Un día de teletrabajo a la semana, gastos compartidos y desconexión: así será la ley para regular el empleo desde casa

El Gobierno, empresarios y sindicatos tienen previsto reunirse este martes para pactar la ley que regulará el teletrabajo en España. Esta opción contemplará el trabajo a distancia al menos un día a la semana, que representa el "20% de la jornada en 3 meses", y establecerá los gastos que deberán sufragar las empresas, según el texto que ha adelantado la Cadena SER.

El acuerdo al que lleguen empresas y trabajadores para el teletrabajo deberá ser comunicado a la oficina de empleo “en un plazo no superior a 10 días desde que se formalicen” y deberá detallar los gastos sufragados por el trabajador y que tendrán que correr a cargo de la compañía. Además, el empleado tendrá derecho la desconexión y podría no utilizar sus propios dispositivos tecnológicos.  

La empresa tampoco podrá "exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajada". Y el acuerdo al que llegue la compañía con el empleado recogerá el inventario de medios puestos a disposición del trabajador, así como su vida útil, el horario de trabajo y de disponibilidad, y un reparto de días trabajados presencial y telemáticamente. Además, se exigirá "algo más" para evitar el efecto "viernes en casa".

Control del teletrabajo con "dignidad"

Las empresas podrán controlar el cumplimiento de la jornada, adoptando "las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes laborales", si bien tendrá que hacerlo “guardando la consideración debida a su dignidad”, según el borrador del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz.

La regulación del teletrabajo afectará también a todos los empleados de las administraciones públicas, aunque de momento no se contempla para el caso del personal laboral

La aplicación de esta ley, tal y como recoge el propio borrador de la norma, no será de aplicación íntegra hasta que hayan transcurrido tres años desde su publicación en el BOE. También afectará a los empleados de las administraciones públicas, salvo en el caso del personal laboral, aunque este extremo está siendo reclamado por parte de los sindicatos.