Cada día se requisan más de siete teléfonos móviles a los presos en las cárceles españolas

Los teléfonos móviles son elementos especialmente codiciados en el mercado negro de las cárceles españolas. Por supuesto, que los presos dispongan de un teléfono para su uso personal y exclusivo va contra las normas, toda vez que algunos de los líderes de organizaciones criminales aún manejan las redes en el exterior a través de estas comunicaciones. Pero la cifra de aparatos en los presidios no ha dejado de crecer: los funcionarios de prisiones ya intervienen una media superior a los siete terminales al día en los centros penitenciarios.

Son cifras a las que ha tenido acceso el sindicato ACAIP UGT, desde donde se denuncia el crecimiento de las estadísticas relacionadas con las intervenciones de los teléfonos entre los reclusos. Sólo en 2022 se incautaron 2.733 aparatos, lo que supone una media de 7,5 cada día.

“Los teléfonos móviles son un objeto prohibido dentro de las prisiones para evitar la continuación del delito, entre otros, de bandas organizadas o de violencia de género -indican desde ACAIP UGT-. Esto los convierte en elementos muy cotizados entre los presos, generando un mercado negro con los problemas regimentales que esto genera”.

La cifra, además, supone un incremento del 21% respecto a los datos de 2021, cuando se requisaron 2.261 aparatos; también bate el máximo histórico que se había registrado hasta la fecha, en el año 2019, con 2.585 teléfonos intervenidos. En 2020 se aprehendieron 2.261; en 2018, 1.858; y en 2017, 1.384.

Miniteléfonos de plástico

“Esta cifra es la más alta registrada desde que aparecieron estos teléfonos, lo que supone un riesgo para la seguridad de los centros penitenciarios”, advierte el sindicato de funcionarios de prisiones, al mismo tiempo que indica que Málaga, Madrid III (Valdemoro) y Albolote (Granada) son los centros penitenciarios con mayor número de confiscaciones.

Según detalla ACAIP UGT, los teléfonos móviles son objetos “muy cotizados” por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones, especialmente aquellos con condenas relacionadas con la violencia de género, los delitos de terrorismo o aquellos individuos pertenecientes a bandas organizadas: “Su uso y presencia dentro de los centros los convierte en fuentes de conflicto por el control del mercado negro que se genera”.

En los últimos años, además, se han desarrollado teléfonos móviles hechos de plástico -lo que permite pasar inadvertido en los controles de metales- y de un tamaño muy reducido, similar al de un mechero, que facilita su introducción y posterior ocultación en las cárceles españolas. Estos terminales se venden en tiendas legales a precios muy reducidos, con funcionalidades reducidas al envío y recepción de llamadas o de mensajes de texto.

Drones

Tradicionalmente se han introducido estos teléfonos en las cárceles mediante las visitas concertadas, aunque en tiempos más recientes se ha detectado un aumento del tráfico ilegal mediante el uso de drones: no sólo para colar los terminales, sino también otros elementos prohibidos, como sustancias estupefacientes.

El sindicato de funcionarios de prisiones advierte de que esto supone “una merma importante de la seguridad de los establecimientos penitenciarios”, ya que la presencia de objetos prohibidos “perjudica gravemente” el normal funcionamiento de una prisión: “Debe primar una convivencia ordenada para poder cumplir con el objetivo de la reeducación y la reinserción”.

“Podemos encontrarlos en los lugares más insospechados, por lo que es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada -concluyen desde ACAIP UGT-. Con 3.000 vacantes, y una relación de puestos de trabajo en los centros que no se corresponde con las necesidades reales de los mismos, es casi imposible realizar todas las funciones encomendadas a cada uno de los empleados públicos penitenciarios”.

Por eso, entre otras medidas, el sindicato solicita que se incorporen más medios materiales y humanos para el control de las cárceles españolas, incluyendo una mejora de los inhibidores en las prisiones para detectar los intentos de introducir elementos prohibidos: “Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito”.