Sanidad

Una jueza investiga al Gobierno por permitir las manifestaciones del 8-M

El Juzgado de Instrucción 51 de Madrid estudia si pueden haberse cometido los delitos de prevaricación o lesiones por imprudencia profesional

Una jueza investiga por prevaricación del Gobierno por permitir las manifestaciones del 8-M
Una jueza investiga por prevaricación del Gobierno por permitir las manifestaciones del 8-M EFE

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha acordado investigar si el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco Pardo, prevaricó al permitir -entre otras- la manifestación del 8 de marzo. En concreto, estudiará su actuación al consentir "reuniones multitudinarias desde que se emitiera el informe sobre el Covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades". 

La magistrada ya ha avanzado en el auto -fechado a 23 de marzo- que tiene "serias dudas" de que se trate de un delito de prevaricación, aunque no lo ha descartado. "La calificación jurídica puede ser ésta o puede ser esta en concurso con otras, como, por ejemplo, el delito de lesiones por imprudencia profesional", ha señalado. La decisión responde a una denuncia presentada el abogado Víctor Valladares Pérez, el mismo que denunció al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, por presunta prevaricación en el sacrificio de Excálibur, el perro de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, infectada por ébola en 2014.

En la denuncia presentada contra Franco también se señala al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al resto delegados del Gobierno en las diferentes comunidades autónomas. "Obvio es decir que el presidente del Gobierno se encuentra aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", ha señalado la instructora en el auto, recogido por Vozpópuli. En el caso de los otros delegados, ha explicado que las denuncias deberán presentarse en las respectivas comunidades autónomas. De ahí que solo haya acordado dirigir las pesquisas contra Franco Pardo. 

"Se considera que este Juzgado de Instrucción 51 de Madrid sí tiene competencia para valorar los hechos denunciados en relación a los ocurridos en esta ciudad de Madrid", ha indicado. En este sentido, la juez ha procedido a incoar diligencias previas y realizar diligencias de investigación.

Sin precedentes

La magistrada, que también estuvo a cargo de la investigación sobre el máster de Pablo Casado, ha admitido en su auto que "la respuesta a esta cuestión no es fácil". Ha hecho hincapié en "lo absolutamente excepcional de los hechos denunciados hace que no sea viable buscar precedentes jurisprudenciales que arrojen algo de luz sobre si los mismos merecen reproche penal (o si, por el contrario, de merecer eventuales reproches, estos serían de otra naturaleza, cuestión ajena al campo técnico-jurídico que nos ocupa)".

En este caso, según ha señalado, "solo procedería el archivo directo de la denuncia si fuera evidente que los hechos no tienen encaje en un tipo penal, o si aún tipificados los hechos como delictivos, no existiera indicio alguno de la participación en los mismos del denunciado". 

Diligencias de investigación

En el marco de su exposición de motivos, la juez ha ordenado una serie de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense. Ha advertido, sin embargo, que no es urgente, por lo que se practicarán la disponibilidad lo permita, a la vista de la evolución del estado de alarma.

En el auto, la juez ha hecho hincapié en que al margen del cargo que ostenta Franco Pardo "hay muchas cuestiones que a fecha de hoy se ignoran" y que, como tal, no se alegan o acreditan en la denuncia: "El informe emitido en fecha 2 de marzo de 2020, por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades ¿fue remitido oficialmente a España en qué fecha? ¿a qué autoridades? ¿se recepcionó oficialmente por la Delegación del Gobierno de Madrid?".

En este sentido, ha señalado que "deberá acreditarse" que "si se contaba o no con tales datos objetivos en el momento de la toma de decisión por parte de la autoridad gubernativa, e incluso, si las manifestaciones que tuvieron lugar en los días 7 y 8 de marzo de 2020 eran susceptibles de perturbar otro bien o derecho protegido por la Constitución, como la vida". Por ahora, ha indicado la juez, "resulta imprescindible incoar diligencias previas" para "clarificar éstos y cuantos otros extremos permitan esclarecer si estamos o no ante hechos delictivos".

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