La Sección Cuarta de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo examinará la gestión realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus. Y lo hará tras analizar un recurso interpuesto por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en el que se acusa al Ejecutivo de "inactividad" frente a la Covid-19.
Sin embargo, los magistrados Luis María Díez-Picazo Giménez, en calidad de presidente; Jorge Rodríguez-Zapata Pérez; Pablo Lucas Murillo de la Cueva; Celsa Pico Lorenzo; María del Pilar Teso Gamella y Rafael Toledano Cantero, han rechazado adoptar la medida cautelarísima reclamada por los facultativos, que pretendían que de forma "urgente e inmediata" se obligara al Ejecutivo a suministrar al personal sanitario el material necesario. Lo han desestimado porque antes de tomar una decisión quieren "oír a la Administración".
"La cuestión jurídica a resolver en este momento, sin embargo, no es la insuficiencia de medios sino si puede ser reprochada como resultado de una inactividad antijurídica de la Administración y, mientras que no es discutible esa carencia, esta Sala carece de elementos suficientes para afirmar que existe tal inactividad y, mucho menos, sin oír antes a la Administración", destaca el ponente Pablo Lucas Murillo de la Cueva en nombre de todos los magistrados que componen la Sala.
La gestión de la Administración
Sin embargo, los magistrados abren la puerta a que una vez estudiadas las alegaciones anunciadas por el Abogado del Estado, que contará la versión del Ministerio de Sanidad, "la Sala pueda pronunciarse ya con conocimiento de todos los extremos precisos y, en particular, de la gestión efectuada al respecto por la Administración y de los criterios que la han informado", concluye el auto de 31 de marzo en el que se acuerda tramitar la pieza ordinaria de medidas cautelares.
Tras oír a la Abogacía del Estado, la Sala se pronunciará "con conocimiento de todos los extremos precisos y, en particular, de la gestión efectuada al respecto por la Administración"
La decisión de los magistrados se produce después de que Confederación Estatal de Sindicatos Médicos presentara un recurso contencioso-administrativo en el que reclamaba al Tribunal Supremo que obligara al Gobierno de Pedro Sánchez a suministrar el material sanitario "por razones de urgencia vital para los profesionales y los ciudadanos".
La Confederación de Médicos acusa al Ejecutivo de incumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los protocolos de protección del propio Ministerio de Sanidad, y le exige que provea a los profesionales sanitarios de batas impermeables, mascarillas, calzas y gafas de protección; pero también que instale en los hospitales contenedores de residuos específicos.
"Integridad física"
Estos "incumplimientos" del Gobierno, según explica a Vozpópuli el secretario general de la Confederación de Médicos, Gabriel del Pozo, "causan lesión para los legítimos intereses de los profesionales dado el extraordinario riesgo para su integridad física y moral y las necesidades de protección de los profesionales sanitarios”, completa el recurso de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
Finalmente los magistrados, que consideran un "hecho notorio" que los sanitarios no disponen de todos los medios necesarios para hacer frente a la pandemia con la debida protección, dan en su auto un tirón de orejas a los facultativos por querer probar la "inactividad" del Ejecutivo únicamente apoyándose en las informaciones periodísticas.
