El sindicato Solidaridad apoyado por Vox lanza una ofensiva contra la ley rider promovida por Yolanda Díaz. "Una legislación del siglo pasado, no puede legislar empleos digitales surgidos hace pocos años", lanzan desde la organización sindical. Este jueves se manifestarán a partir de las 10.00 horas junto a los críticos del sector frente al Congreso de los Diputados.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo defiende ese día ante el Pleno uno de sus proyectos 'estrella': la norma que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio y que afecta a plataformas digitales como Glovo, Uber Eats, Deliveroo y Just Eat.
Entre otras obligaciones, estas compañías tendrán que contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La nueva ley ha dividido a los riders y el sindicato liderado por Rodrigo Alonso trata de canalizar el descontento generalizado. Y recoge algunas de las reivindicaciones de asociaciones defensoras del modelo autónomo como Repartidores Unidos y la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA).
Por otro lado, existen otras organizaciones como Riders X Derechos que se posicionan a favor de la contratación pero consideran "insuficiente" la regulación planteada por Díaz porque, entre otros aspectos, el proceso de convertir en empleados asalariados a los repartidores se realiza abruptamente sin garantizar la permanencia de los actuales trabajadores.
El decreto de Díaz que se somete a debate y votación este jueves fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 11 de mayo y es fruto del acuerdo alcanzado en marzo por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme.
Lo que la vicepresidenta tercera califica de "histórico" y "pionero" en toda Europa y el mundo, en Solidaridad lo tachan de "pura propaganda".
Solidaridad apunta a Francia e Italia
Díaz llegó a comparar este marco legal con los primeros derechos laborales conseguidos por los trabajadores durante la Revolución Industrial allá por el año 1874. "Es una norma que va a cambiar el signo de los tiempos. No hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar en esta materia", celebró. Pero desde la organización sindical promovida por Vox apuntan a Francia e Italia, donde, a su juicio, se trabaja en alcanzar otros modelos con la participación de los afectados.
"No se entiende que se venda a bombo y platillo como una ley que va a solucionar los problemas del sector y que no se les tenga en cuenta. Dicen que llevan desde octubre de 2020 negociando, pero solo se negocia con CCOO y UGT y la patronal. Es todo un paripé en contra de los intereses de los trabajadores y del que solo sale beneficiado el Estado y los sindicatos afines al Gobierno", denuncia Alonso en Vozpópuli.
Es todo un paripé en contra de los intereses de los trabajadores y del que solo sale beneficiado el Estado
Según Solidaridad, la nueva norma va a traer despidos y contratos precarios, además de un sinfín de denuncias en los juzgados. "Se obliga a convertir a lo que llaman falsos autónomos en asalariados, pero no se concreta cómo y, por tanto, se da pie a triquiñuelas y subcontratas", considera.
De acuerdo a los cálculos de este sindicato, de los 30.000 riders que trabajan en España, más de la mitad se irán a la calle si se aprueba esta ley. Y pide que se establezcan unas condiciones mínimas. "Si un trabajador solo trabaja para una plataforma es un asalariado; pero si trabaja para varias puede ser autónomo. Sea el caso que sea, los dos casos han de tener unas condiciones básicas", dice Alonso.
Licencias, condiciones metereológicas...
Entre ellas, propone la creación de licencias sin las cuales no se pueda repartir; se establezcan incentivos por servicios prestados en ciudades de reciente apertura hasta que el servicio se estabilice; compensaciones por volumen de entrega; cursos de riesgos laborales; clasificación y calificación de los riders transparente; plus por antigüedad, además de indemnizaciones por nocturnidad, festividad y condiciones metereológicas adversas.
La norma del Gobierno reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo ha laboralizado más de 16.000 relaciones laborales
Según los datos del Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha laboralizado más de 16.000 relaciones laborales, con un impacto económico que ha cifrado en 29 millones de euros. Tras su publicación en el BOE el pasado 12 de mayo, las plataformas digitales de reparto tienen de plazo hasta el 12 de agosto para contratar a sus trabajadores como asalariados.
La 'ley Rider' contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
Temen precariedad y despidos
"Hemos intentado reunirnos con el Ministerio de Trabajo hasta en 11 ocasiones, pero han preferido pactar solo con la patronal y con sindicatos como UGT y CCOO, que no representan a ningún rider", denuncia Jordi Mateo, presidente de APRA.
"Esta ley nos obliga a ser asalariados cuando entre un 75 y un 80% de los riders no quiere. La laboralización forzosa va a derivar en contratos absolutamente precarios. Las empresas ya están buscando fórmulas para adaptarse a esta regulación colaborando con plataformas como Jobandtalent y con Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y vemos que no tienen ninguna ventaja en cuanto a horarios, vacaciones, seguros y pluses", añade.
"Este jueves vamos a pedir responsabilidad a los diputados y que soliciten una ley parlamentaria ordinaria mucho más ambiciosa. Necesitamos regular nuestra actividad, pero queremos participar en esa regulación", reclama Mateo.
Repartidores Unidos defiende un modelo inspirado en el francés porque, a su juicio, protege al autónomo digital
Gustavo Gaviria, portavoz de Repartidores Unidos, explica que, al ser una ley adoptada sin ningún tipo de concreción, lleva a la temporalidad, la externalidad y a la precariedad. "Ya hay informes económicos que advierten de la destrucción masiva de trabajos que podría acarrear debido a la inviabilidad de las plataformas de poder operar en ciudades de menos de 100.000 personas", apunta.
Gaviria defiende "un modelo inspirado en el francés, que protege a la figura del autónomo digital". "El autónomo ve sus derechos reforzados, las protecciones sociales deben ser inherentes sin importar el régimen en el que se trabaje, tanto si es por cuenta propia o ajena", opina.
Desde Repartidores Unidos hacen un llamamiento a la manifestación el próximo jueves -la sexta a nivel nacional- y aseguran que habrá riders de todas las CCAA. "Pedimos que los diputados reflexionen y que no nos condenen a la precariedad cuando no se nos ha escuchado y para favorecer a sindicatos que no tienen representación en el sector", señala.
