El Ministerio de Justicia comenzó a trabajar en la contrarreforma de la ley del 'solo sí es sí' hace varios meses. El órgano que dirige Pilar Llop creó varias comisiones de expertos para estudiar un cambio en la norma estrella de Irene Montero, a las pocas semanas de que comenzaran a trascender en los medios las primeras rebajas de penas por el cambio del Código Penal. Se trata de unas tomas de contacto que se fraguaron mientras Pedro Sánchez, en paralelo, defendía las bondades de la ley.
Fuentes conocedoras de los hechos confirman a Vozpópuli que el Ministerio de Justicia se puso manos a la obra a finales del año pasado. Así pues, el Gobierno actuó mucho antes de que el PP hiciera su propuesta de reforma de la ley del 'solo sí es sí'. El objetivo no era evitar las rebajas, dado que la ley de Montero se seguirá aplicando en los casos cometidos en este tiempo cuando beneficien más al reo, pero sí que se buscaba poner fin al goteo de condenas a la baja de agresores sexuales.
En ese marco, Justicia creó dos grupos de trabajo: uno con expertos del Ministerio y otro con catedráticos y jueces externos. Como informó este medio, el departamento que dirige Llop en ningún momento consultó a la Comisión General de Codificación (principal órgano asesor de Justicia) pero sí acudió a expertos de cara a solucionar la problemática de la rebaja de las penas a violadores en aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.
Dos grupos de expertos
En aquel entonces el presidente del Gobierno salió a defender la norma estrella del Ministerio de Irene Montero asegurando que se trataba de una "gran conquista" del movimiento feminista. No obstante, de puertas para adentro en el Gobierno había malestar con el resultado de la reforma del Código Penal, hasta el punto que se ordenó trabajar en un nuevo marco legal.
El incremento continuo de rebajas de condenas (vamos camino del medio millar) y el clamor político y social llevaron al Ejecutivo a acelerar con esta revisión. El PSOE presentó en solitario este lunes su proposición de ley para endurecer los casos de agresión sexual en los que concurra violencia o intimidación. Así, modifica al menos cuatro artículos del Código Penal para volver a diferenciar las agresiones que se cometan con violencia.
PPL Modificiación Código Pe... by Vozpópuli
La finalidad es aumentar la pena cuando concurre esa agravante y evitar un beneficio indeseado a agresores sexuales. Al respecto, los expertos en esta materia consultados por Vozpópuli entienden que la reforma del PSOE es una vuelta al sistema que estaba vigente antes de la reforma de Irene Montero. "El modelo antiguo funcionaba", reza una fuente consultada. Hasta la reforma del Código Penal se establecían dos diferencias: primero se estudiaba la presunta agresión sexual y luego se analizaba si había habido violencia o intimidación.
Fin del solo sí es sí
La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual reformuló el modelo incluyendo violencia en cada agresión sexual. La nueva redacción vino aparejada de una rebaja de la pena máxima para violaciones, de manera que pasaba de cinco a cuatro años de cárcel (artículo 178 del Código Penal). El PSOE en su nueva propuesta vuelve a fijar una horquilla de uno a cinco años de prisión especificando que se castiga la agresión "que se hubiera cometido empleando violencia sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad".
Del mismo modo también se retoca el artículo 179 relativo a la penetración con violencia. La ley del 'solo sí es sí' bajó la pena mínima de prisión en estos supuestos de los cuatro a los 12 años. El Gobierno lo corrige y crea un subtipo agravado con el que vuelve a incrementar el mínimo. Se propone una horquilla de seis a 12 años de cárcel cuando la agresión se cometa con violencia o intimidación o "cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad".
Lo mismo ocurre cuando se producen agravantes (violación grupal, persona en situación de especial vulnerabilidad, parentesco...). La norma de Irene Montero contemplaba penas de dos a ocho años de cárcel para el tipo básico de agresión con agravantes y de siete a 15 en los casos con penetración. El PSOE endurece el castigo y eleva las horquillas de cinco a 10 años de cárcel para la agresión sexual con agravantes y violencia y de 12 a 15 años de cárcel para las agresiones con penetración.
El consentimiento viene de lejos
De nuevo en este caso vuelve al antiguo modelo penal que diferenciaba la agresión sexual con agravantes y violencia. Y lo mismo ocurre cuando las agresiones se producen a menores de edad ya que el PSOE eleva la pena mínima a 8 años frente los 6 que contemplaba el 'solo sí es sí'. Además, se modifica también la Ley de Enjuiciamiento Criminal para corregir desequilibrios generados con la norma de Montero ya que al bajar las penas de cárcel se daba escenarios en la que la condena a un menor por los mismos hechos era mayor que a un adulto.
Pese al criterio de los expertos, fuentes de Justicia consultadas por este medio descartan que esta nueva redacción suponga una vuelta al pasado. Al contrario, sostienen que respeta el corazón de la ley del 'solo sí es sí' al no tocar nada relativo al consentimiento y mantiene, además, la fusión de los delitos de abuso y agresión sexual.
No obstante, el choque entre Justicia e Igualdad durante la redacción de este nuevo texto es un hecho. Desde el Ministerio que dirige Pilar Llop no se comparte la lectura que hace Igualdad del consentimiento. Mientras Montero insiste en que era clave introducir la alusión específica al consentimiento para evitar otro caso como el de 'La Manada', desde Justicia recuerdan que ese concepto no es nuevo.
Sostienen que ya en 2018 históricas del PSOE como la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo apeló a la necesidad de reformar la Ley para introducir una alusión específica al consentimiento. "Nosotros construimos leyes, no relatos. Los jueces aplican las leyes, no relatos", rezan fuentes de Justicia desde donde apuntan que la subida de las penas es una decisión "política" para cual hay que tener "valentía y determinación".
