La sentencia del Tribunal Supremo condena a 13 años de cárcel al líder de ERC, Oriol Junqueras, por un delito de sedición en concurso con el de malversación, según la resolución notificada ya oficialmente a los afectados. Por su parte, condena a nueve años de prisión a los líderes de las plataformas independentistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y a once años de prisión a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. 

El tribunal que preside Manuel Marchena acuerda esta condena después de cuatro meses de deliberaciones en el que han descartado aplicar a los acusados el delito de rebelión que defendía la Fiscalía y que pedía para Junqueras hasta 25 años de cárcel. Tal y como adelantó este periódico, los jueces consideran probado que hubo violencia en el desafío soberanista, concretamente en el referéndum ilegal del 1-O y en la concentración de decenas de miles de personas ante la Consejería de Hacienda de la Generalitat, unos días antes de la consulta ilegal de 2017.  

La sentencia considera a los condenados responsables de aquellos hechos violentos, pero tal y como establece el tipo delictivo de la sedición (penado con hasta 15 años de prisión), se trató de un delito contra el orden público y no un plan estructural para lograr la independencia. En ese sentido, la sentencia coincide con la tesis defendida por la Abogacía del Estado. Los servicios jurídicos del Estado renunciaron a acusar por rebelión semanas antes de que se iniciase el juicio que se prologó durante cuatro meses en el tribunal Supremo.

La Fiscalía pidió su pena más alta para Junqueras, con 25 años de prisión por un delito de rebelión. En su escrito de 130 páginas, el Ministerio Fiscal mantuvo su solicitud inicial de penas para los otros ocho procesados por un delito de rebelión. Es decir, requirió 16 años de prisión por los delitos de rebelión y malversación para los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Para Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell los cuatro fiscales pidieron 17 años de cárcel. En el caso de Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila la solicitud de pena se quedó en siete años. 

La Abogacía del Estado también reafirmó su acusación. Mantuvo la petición de 12 años de prisión para Junqueras por los delitos de sedición y malversación. Para Forcadell, pidió 10 años; y para Sánchez y Cuixart, ocho. En el caso de los exconsellers Turull, Forn, Rull, Romeva y Bassa requirió penas de 11 años y medio por los delitos de sedición y malversación. Para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs pidió siete años por malversación y desobediencia.