Sanidad ignora hasta dos requerimientos de la Justicia sobre las mascarillas 'fake' de Illa

La causa abierta contra Salvador Illa por las presuntas mascarillas defectuosas ha requerido al Ministerio de Sanidad que entregue con "urgencia" el material que se le reclamó en diciembre. El departamento que ahora dirige José Manuel Miñones lleva más de medio año sin aportar al juzgado la información solicitada sobre la distribución de este material que suministró al personal sanitario a comienzos de la pandemia y que tuvo que retirar por defectuoso.

El juzgado que reabrió este asunto por orden de la Audiencia Provincial de Madrid ha incorporado al procedimiento toda la documental solicitada al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) en relación con las mascarillas 'fake' adquiridas a una empresa china. Sin embargo, sigue a la espera de que Sanidad cumpla con el requerimiento efectuado en diciembre y entregue toda la documental sobre esta compra.

Así consta en una providencia del titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en la que reitera la solicitud para que "se proceda a su urgente remisión". En concreto, la Audiencia de Madrid ordenó a la entonces ministra del ramo, Carolina Darias, que aportara los acuerdos de distribución del lote de 2 millones de mascarillas Garry Galaxy que compró el Gobierno a través de un bróker chino por la vía de urgencia.

Siete meses pendientes de Sanidad

Además, el juzgado reclamó las comunicaciones de Aragón y Cataluña, por ser las que dieron la voz de alarma del mal estado de los cubrebocas. Igualmente requirió todo lo relativo a la retirada de las mascarillas en las comunidades autónomas tras constatar que eran defectuosas y que no cumplían con las garantías necesarias de seguridad. Sin embargo, y pese a que este segundo reclamo se efectuó a finales de mayo, el Ministerio de Sanidad sigue sin cumplir con el requerimiento judicial, según confirman a este medio fuentes jurídicas.

La Audiencia de Madrid ordenó reabrir la causa contra Illa en diciembre y recabar de Sanidad la información sobre las mascarillas 'fake' adquiridas a través de un intermediario chino. Meses después, el juez ordena su urgente remisión

La investigación nació a tenor de una querella interpuesta por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, por delito contra la salud de los trabajadores. El sindicato se querelló contra el exministro ante el Tribunal Supremo por facilitar al personal sanitario unas mascarillas no homologadas que se utilizaron entre los días 5 y 17 de abril (en lo peor de la pandemia) y que, lejos de protegerles, les pusieron "en grave riesgo".

La Sala Segunda del alto tribunal rechazó admitir a trámite las decenas de querellas que llegaron en masa contra el presidente del Gobierno y sus ministros pero abrió la puerta a que se derivaran a los juzgado ordinarios competentes para ello. De esta forma el asunto recayó en los juzgados de Madrid pero, tal y como avanzó este medio, en noviembre de 2021 el instructor de la causa la envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Illa, aforado

El magistrado Carlos Valle se inhibió en favor del TSJC al tratarse Illa de un diputado del Parlamento catalán y, por tanto, aforado. No obstante, primero pidió informe a la Fiscalía la cual no se pronunció sobre la competencia del juzgado sino que, directamente, pidió el archivo de las diligencias. El juez respondió que esta petición era "imposible" ya que correspondía decidir al órgano competente, esto es, al Tribunal Superior de Justicia catalán.

Frente a ello, el sindicato médico dio la batalla y pidió a la Audiencia de Madrid que anulara el auto dictado en junio del año pasado. La Confederación rebatió al juez y expuso que el caso contra Illa no se podía comparar al archivo decretado en otras diligencias seguidas en Plaza de Castilla por no facilitar el Gobierno mascarillas a policías y guardias civiles en los primeros meses de la pandemia.

La Audiencia de Madrid les terminó dando la razón en diciembre y concluyó que las causas no eran iguales ya que, aunque ambas hacían referencia a la pandemia, en el caso que nos ocupa concurría la gravedad de que se facilitaron mascarillas defectuosas "sin respetar el procedimiento administrativo y sin verificar su idoneidad previamente".

La otra causa contra el Gobierno

Además, los magistrados recordaron que la querella del sindicato médico identificaba la partida de mascarillas que se suministró a los sanitario ofreciendo "datos concretos" de su utilización en algunos hospitales de la Comunidad Valenciana. Así pues explicaron que, aunque no pretendían criminalizar la pandemia, la recepción de las mascarillas 'fake' y su distribución "fueron además hechos notorios".

Por todo ello ordenó al juez que dirigiera oficio al Instituto de Salud Carlos III y al INSST a fin de que expidieran los resultados de los análisis de la mascarillas adquiridas por Sanidad y también al Gobierno para que informara sobre la compra de este lote. Más de medio año después, todos los órganos han respondido excepto el Gobierno, lo que ha provocado que el juzgado vuelva a reiterarle que tienen que entregar la documental con carácter de urgencia.

Con todo, cabe recordar que esta no es la única causa que se sigue contra el Gobierno por la compra de mascarillas. El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid mantiene abiertas unas diligencias contra tres altos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez por la compra de de 200 millones de euros en mascarillas a una sociedad desconocida de Hong Kong, desvelada por Vozpópuli. En este caso la acción la impulsó Vox, que litiga como acusación popular, si bien la Fiscalía ha pedido el archivo de las diligencias.