Tribunales

Denuncian a Pedro Sánchez ante el Supremo por imprudencia al permitir el 8-M

El abogado que demandó al delegado del Gobierno en Madrid pide que se investigue al jefe del Ejecutivo por autorizar las manifestaciones pese a la recomendación emitida por el Centro Europeo sobre el coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno para explicar la declaración del estado de alarma
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno para explicar la declaración del estado de alarma EP

La primera denuncia contra Pedro Sánchez llega este jueves al Tribunal Supremo. Víctor Valladares Pérez ha asegurado a Vozpópuli que acudirá a la Sala de lo Penal para solicitar diligencias contra el presidente de Gobierno por presuntos delitos de prevaricación y delitos de lesiones por imprudencia profesional al permitir la manifestación del 8 de marzo. El abogado se dirige al Alto Tribunal unas horas después de haber recibido la notificación del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en la que se admitió a trámite su denuncia contra el delegado del Gobierno José Manuel Franco Pardo por los mismos hechos.

El letrado ha anunciado su intención de que se investigue a Sánchez por las autorizaciones concedidas para la celebración de actos multitudinarios pese a la recomendación emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades de fecha 2 de marzo de 2020 sobre el Covid-19. Valladares ya había evidenciado en el documento presentado en los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, su propósito de denunciar al jefe del Ejecutivo. Ahora, tras la recomendación de la propia magistrada que aceptó investigar al delegado de Gobierno, extenderá formalmente su escrito al Supremo, donde Sánchez se encuentra aforado por su condición de presidente. 

Según ha podido conocer Vozpópuli, el abogado -que también emprendió en su día acciones legales contra el consejero de Sanidad de Madrid por el sacrificio del perro Excálibur- ha modificado la denuncia que ya fue presentada en el juzgado de guardia antes de elevarla al Alto Tribunal. El nuevo documento abarcará dos presuntos delitos: el de prevariación administrativa y el de lesiones por imprudencia profesional. Este último ha sido añadido a última hora, después de que se analizara el auto de la juez de Madrid en el que se advierte que ésta sería la calificación jurídica pertinente. 

Lesiones por imprudencia profesional

El Código Penal establece penas de prisión de entre tres meses y tres años para aquel que, por imprudencia grave, cause una lesión que menoscabe la integridad corporal o la salud física de otro que se vea en necesidad de un tratamiento médico o quirúrgico. La pena podría alcanzar hasta los 12 años de prisión en caso de que el perjudicado perdiera algún órgano principal. "Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años", según consta en la norma. 

Irene Montero en la manifestación del 8-M
Irene Montero en la manifestación del 8-M EFE

La magistrada que recibió la denuncia en el juzgado de Madrid, que también estuvo a cargo de la investigación sobre el máster de Pablo Casado, admitió en su auto que "la respuesta a esta cuestión no es fácil". Hizo hincapié en "lo absolutamente excepcional de los hechos denunciados hace que no sea viable buscar precedentes jurisprudenciales que arrojen algo de luz sobre si los mismos merecen reproche penal (o si, por el contrario, de merecer eventuales reproches, estos serían de otra naturaleza, cuestión ajena al campo técnico-jurídico que nos ocupa)".

En esta ocasión, serán los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, quienes tendrán que decidir si admiten o no a trámite la denuncia de Valladares contra Sánchez. 

Informe sobre las actuaciones del Gobierno

Según ha podido saber este diario, el letrado también ha incluido en el escrito que presentará este jueves la petición de diligencias de investigación a la Guardia Civil y a un médico forense, en el marco de las actuaciones ordenadas por la juez de Plaza Castilla. El abogado ha asegurado que solicitará al tribunal que reclame un informe sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas.

Asimismo, ha dicho que pedirá que la Unidad de Policía Judicial de Guardia Civil investigue si por parte de las autoridades competentes españolas se remitieron recomendaciones sanitarias a las Delegaciones del Gobierno en relación con las manifestaciones programadas para esas fechas. Y que informe si dichas autoridades hicieron advirtieron sobre los riesgos sanitarios de acudir a las concentraciones del 8-M  si suministraron medidas de prevención a los asistentes. 

Tal y como consta en la denuncia inicial, Valladares pretende presentar denuncias en los diferentes Tribunales Superiores de Justicia autonómicos contra varios delegados del Gobierno por los mismos delitos.

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