El 14 de marzo el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el confinamiento más severo que hayan conocido los españoles hasta la fecha. Seis días antes, el 8-M, cientos de miles de personas se manifestaban en las calles, sin ninguna distancia de seguridad, por el Día Internacional de la Mujer. Por aquel entonces, España rebasaba los 600 contagios y 17 muertes por la covid, e Italia confinaba Lombardía y otras 14 regiones. Aun así, el Ministerio de Sanidad, liderado entonces por Salvador Illa, no realizó ningún informe sanitario para avalar específicamente las movilizaciones nacionales por el 8-M.
Así lo ha reconocido el Ministerio de Sanidad en una resolución del Consejo de Transparencia a la que ha accedido Vozpópuli. En junio de 2020 se solicitaron al Ministerio de Sanidad los informes que avalasen desde la perspectiva sanitaria la celebración de las concentraciones del 8-M. El solicitante había sido remitido a Sanidad desde el Ministerio de Igualdad, que alegó al respecto lo siguiente:
"Una vez analizada la solicitud se resuelve conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud, informando que desde el Ministerio de Igualdad se siguieron las indicaciones emitidas por el Ministerio de Sanidad públicamente y por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales hasta ese momento, limitada lógicamente, por el aún incipiente conocimiento que se tenía del potencial alcance de la enfermedad. No se dispone de información o documentos adicionales elaborados en el seno de este Ministerio. Si se desea obtener informes relacionados con la situación sanitaria, se remite al Ministerio de Sanidad, que es quien se estima competente".
Ante esta misiva del Ministerio de Irene Montero, la persona que puso la reclamación solicitó a Sanidad dichos informes. Ante la falta de respuesta, el solicitante interpuso una reclamación al Consejo de Transparencia en octubre de 2020. Esta reclamación no fue atendida por Sanidad hasta diciembre del pasado año. Es entonces cuando el Ministerio reconoce que carece de dichos informes:
"Se informa que no es competencia del Ministerio de Sanidad la gestión de expediente alguno relativo al derecho de reunión ejercido el 8 de marzo de 2020, debiendo acudirse al Ministerio del Interior para el conocimiento de los informes que en él se contienen".
Transparencia también instó al Ministerio de Sanidad a trasladar la consulta en un plazo de cinco días al Ministerio del Interior y afeó que no lo hubiera hecho antes.
Interior tampoco cuenta con informes
Vozpópuli ha contactado con el Ministerio del Interior para preguntar por dichos informes. Sin embargo, fuentes oficiales de Interior aseguran que este Ministerio "no es competente sobre manifestaciones o concentraciones".
En definitiva, ni el Ministerio de Igualdad, ni Sanidad, ni Interior contaban con informes epidemiológicos que estudiasen de forma específica la posibilidad de celebrar las concentraciones que tuvieron lugar el 8 de marzo de 2020. Cabe recordar que aquel día se manifestaron en Madrid 120.000 personas, y en Barcelona 50.000. Los casos confirmados y probables de covid-19 pasaron de 999 el 9 de marzo, según el Instituto de Salud Carlos III, a 13.716 el 18 de marzo, justo diez días después de las concentraciones.
Confinar antes del 8-M
Este año la delegación del Gobierno en Madrid ha vuelto a autorizar movilizaciones por el Día de la Mujer, si bien es cierto que se van a limitar las concentraciones a 500 personas. A pesar de la bajada en la incidencia de contagios a nivel nacional, los especialistas en Salud Pública consideran que no es lo más adecuado teniendo en cuenta la proliferación de nuevas variantes.
Esta semana, además, se ha publicado un estudio que afirma que si el Gobierno hubiera adelantado el confinamiento siete días, es decir, al día previo a la celebración del 8-M, se habrían salvado 23.000 vidas. El estudio ha sido elaborado por el departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universitat Rovira i Virgili en colaboración con el departamento de Física de la Universidad de Zaragoza.
Al ser preguntado por esta circunstancia, el director del Ccaes, Fernando Simón, ha alegado que para decretar un estado de alarma, "algo serio en democracia", se necesitan argumentos científicos de los que entonces se carecía.
