Publicado: 27/12/2022 04:45
Actualizado: 27/12/2022 04:50
Los tribunales investigan las compras de material sanitario realizadas por el Gobierno en los momentos más convulsos de la pandemia, en un contexto de crisis internacional marcada por el desabastecimiento general y la escasez de elementos de protección básicos ante el coronavirus. La Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir la causa contra el exministro de Sanidad, Salvador Illa, por la entrega de mascarillas 'fake' -ese es el término que el magistrado emplea en el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli- a los sanitarios.
De forma paralela, el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid aún no se ha manifestado tras escuchar la declaración de tres altos cargos de Sanidad y Hacienda por una serie de contratos estimados en 310 millones de euros -principalmente a empresas radicadas en China-, tras la querella interpuesta por Vox. ¿En qué punto se encuentra cada uno de los procedimientos?
El recorrido de las querellas interpuestas por diversos colectivos por las compras de material sanitario ha sido complejo. A finales de 2020, el Tribunal Supremo se inhibió de todas las causas en un auto de más de cien páginas, pero remitió las querellas a los juzgados ordinarios para que investigasen cualquier irregularidad relacionada con los contratos públicos para la adquisición de mascarillas, guantes, batas, pruebas de detección de coronavirus y demás stock para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Por eso las dos principales causas a las que ahora se enfrenta el Gobierno se dirimen en tribunales de Madrid.
Las mascarillas 'fake'
El caso sobre el que ha habido novedades más recientes es el de las mascarillas defectuosas compradas por el Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa, que se repartieron entre profesionales sanitarios. Tras detectar que no cumplían con las condiciones de seguridad requeridas en pandemia, se ordenó su inmediata retirada. Pero muchas ya habían sido empleadas por médicos y enfermeros de diferentes comunidades autónomas.
El origen de la querella se remonta a los momentos más difíciles de la pandemia. En septiembre de 2021, el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid abrió diligencias, pero la causa se derivó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la condición de aforado de Salvador Illa en el parlamento autonómico. El procedimiento, no obstante, volvió al punto de origen y se archivó en junio de este año. La Audiencia Provincial de Madrid estimó esta semana el recurso presentado por el sindicato CESM, al considerar que la causa no está agotada y obligando al tribunal a investigar los hechos.
La Audiencia de Madrid señala en el auto que "de ningún modo puede hablarse de una investigación prospectiva": "La recepción de las mascarillas 'fake' y su distribución fueron hechos notorios"
La Audiencia de Madrid señala en el auto que "de ningún modo puede hablarse de una investigación prospectiva": "La recepción de las mascarillas 'fake' y su distribución fueron hechos notorios". Y añade: "No estamos criminalizando la pandemia, que ha provocado durante casi dos años que hayamos vivido una limitación de nuestras libertades en pos de un ejercicio de sobrevivencia, con el personal sanitario al frente. Pero esta situación excepcional tampoco puede servir de patente de corso para descartar ab initio cualquier tipo de responsabilidad penal".
El sindicato CESM celebra la reapertura de la causa, en la que se ha reclamado al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) la certificación de los resultados de análisis del lote de mascarillas defectuosas que compró el Ministerio de Sanidad a la empresa china Gerry Galaxy. También se requiere al Ministerio de Sanidad información sobre la compra del material y la posterior retirada de las mascarillas defectuosas.
Las compras en China
De forma paralela, el Gobierno afronta otra causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid tras una querella interpuesta por Vox relacionada con diversos contratos sanitarios en pandemia por valor de 310 millones de euros; entre otros, la adjudicación de más de 200 millones de euros a la firma desconocida HongKong Travis Asia, que ya fue publicado por este diario en abril de 2020. La formación que dirige Santiago Abascal considera que el procedimiento de compra fue "deficiente, irregular, injustificado y con un sobrecoste muy elevado al del mercado", y que se pudo incurrir en delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.
La juez citó a declarar como investigados al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez; Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) de Hacienda y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz. La Fiscalía, no obstante, ha solicitado el archivo de la causa al basarse en "meras conjeturas", sin concretar las supuestas irregularidades que habrían cometido estos altos cargos.
Investigación en Anticorrupción
En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción también ha abierto numerosas investigaciones relacionadas con la compra de material sanitario durante la pandemia. El PP pidió que se rastrearan contratos de 326 millones de euros de empresas vinculadas a Pedro Sánchez, Salvador Illa y Nadia Calviño. El PSOE, por su parte, solicitó investigar el contrato suscrito entre la Comunidad de Madrid y una empresa vinculada al hermano de Isabel Díaz Ayuso.
Una empresa vinculada a los padres de Sánchez también estuvo bajo el foco de Anticorrupción por los créditos ICO recibidos durante la pandemia. La Fiscalía lo archivó en julio
Anticorrupción abrió cerca de una docena de diligencias, pero muchas de ellas han terminado en archivo medio año después. Así, por ejemplo, destaca la que se siguió por las subvenciones y los avales concedidos a la empresa Playbol, vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PP detalló un total de 15 ayudas que recibió entre febrero y mayo de 2021 en forma de refinanciamiento o avales del ICO.
Las pesquisas las asumió directamente el fiscal jefe, Alejandro Luzón, quien las archivó en julio por falta de indicios. El decreto de archivo especificaba que los padres del presidente del Gobierno vendieron en 2018 los activos de Playbol a la firma Industrias Plásticas Playbol y determinó que, tras estudiar toda la documentación requerida, solo cabía concluir que la firma cumplió los requisitos exigidos por el Gobierno para acogerse a estos créditos.
Del mismo modo, también acabó en archivo la investigación seguida en este órgano entre los meses de abril y junio por el contrato de mascarillas que suscribió la Comunidad de Madrid con Priviet Sportive. En este caso fue el PSOE de la Comunidad de Madrid el que pidió que se indagara la particularidad del contrato al descubrirse que el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Diaz-Ayuso, cobró una comisión de esta empresa en dichas fechas.
Luzón abrió diligencias por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y falsedad y tomó declaración a todos los implicados en el objeto de este contrato de 1,5 millones de euros. Finalmente, en junio terminó archivando las pesquisas al no haberse podido probar que el hermano de Isabel Díaz-Ayuso mediara para conseguir un trato de favor a esta empresa madrileña. Con todo, sí quedó acreditado el cobro de 234.103 euros que se achacaron a ingresos por trabajos reales.
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Antonio montó un circo con su estado de excepción fake. El cabo Franco, sonríe malévola mente desde el purgatorio : aquí, que no venga, advierte taxativo.
Los frentes judiciales acabarán en nada (o con una cerrada ovación a Pedro Sánchez) cuando el Supremo y el Tribunal Constitucional, ya convenientemente colonizados por los peones más sectarios y obedientes de Pedro Sánchez, dicten las últimas sentencias.