar de localizar bienes en el continente africano. La juez ha encomendado a este órgano, dependiente del Ministerio de Justicia, que rastree hasta en un total de seis países de África occidental patrimonio o bienes asociados al general de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas, implicado en la trama del tito Berni.

4 contratos por 2,3 millones

Su pasado como director del proyecto GAR-SI Sahel y los negocios para los que habría mediado en esta zona de África hacen sospechar a los investigadores que pudo haber ocultado patrimonio en alguno de estos países. La Policía sostiene que el general habría aprovechado su influencia para que el empresario valenciano de la trama José Suárez Santiago Estévez se adjudicara cuatro contratos por 2,3 millones de euros.

Los audios incorporados al sumario también apuntan en esta dirección. De las conversaciones se desprende que trabajaría en un proyecto solar de 35 millones. “Todo lo que hago en África es a través del ‘Papa’”, le dijo el empresario de los drones al mediador. A mayores, el mediador de la trama, Antonio Navarro Tacoronte, tiró de la manta en sus declaraciones ante la juez y dijo que las operaciones en África las consiguieron gracias a Espinosa Navas. Por todo ello la ORGA rastrea ya en los países de Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde.

La firma de estos cuatro contratos también ha propiciado la entrada en escena de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). El ente público, cuyo patronato preside la vicepresidenta Nadia Calviño y que gestiona proyectos como el GAR-SI Sahel, se ha desvinculado por completo de estos cuatro contratos.

Pero la juez tiene el foco puesto en estas adjudicaciones que se licitaron entre 2020 y 2021. Por ese motivo ha recurrido a la CNMC. Según expone en un auto del sumario al que ha tenido acceso Vozpópuli, se le requiere para que ayude a la Guardia Civil en las pesquisas y en caso de evidenciarse irregularidades en estas licitaciones a la empresa de drones del caso Mediador. Se trata de cuatro contratos por importe de 944.830 euros; 978.648 euros; 215.000 euros y 213.800 euros.

La UE y los fondos europeos

Por la mediación en estos concursos, el general Espinosa Navas se habría llevado una comisión. De nuevo, los audios evidenciaron este posible desvío de fondos hacia una cuenta que tendría abierta en Bélgica, por ello la juez emitió en octubre una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a las autoridades de Belgas, de la que todavía se está a la espera de respuesta.

Pero es que, además, Bruselas también ha dado la voz de alerta en relación a un presunto desvío de fondos europeos. La Comisión Europea va a pedir explicaciones al Gobierno acerca de si se desviaron fondos europeos con esta trama que se dedicó a otorgar ayudas a empresarios afines, así como a hacer desaparecer sanciones con la Administración gracias a su capacidad de influencia en el territorio canario. A lo largo del sumario son muchas las alusiones a su acceso a ayudas estatales, europeas e incluso a los fondos de recuperación tras la pandemia del covid.

En este sentido, la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, registró una iniciativa en la Comisión relacionada con el 'Caso Mediador' y la corrupción en España "por el posible desvío de fondos Next Generation" en la trama que implica a tito Berni. En concreto, piden que se investigue un supuesto uso irregular de estos fondos en el marco del citado proyecto GAR-SI Sahel.

Pagazaurtundúa reclamó información sobre los controles que ha realizado para verificar que "no se han utilizado fondos europeos de manera incorrecta en relación con este caso". También sobre "por qué no se comunicó" el informe de abril de 2022 a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), en el que los expertos alertaron de gastos "imprudentes" o los intentos de controlar la contratación de personal o la entrega tardía de equipos.

La eurodiputada de Ciudadanos, además, advirtió de que los casos de corrupción que puedan darse en España -como el citado Mediador- están sometidos a unas penas más laxas tras la reciente reforma del delito de malversación. "¿Cree la Comisión que España, con esta reforma legal, está contribuyendo a una política integral de prevención y reducción de la corrupción e incentiva el respeto de los principios de concurrencia, transparencia e igualdad de trato de los licitadores?", reza la pregunta registrada en la Comisión.

Petición al Congreso

La condición de parlamentario del tito Berni también ha terminado por salpicar al Congreso de los Diputados. Aunque el diputado socialista dimitió días antes del estallido del caso, la juez ha requerido al órgano que preside Meritxell Batet que le entregue todo el material que guardaba en su despacho. La diligencia produjo un choque entre la Policía, que solicitó el registro inmediato de su lugar de trabajo, y la Fiscalía Anticorrupción, que consideró más apropiado pedir permiso a la presidenta.

La juez optó por esta segunda opción y en apenas unas horas el Congreso tramitó la solicitud. La duda reside ahora en si estos dispositivos incautados almacenan información que pueda ayudar a las pesquisas. Precisamente, una de las grandes desavenencias entre los investigadores fue la puesta en libertad del tito Berni tras declarar el pasado 22 de febrero. La juez tuvo que dejarle en libertad, pese a su criterio, porque la Fiscalía no pidió la prisión. No obstante, advirtió de un claro riesgo de destrucción de pruebas.

Ahora también Interior

Como consecuencia de esta investigación se ha impulsado otra, en paralelo, por presuntas irregularidades en las obras de acuartelamientos de la Guardia Civil. El nexo común de este asunto con la trama canaria tiene nombre: Ángel Ramón Tejera de León. Este empresario, que aparece en numerosas conversaciones del sumario Mediador -aunque no figura como investigado en la causa de tito Berni-, se habría adjudicado de manera irregular varios centenares de reformas en cuarteles de toda España. Por estos hechos hay dos causas penales abiertas en Madrid y en Valencia y cuatro mandos de la Guardia Civil y uno del Ejército en jaque. Además, se ha cesado al jefe de la Guardia Civil en Tenerife.

Así pues, si el caso tito Berni ha salpicado ya a Justicia y Exteriores, la derivada de los cuarteles ha terminado por estallarle al Ministerio del Interior, que ya ha cesado al jefe de la Comandancia de Tenerife. Tal y como informó este medio, la causa lleva meses parada a la espera de que se puedan peritar las obras adjudicadas a Tejera de León (Mon). El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se ha negado a peritar este trabajo retrasando así el avance de las pesquisas. Tras ello, Fiscalía y Abogacía no se oponen a que sea Patrimonio del Estado el que evalúe el asunto.

Y a todo ello hay que sumar las confesiones del bautizado como Mediador. El empresario Antonio Navarro Tacoronte está dispuesto a tirar de la manta y no solo señala a los imputados en la trama. También desveló comidas con una quincena de diputados del PSOE en Madrid y dijo que asesoraba a dos ministros y tres senadores. La Policía sostiene al respecto que solo ha salido la punta del iceberg.