Piden a Darias informes sobre los 300 millones gastados en mascarillas 'fake'

Vox da impulso a la causa abierta por la millonaria compra de mascarillas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. El partido, que litiga como acusación popular, ha solicitado a la juez que investiga estos contratos que reclame una serie de documentación y de papeles del Ministerio de Sanidad y el Tribunal de Cuentas, entre otros entes, para acotar los detalles de la compra del material sanitario.

El objetivo de la formación política es dar impulso a una causa que salpica a tres altos cargos de Pedro Sánchez por la firma de medio centenar de contratos de urgencia, entre ellos el que desveló este medio en abril de 2020 relativo a la compra de de 200 millones de euros en mascarillas a una sociedad desconocida de Hong Kong.

En un escrito presentado al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid y al que ha tenido acceso Vozpópuli, el partido reclama que se avance en las diligencias en aras a acotar si se produjo alguna irregularidad con la compra de mascarillas por importe superior a los 300 millones de euros en el peor momento de la pandemia.

En concreto, Vox reclama que se le dé traslado de la documentación que aportaron los altos cargos de Hacienda y Sanidad imputados, los cuáles piden el carpetazo de esta causa. La juez abrió causa hace casi un año por delitos de prevaricación, malversación y fraude contra el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez; Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) de Hacienda y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz. 

Nuevos testigos

Los tres imputados declararon en abril del año pasado y volvieron a comparecer ante el juez en noviembre, según confirman fuentes jurídicas a este medio. Precisamente, tras esa nueva citación han solicitado el archivo del caso acompañado de documentación sobre los expedientes que firmó entonces el Ministerio de Salvador Illa para la compra de mascarillas y material sanitario. El partido avisa que no han tenido acceso a esos papeles.

Del mismo modo entienden que, a raíz de la última comparecencia judicial de los investigados, se debería citar a tres testigos. Se trata del director de coordinación del ICEX en el momento de los hechos; del director de la oficina económica y comercial de España en Pekín, Carlos Julián Tórtola; y el entonces secretario General de Sanidad Faustino Blanco González.

Entre otros extremos, se pide información de la compra de 144 respiradores por los que el Gobierno pagó 3,3 millones de euros y que no se llegaron a recibir

A este último se le quiere preguntar en relación a la compra de 144 respiradores que costaron al Gobierno 3,3 millones de euros y que nunca llegaron. Sanidad los adquirió a la mercantil Hyperin Grupo Empresarial; firma que se ofertaba como experta en la venta de yeso para la fabricación y que también estuvo bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción.

Vox, que trata de evitar el archivo de la causa, también reclama abundante documental para esclarecer los detalles de estos contratos. En primer lugar pide que se requiera al Tribunal de Cuentas para que entregue el anteproyecto de informe de Fiscalización de la contratación de emergencia como consecuencia del covid. Al hilo también quieren saber si el máximo órgano fiscalizador habría terminado el informe al que se refiere el anteproyecto y si para este trabajo han contado con la integridad de los expedientes de los 49 contratos firmados por el Ingesa.

¿Quién compró las mascarillas?

A Ingesa también se le reclama que aporte el listado completo de personas que integraron el equipo multidisciplinar de los funcionarios que participaron en la contratación de urgencia de mascarillas, así como el listado de empresas que facilitó la oficina de comercio de Pekín; teniendo en cuenta que parte de este material o no llegó o llegó defectuoso.

Del mismo modo se reclama al Ministerio que ahora dirige la ministra Carolina Arias para que informen de todos los funcionarios que se encargaron de comprar este material en el peor momento de la pandemia, así como de la dirección de correo a la que se han referido los imputados en la causa, ya que a través de este medio recibieron algunas ofertas para suministrar mascarillas o los respiradores que costaron más de 3 millones de euros a las arcas públicas.

Los tres altos cargos del Gobierno imputados en la causa declararon que siguieron escrupulosamente los trámites de contratación pública. El director de Ingesa admitió la comisión de errores, pero se escudó en la urgencia del trámite, puesto que se estaba en el inicio de la pandemia y escaseaba el material sanitario a adquirir. No obstante sí precisaron que se informó de todo el procedimiento y del fracaso de algunas compras al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Contrato desvelado por Vozpópuli

La Fiscalía, por su parte, respalda a los miembros del Gobierno de Sánchez y ha pedido el archivo de la causa. Según sostiene, las supuestas irregularidades denunciadas por Vox en su querella inicial son "meras conjeturas" y que no hay indicios que determinen que estos tres mandos de Hacienda y Sanidad cometieron delito con la compra de mascarilla y demás material sanitario.

Sin embargo, Vox mantiene el foco en todas estas licitaciones que, al celebrarse de urgencia, no siguieron los trámites tradicionales. Entre las empresas contratadas por Sanidad se encuentran una radicada en Hong Kong. Este medio desveló el 'megacontrato' de 200 millones que se adjudicó a HongKong Travis Asia, firma detrás de la cual se encuentra un entramado complejo societario que ha hecho especialmente difícil rastrear el destino del dinero.

De hecho, este medio informó que, en plena investigación penal por la compra de mascarillas, el proveedor asiático cambió todos sus estatutos. Cabe recordar que de todos los contratos que le adjudicó el Gobierno, el más cuantioso se firmó el 20 de marzo de 2020, pagando 196,5 millones de euros para la compra de mascarillas FFP2. Asimismo, el 8 de abril de 2020 se firmó un nuevo contrato con la misma compañía hongkonesa por 15 millones de euros, en este caso para mascarillas FFP3.