Excargos de Sanidad callan ante el juez que investiga las mascarillas 'fake' de Illa

Varios excargos del Gobierno han acudido este martes a los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigados por el caso de las mascarillas defectuosas que habría repartido el Ministerio de Sanidad en los inicios de la pandemia por Covid-19. Todos los cargos del entonces ministerio liderado por Salvador Illa se han acogido, esta mañana, a su derecho a no declarar.

Según el abogado abogado Guillermo Llago, del sindicato Confederación de Estatal de Sindicatos Médicos, la defensa de los investigados, que ejerce la Abogacía General del Estado, interpuso un recurso apuntando a un defecto procesal en la causa para tratar de frenar las comparecencias de este miércoles.

Por contra, el titular del Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid ha podido escuchar la declaración de Nuria Queraltó, subdirectora de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud en 2020, quien ha testificado que fueron más de 9.200 trabajadores, adscritos al servicio andaluz de salud, los que utilizaron las mascarillas y que 38 se contagiaron en aquel momento.

La actuación que ha llevado a varios cargos del Ministerio de Illa ante el juez partió de una querella interpuesta por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra el dirigente socialista por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El sindicato actuó en el Tribunal Supremo, por su condición de aforado, pero la Sala de lo Penal inadmitió las denuncias y querellas contra los miembros del Gobierno por su gestión en pandemia. Los denunciantes sostienen que el exministro "facilitó al personal sanitario una serie de mascarillas FFP2 N95 que no cumplían con las normas de seguridad (...) sin adoptar medidas de control y verificación de su idoneidad previas a su distribución".

Tras la negativa del alto tribunal a investigar a Illa, la querella recayó en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. El órgano asumió la querella en agosto de 2021 y, desde ese momento, abrió la puerta a derivar la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la condición de aforado de Illa. Sin embargo la Audiencia Provincial de Madrid revocó su decisión y ordenó al juez practicar las diligencias necesarias.

Este martes, a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla, el letrado Guillermo Llago ha querido hacer una especial mención a la "labor ejemplar" de la técnico de prevención de riesgos laborales del Hospital de Sabadell, que ya ha prestado declaración ante el juez. El abogado ha explicado que la técnico fue la persona encargada en dar la voz de alarma al detectar el material defectuoso.

Sanidad invirtió más de 30 millones en mascarillas 'fake'

CESM denunció que las mascarillas FFP2 las utilizaron los sanitarios entre los días 5 y 17 de abril y que se produjo una absoluta dejación de funciones por parte del actual líder del PSC en materia de prevención de riesgos ya que colocaron al personal sanitario en una situación de riesgo sin precedentes. Los denunciantes reclaman responsabilidades por el contagio de muchos sanitarios que sufrieron perjuicios físicos y morales, presuntamente derivados del uso de mascarillas 'fake'.

Según la Confederación de Estatal de Sindicatos Médicos, se compraron por la vía de urgencia tres lotes cuyo coste definitivo fue de 31,29 millones de euros.

Según avanzó en exclusiva este medio, el Ministerio de Sanidad tardó nueve meses en cumplir con el requerimiento del juzgado. En concreto, el magistrado, Carlos Valle, reclamó al departamento que dirigía Salvador Illa que aportara los acuerdos de distribución y entrega a las comunidades autónomas de las mascarillas Garry Galaxi FFP2 N95. Este material se adquirió por un valor de 31,2 millones de euros a un proveedor chino y se repartieron entre todo el personal sanitario en los primeros meses de la pandemia.

La Confederación de Estatal de Sindicatos Médicos denuncia que se cometió una presunta negligencia al no comprobar el día 30 o 31 de marzo, fecha en la que llegaron las mascarillas, el etiquetado y calidad del material. "Entendemos que por la queja que había grande del personal sanitario de que no había suficiente material, a falta de prevención que habían tenido, quisieron tapar las bocas de la gente diciendo, 'ahí tenéis material'", ha comentado el abogado Guillermo Llago.